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Judiciales

El apoyo de Camaño no alcanzó y el kirchnerismo no logró aprobar el nombramiento de jueces

Tres son en Comodoro Py y otros dos en la Cámara Federal. Para tener a los candidatos que desea, el oficialismo necesitaba los votos de los dos tercios de los consejeros de la Magistratura; el miércoles se volverá poner en votación

A pesar de la crisis económica, el Gobierno sigue apurado por ocupar lugares claves en Comodoro Py, donde se investigan causas de corrupción. Sin embargo, la sesión en la que se iban a tratar las designaciones fue suspendida luego de fracasar en la tarea de conseguir los votos necesarios.

El oficialismo sufrió un traspié este lunes en el Consejo de la Magistratura, luego de no conseguir los dos tercios necesarios para avanzar en el nombramiento de jueces clave en la Justicia Federal.

Los lugares vacantes que deseaba cubrir son en juzgados donde se investigan causas de corrupción.

El kirchnerismo contaba con el apoyo de Graciela Camaño, pero aún así no logró la mayoría necesaria, por lo que se postergó para pasado mañana el último plenario del Consejo de la Magistratura con la composición actual.

Recordemos que el Consejo de la Magistratura regresará a partir de la semana que viene a una composición de 20 miembros porque así lo dispuso un fallo de la Corte Suprema que consideró inconstitucional la integración actual, dispuesta por una ley impulsada por Cristina Kirchner durante su presidencia.

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Para poder nombrar a los candidatos que desea el Gobierno, el oficialismo necesita dos tercios de los consejeros de la Magistratura. Es decir, que debería alcanzar nueve votos para aprobar esas ternas y enviarla al Poder Ejecutivo. Hasta hoy a la mañana, desde el Kirchnerismo aseguraban que tenían ocho votos compuesto por los legisladores Mariano Recalde, Vanesa Siley, María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) y Graciela Camaño (Interbloque Federal); del juez de la Lista Celeste Alberto Lugones; del académico Diego Molea y de Jerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo. Por su parte el octavo voto sería el del juez Juan Manuel Culotta, de la lista Compromiso Judicial.

Des esta forma, el Gobierno debía sumar un voto más para conseguir aprobar las designaciones antes de que el Consejo de la Magistratura vuelva a estar en manos de la Corte Suprema que meses atrás había sentenciado como “inconstitucional” la reforma aprobada durante el Gobierno de Cristina Kirchner.

Ante el fracaso en las negociaciones con la oposición en la que el radicalismo y el PRO acordaron no facilitar la votación de ninguna terna, el Gobierno se vio obligado a suspender y postergar la sesión para el próximo miércoles, a la espera de conseguir el voto faltante.

“En este tiempo de descuento propongo poner a consideración otro cuarto intermedio para tratar este tema en el plenario extraordinario que fue convocado hoy para el próximo miércoles a las 8 de la mañana”, propuso en la fugaz sesión de hoy Ustarroz.

El 15 de abril vence el plazo que la Corte Suprema había establecido para que el Consejo prepare la nueva composición de acuerdo a la norma anterior. Al respecto, a los 13 miembros actuales se le sumarán 7 más, mientras que la conducción de la misma estará a cargo del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

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Polo Obrero: denunciaron a dirigentes que reconocieron retener un dos por ciento de los planes

El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó la causa penal contra Gabriel Solano y Eduardo Belliboni por los presuntos delitos de “amenazas y extorsión”

Novedades en el mundo judicial. El fiscal federal Guillermo Marijuan denuncio al legislador porteño Gabriel Solano del Partido Obrero y a Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero (PO) por los presuntos delitos de amenaza y extorsión porque “obligaban a las personas que reciben el subsidio ‘Potenciar Trabajo’ a hacer un aporte mensual” del 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social.

En una entrevista radial, Marijuan sostuvo que “existen informaciones públicas acerca de que se estarían pidiendo porcentajes de los planes sociales”, y agregó: “No se puede pedir exigencia alguna por estar, permanecer o conseguir un plan”.

El Polo Obrero había reconocido públicamente el cobro del porcentaje y explicó que lo destina a solventar los gastos en alquileres, servicios y alimentos de los comedores de la organización. Señalaron que se trata de un aporte voluntario votado en asambleas.

“Esto tiene que ver con la falta absoluta de control que existe por parte del Estado Nacional respecto de la situación de las personas que tienen planes sociales”, dijo el fiscal. En la misma línea, afirmó: “Llegamos a esta situación donde muchas personas están registradas para recibir un plan social y no tienen el debido control”.

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Marijuan también habló sobre quién controla los beneficiarios de planes sociales: “En la norma actual el Estado nacional le delega a organizaciones no gubernamentales el control de estos planes”.

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La denuncia recayó en el juzgado de la jueza federal María Servini y la causa quedó registrada con el número 2078/2022.

“Solamente de manera provisoria, las conductas habrán de encuadrarse en los delitos de amenaza y de extorsión”, indicó el fiscal. “Según se desprende de la información periodística, los beneficiarios del plan ‘Potenciar Trabajo’ deben entregar a punteros políticos, en forma mensual, la suma de $500 de los $19.000 que cobran, debiendo además asistir a manifestaciones”, abundó.

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Ganancias y Bienes Personales: la Justicia ordenó a la AFIP suspender los vencimientos

Una jueza federal aceptó una medida presentada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, que había pedido aplazar las presentaciones previstas para los próximos días

Novedades en material judicial: la Justicia aceptó el amparo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño para que se aplace el vencimiento anual del pago y la presentación de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales establecido para los próximos días.

La jueza Macarena Marra Giménez dispuso que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) postergue esta fecha.

En su decisión, la magistrada declaró “formalmente admisible la acción colectiva deducida” y reconoció “idoneidad al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como representante del colectivo involucrado en defensa de los derechos de los/las profesionales matriculados/as en Ciencias Económicas en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Además, ordenó “establecer como objeto procesal de la causa que se ordene a la AFIP-DGI prorrogar el vencimiento de la presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas del impuesto a las ganancias – incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto sobre los bienes personales del Período Fiscal 2021 de las personas humanas cuyo vencimiento está previsto actualmente para los días 23 a 27 de junio, hasta después de transcurridos 60 días desde que fueron puestos a disposición los sistemas web necesarios para cumplir dicha labor, es decir a partir del día 12 de julio en adelante”.

Denuncian penalmente a José Luis Espert por proponer “meter bala” a los mapuches

“Atento la proximidad del vencimiento de los plazos para la presentación de las declaraciones juradas involucradas -para los días 23 a 27 de junio-, y de conformidad con las facultades otorgadas por el art. 4 inc. 1º párrafo 3º de la Ley 26.854, corresponde ordenar como medida interina y hasta tanto se resuelva la medida cautelar peticionada en autos, la suspensión del vencimiento para la presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas del impuesto a las ganancias – incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto sobre los bienes personales del Período Fiscal 2021 de las personas humanas, establecido por la Resolución General AFIP Nº 5192/2022″.

Además, dispuso requerir “a la demandada Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva (AFIP-DGI) que, en el término de 3 días, produzca el informe previo establecido por el art. 4º de la Ley n° 26.854 y la publicación en su página web institucional de los datos de la presente causa, su objeto y la medida interina que aquí se ordena”.

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Denuncian penalmente a José Luis Espert por proponer “meter bala” a los mapuches

El diputado liberal había respondido a preguntas de sus seguidores en redes sociales sobre el conflicto con los pueblos originarios en la Patagonia y los tildó de “son falsos mapuches y terroristas”.

El diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert, fue denunciado en la Justicia por “apología del crimen e intimidación pública”, luego de que se expresara en las redes sociales en contra de las protestas mapuches en el sur argentino y pedir “encarcelar o meter bala” a los manifestantes.

Las declaraciones del legislador se dieron días después del ataque en Chubut que se vincula a la organización Resistencia Ancestral Mapuche, cuando en un vivo de Instagram, ante la consulta de una seguidora: “cómo resolverías la situación con los pseudo mapuches en nuestra Patagonia?”, el economista respondió: “Yo creo que hay que declarar un Estado de sitio en esa zona, encarcelar o meterle bala a los mapuches si se resisten”.

En realidad no son mapuches, son falsos mapuches, son terroristas”, prosiguió en su vociferación el Diputado. Sus palabras iniciaron una catarata de opiniones, a favor y en contra de este tipo de expresiones que fomentan el odio.

En ese sentido, el diputado provincial de Unión de los Neuquinos (UNE), Mariano Mansilla, denunció penalmente al legislador por “apología del crimen e intimidación pública”.

Mansilla formalizó la presentación ante la Oficina de Recepción de Denuncias de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ya que consideró que “los dichos de Espert encuadran perfectamente en lo establecido en el artículo 212 del Código Penal y también constituyen apología del crimen por lo que podría ser investigado de acuerdo a lo previsto en el artículo 213 del mismo Código”.

Las expresiones de Espert no hacen más que estigmatizar al pueblo mapuche y desconocer profundamente su cultura”, señaló el diputado sureño, que se mostró muy molesto por este tipo de insinuaciones.

Por su parte, Espert hizo eco de las denuncias, a través de sus redes sociales en donde publicó el video y escribió: “Buscate un trabajo digno Mansilla”. A lo que el legislador neuquino respondió: “Laburo desde pibe, búscame en la Afip hace 25 años que ejerzo una profesión liberal. De cualquier manera que tiene que ver con que pidas balas contra cualquier otro grupo de argentinos. Es un delito. Espero no te escondas en los fueros, que no son para eso”.

En cuanto al hecho que desató la furia del economista liberal y ex candidato a Presidente, aun se investiga el supuesto atentado y la aparición de panfletos de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que fueron encontrados entre los restos de un incendio que destruyó la cabaña donde funcionaba la Dirección de Bosques, en el paraje El Pedregroso, ubicada sobre la ruta 40 de Chubut.

 

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