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Europa

La Justicia británica aprobó la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos

Los abogados del fundador de WikiLeaks tienen tiempo hasta el 18 de mayo para presentar sus alegatos ante el ministerio del Interior, quien tiene la última palabra en el procedimiento

La justicia británica emitió este miércoles la orden formal que autoriza la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos para ser juzgado por espionaje por la publicación de cientos de miles de documentos secretos a partir de 2010.

La orden será ahora enviada a la ministra del Interior, Priti Patel, que tiene la última palabra en cualquier extradición. La defensa de Assange puede presentar sus alegaciones hasta el 18 de mayo.

La justicia de Estados Unidos quiere juzgar al australiano de 50 años por la difusión en WikiLeaks a partir de 2010 de más de 700.000 documentos clasificados sobre actividades diplomáticas y militares estadounidenses.

Los documentos revelaron atrocidades en las guerras de Irak y Afganistán. Entre ellos figuraba un video en que se veía como helicópteros de combate estadounidense disparaban contra civiles y mataron a una docena de personas en Bagdad en 2007, incluidos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters.

Assange se encuentra recluido en la cárcel de alta seguridad londinense de Belmash desde su detención en abril de 2019 por la Policía británica en la embajada de Ecuador en Londres, después de que el entonces presidente Lenín Moreno le retirase la protección que le había concedido su predecesor Rafael Correa.

Violando las condiciones de su libertad condicional en el Reino Unido, el fundador de WikiLeaks se había refugiado en la legación ecuatoriana en 2012 para evitar una extradición a Suecia por cargos de violación que después fueron abandonados. Negando dichos cargos, ya entonces afirmó temer que todo fuese una estrategia para entregarlo a los Estados Unidos.

¿Qué pena enfrenta Assange por las filtraciones de WikiLeaks?

Si es declarado culpable, el protagonista podría ser condenado a un máximo de 175 años de cárcel. Organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian un ataque a la libertad de prensa.

El gobierno estadounidense afirma por su parte que el australiano no es periodista sino pirata informático y puso en peligro la vida de numerosos informantes al publicar documentos completos sin editar.

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