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Sociedad

“Se viene un NN”: el código que utilizaban gendarmes de Chaco para plantar droga y montar operativos

Al momento, la causa que investiga la cúpula del Escuadrón Roque Sáenz Peña cuenta con cinco detenidos, entre los que no figuran los dos jefes máximos por “falta de mérito”.

El escándalo que suscitó la denuncia contra un grupo de efectivos que realizaban procedimientos falsos para quitarle droga a narcos en Chaco, causas que resultaban ser fabricadas, continúa generando polémica al día de hoy.

Desde su trascendencia en 2021, la investigación dio con la detención de cinco gendarmes pertenecientes al Escuadrón Roque Sáenz Peña. Sin embargo, los máximos jefes tienen “falta de mérito”.

La filtración de información se dio a partir de la denuncia de uno de los integrantes del equipo, Kevin Aramayo, quien no estaba de acuerdo con los operativos que se fabricaban en la Sección Núcleo y decidió filmar la puesta en escena. Con su celular registró desde el asiento de atrás del móvil cómo su jefe, Raúl Scheurman, acondicionaba la droga que iba a dejar en un monte.

Ese gendarme también grabó a su superior cuando, el 9 de junio de 2021, lo llamó a su oficina para advertirle que no declarara en su contra y explicarle que todo lo hacía por el bien del escuadrón, que él no sacaba ningún beneficio.

“Vos sabes qué es jugarse a hacer un procedimiento armado. Eso no se debe hacer, pero ¿quién saca el preventivo? ¿El escuadrón o yo? Es para el escuadrón ¿Por qué? Porque vos le das al escuadrón un procedimiento de marihuana, el jefe está contento, el jefe de agrupación está contento, los de la región están contentos. Entonces mantenés ahí el equilibrio. Cuando no hay nada, se busca hacer algo“, le decía Scheurman a Aramayo.

La grabación, filmación y testimonio de Aramayo terminaron formando parte de la causa 3679/2021 a cargo del fiscal Carlos Amad (con apoyo de la Procuraduría de Narcocriminalidad) y el juez federal subrogante Miguel Aranda.

En varios casos, la droga era plantada y se buscaba que el operativo de secuestro estuviera rodeado de gendarmes jóvenes y con poca experiencia. Gracias a las pruebas aportadas por el gendarme Aramayo, otros efectivos pudieron hablar y dar detalles sobre los operativos armados, a los que internamente se los llamaba “NN”, porque nunca se detenía a nadie como autor: “Se viene un ‘NN'”, “Vamos a un ‘NN'”, eran los códigos que utilizaban para anunciar los procedimientos.

Hoy en el expediente hay cinco gendarmes procesados con prisión domiciliaria como coautores de los delitos de “asociación ilícita , falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público e incumplimiento de la obligación de promover la represión”. Entre ellos aparece Raul Scheurman, quien quedó muy involucrado por las grabaciones.

Sin embargo, no ocurrió lo mismo con sus superiores: el comandante principal Cristian Marangón y su segundo, el comandante Julio César Perdaza, sobre los que apunta la fiscalía porque no podían desconocer qué pasaba en la unidad e incluso hay testimonios que los involucran.

El fiscal Amad y la Procunar pidieron el procesamiento de Marangón y Perdaza, pero dos veces el juez Aranda (un abogado conjuez que ocupa interinamente el cargo) les dictó “falta de mérito”. La primera vez fue el 20 de diciembre de 2021, resolución que la fiscalía apeló y la Cámara dio vuelta el 22 de marzo de 2022: consideró que el juez no había fundamentado bien su decisión.

La investigación

Hasta el momento, la recolección de pruebas apunta a un armado de operativos para hacer estadística. No obstante, en la investigación falta ahondar cómo era exactamente la relación entre los gendarmes y los “informantes” que les proveían de cocaína y marihuana.

“El déficit en la actividad productiva del Escuadrón 1 en los puntos estratégicos de la zona obedece ni más ni menos a que los encartados tenían un pacto de protección hacia las personas a las que su calidad de funcionarios les ordenaba investigar”, dice la apelación fiscal que ahora está en Cámara.

Judiciales

La razón oculta detrás de la negativa de la Corte al reclamo de Natalia Denegri

El inesperado fallo adverso de la Corte -que revocó una sentencia de la Cámara Civil- tiene ribetes políticos que la tocan de cerca a la Vicepresidenta

Esta semana, la Corte Suprema revocó, por unanimidad, la sentencia de la Cámara Civil que había hecho lugar al pedido de Natalia Denegri para eliminar de los buscadores de internet el vínculo entre su nombre y las publicaciones que recuerdan su pasado mediático ligado al caso Coppola. Denegri reclamaba que -tal como quedó demostrado judicialmente décadas atrás- había sido involucrada de manera ilegal y siendo menor de edad en el caso.

Denegri había invocado el “derecho al olvido”, pero la Corte consideró que debe imponerse la libertad de expresión, que “no solo atañe al derecho individual de emitir y expresar el pensamiento, sino incluso al derecho social a la información de los individuos que viven en un Estado democrático”.

Sin embargo, la decisión del Máximo Tribunal sorprendió a propios y extraños. Según pudo saber NEXOFIN a través de fuentes cercanas al juez Juan Carlos Maqueda, el cortesano aseguraba a todos sus interlocutores que el fallo saldría favorable por 3 votos contra 1. Incluso horas antes de emitida la sentencia Maqueda auguraba ese resultado. Horas después, tanto él como los otros tres integrantes de la Corte Suprema votaron en conjunto contra el reclamo de la productora y conductora radicada en Estados Unidos.

Del único que se esperaba un fallo contrario era de Carlos Rosenkrantz, quien había sido recusado por la defensa de Denegri por haber defendido los intereses de empresas cercanas a Google durante su etapa fuera del Máximo Tribunal.

“Algo pasó en el medio que llevó a los otros tres jueces a cambiar de opinión”, comentó a este medio un camarista que siguió de cerca la evolución del caso.

Muchos creen que ese “algo” es la arremetida que lleva adelante la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, contra los actuales integrantes del Máximo Tribunal. Recordemos que el sector que comanda la segunda del Ejecutivo promueve un proyecto de ley para llevar a 25 los integrantes de la Corte Suprema, licuando el poder que hoy tienen los cuatro miembros. Al tiempo que Cristina Fernández de Kirchner es la principal impulsora de la ampliación, ella misma tiene un reclamo judicial que está vinculado al fallo de fondo que emitió la Corte contra Denegri.

En 2020, la Vicepresidenta decidió que demandaría a Google porque se había sentido difamada cuando en el sitio reemplazaron su cargo actual por una ofensa, lo que, replicado por otros buscadores y medios le generaba un daño “incalculable”. Al pedir la prueba anticipada, en agosto de 2020, el abogado Carlos Berardi sostuvo que Google “publicó en su plataforma y bajo su responsabilidad información falaz y agraviante” sobre Fernández de Kirchner, “mancillando su nombre, imagen y honor”.

“Si bien el pedido de CFK está en un estado preliminar, en la Corte descuentan que ese reclamo va a terminar en sus manos. Un fallo adverso en el caso Denegri y funciona como una advertencia indirecta al reclamo de la Vicepresidenta”, explicaron fuentes judiciales a este medio.

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Sociedad

ANSES: Lanzan un nuevo plan de asistencia para travestis, transgéneros y transexuales

Los beneficiarios de la medida recibirán la suma equivalente a seis salarios mínimos, vitales y móviles

A través de la Resolución 353 publicada en el Boletín Oficial, se creó una “línea apoyo económico” para aquellas personas travestis, transgéneros y transexuales residentes en el país, con Documento Nacional de Identidad (DNI) y que no posean trabajo registrado.

La medida fue impulsada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en coordinación con la Anses en el marco del Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para personas Travestis, Transexuales y Transgénero de 50 años o más.

“Resulta necesaria la adopción de políticas públicas que posibiliten y contribuyan a la creación de condiciones mínimas de autonomía de esta población que transite la vejez y que se encuentra expuesta a diversas manifestaciones de violencia, discriminación y falta de ingreso”, apunta la normativa en uno de los pasajes del considerando.

Los beneficiarios de este plan recibirán un apoyo económico equivalente a seis salarios mínimos, vitales y móviles ($273.240). Según reza la propia resolución, “el gasto demandado será atendido con créditos presupuestarios de la Jurisdicción 86, Servicio Administrativo Financiero 386”, del ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.

“Resulta necesaria la adopción de políticas públicas que posibiliten y contribuyan a la creación de condiciones mínimas de autonomía de esa población que transite la vejez y que, como se referenció, se encuentra expuesta a diversas manifestaciones de violencia, discriminación y falta de ingresos”, se menciona como causa que impulsa la presente medida.

El artículo 6 excluye a aquellas personas de recibir el beneficio a quienes ejerzan “una actividad laboral en relación de dependencia -registrada en el sector público o privado- y/o monotributo y régimen de autónomos”. Por el contrario, “los casos de trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y el Monotributo Social”, no son motivo para ser marginadas de la ayuda económica.

¿Cómo inscribirse al programa?

Existen dos canales para aplicar como beneficiario de la ayuda económica:

  • Vía mail [email protected]
  • Mediante solicitud presentada en formato papel en la Mesa de Entradas (Av. Paseo Colón 275, 5º piso, C1063ACC).
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Gran Buenos Aires

Estatización de la salud: denuncian un plan de Kicillof para tomar clínicas privadas

La cartera que dirige Nicolás Kreplak como la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), que conduce Pedro Borgini, estarían llevando adelante una estrategia para controlar esas instituciones

La salud privada es una linda “caja” y una oportunidad de negocios para la política argentina; en especial, en el conurbano bonaerense.

Según el sitio Realpolitik, las clínicas privadas de la ciudad de La Plata aseguraron que la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), junto al ministerio de Salud dirigido por Nicolás Kreplak, estarían protagonizando una arremetida con el objetivo de quedarse con las mismas, en detrimento del sistema de salud local.

¿Cuál sería la estrategia? Ahogar a los organismos económica y financieramente, para luego clausurarlas y comprarlas a bajos costos.

“Los trabajadores y los pacientes están muy preocupados por la situación que están atravesando los prestadores de salud”, aseguraron.

Cristina Kirchner pidió una reforma integral del sistema de salud, específicamente con las prepagas en la mira

En las próximas horas, la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA) llevará adelante numerosas denuncias al respecto, a la vez que realizarán presentaciones ante el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien viene haciendo caso omiso a las múltiples denuncias por el despilfarro de los fondos del IOMA.

Fuera de la realidad: Kicillof comprará una lancha de 70 millones de pesos

De acuerdo a los trabajadores de las clínicas que se encuentran envueltas en el conflicto, “la presión la ejercen los sindicalistas de ATSA, especialmente Alfredo Villacorta, quien se hizo conocido por ser acusado de pedir coimas y ahora quiere ser parte en una estrategia para que el ministerio se quede con los nosocomios”, aseguraron.

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