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Judiciales

Escándalo en la Obra Social judicial: ¿se rompe el pacto de silencio entre Maqueda y Tonón?

En las últimas horas, un ex funcionario del Ministerio de Economía muy cercano a Maqueda comenzó gestiones para que la investigación frene en el ex director de la obra social y no alcance al cortesano; estas gestiones llegaron a oídos de Tonón, quien analiza un contragolpe judicial que expondría al juez del Máximo Tribunal

La investigación judicial por presuntas compras irregulares y desmanejos en la conducción de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación avanza en los tres juzgados federales que intervienen. La Justicia puso la lupa sobre tres contrataciones millonarias a empresas cordobesas: una de ellas de ambulancias, otra de prótesis y una última dedicada al despacho de medicamentos.

La provincia que acuna a estos tres proveedores es la misma de donde es oriundo el cortesano Juan Carlos Maqueda. Sobre la contratación del servicio de ambulancias a la empresa cordobesa Emergencia Médica Integral S.A. NEXOFIN reveló semanas atrás el resultado de una auditoría interna que desnudaba que la empresa no contaba con las mínimas condiciones de contratación para brindar el servicio a todo el país. A este caso se sumaron los de la despachante de medicamentos Farmandat S.A. y la de la proveedora de prótesis llamada Implantes Quirúrgicos S.A.

Mientras los jueces y fiscales avanzan en este telar de negociados, algunos de los afectados comenzaron a mover fichas para resguardarse. Según confirmó NEXOFIN con fuentes judiciales, un hombre muy cercano a Maqueda comenzó a moverse en los pasillos judiciales e intentó realizar gestiones con los jueces que investigan el caso. El objetivo: que la investigación se corte en el amigo de Maqueda y ex titular de la Obra Social, Aldo Tonón.

Este intermediario, de iniciales CB, es muy recordado por haberse desempeñado en el Ministerio de Economía de Roberto Lavagna y protagonizar, años atrás, un escándalo judicial tras denunciar al diario La Nación por daños y perjuicios, luego de que en esas páginas lo involucraran en la gestión de un pedido de coimas en el Senado. “CB le debe muchos favores a Maqueda, que fue el único miembro de la Corte que lo apoyó en 2018 cuando el tribunal le falló en contra de su reclamo a La Nación, recordó una fuente judicial en diálogo con NEXOFIN.

Maqueda juega una carta fuerte para frenar el escándalo de corrupción en la Obra Social

Estas gestiones por parte de CB llegaron a oídos de Tonón, quien durante toda la investigación mantuvo un silencio que hacía pensar en una suerte de pacto de caballeros con su amigo personal que lo llevó a ocupar ese cargo en la Obra Social. Hoy, sin embargo, esta relación personal está rota y Tonón comenzó averiguaciones que demostrarían que está dispuesto a aplicar una contraofensiva con su otrora jefe político.

“Personas cercanas a Tonón empezaron a hacer averiguaciones por la figura del arrepentido. Hubo al menos dos fiscales federales que recibieron esa consulta para el caso particular de Tonón“, reveló una fuente de Comodoro Py.

Pero Tonón no estaría sólo en esta cruzada contra su otrora amigo personal Maqueda: hay empleados de la Obra Social judicial que también manejaron información sensible durante años y que, ante el riesgo de ser castigados por la Justicia, están interesados en hablar.

Judiciales

Polo Obrero: denunciaron a dirigentes que reconocieron retener un dos por ciento de los planes

El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó la causa penal contra Gabriel Solano y Eduardo Belliboni por los presuntos delitos de “amenazas y extorsión”

Novedades en el mundo judicial. El fiscal federal Guillermo Marijuan denuncio al legislador porteño Gabriel Solano del Partido Obrero y a Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero (PO) por los presuntos delitos de amenaza y extorsión porque “obligaban a las personas que reciben el subsidio ‘Potenciar Trabajo’ a hacer un aporte mensual” del 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social.

En una entrevista radial, Marijuan sostuvo que “existen informaciones públicas acerca de que se estarían pidiendo porcentajes de los planes sociales”, y agregó: “No se puede pedir exigencia alguna por estar, permanecer o conseguir un plan”.

El Polo Obrero había reconocido públicamente el cobro del porcentaje y explicó que lo destina a solventar los gastos en alquileres, servicios y alimentos de los comedores de la organización. Señalaron que se trata de un aporte voluntario votado en asambleas.

“Esto tiene que ver con la falta absoluta de control que existe por parte del Estado Nacional respecto de la situación de las personas que tienen planes sociales”, dijo el fiscal. En la misma línea, afirmó: “Llegamos a esta situación donde muchas personas están registradas para recibir un plan social y no tienen el debido control”.

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Marijuan también habló sobre quién controla los beneficiarios de planes sociales: “En la norma actual el Estado nacional le delega a organizaciones no gubernamentales el control de estos planes”.

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La denuncia recayó en el juzgado de la jueza federal María Servini y la causa quedó registrada con el número 2078/2022.

“Solamente de manera provisoria, las conductas habrán de encuadrarse en los delitos de amenaza y de extorsión”, indicó el fiscal. “Según se desprende de la información periodística, los beneficiarios del plan ‘Potenciar Trabajo’ deben entregar a punteros políticos, en forma mensual, la suma de $500 de los $19.000 que cobran, debiendo además asistir a manifestaciones”, abundó.

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Judiciales

Ganancias y Bienes Personales: la Justicia ordenó a la AFIP suspender los vencimientos

Una jueza federal aceptó una medida presentada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, que había pedido aplazar las presentaciones previstas para los próximos días

Novedades en material judicial: la Justicia aceptó el amparo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño para que se aplace el vencimiento anual del pago y la presentación de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales establecido para los próximos días.

La jueza Macarena Marra Giménez dispuso que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) postergue esta fecha.

En su decisión, la magistrada declaró “formalmente admisible la acción colectiva deducida” y reconoció “idoneidad al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como representante del colectivo involucrado en defensa de los derechos de los/las profesionales matriculados/as en Ciencias Económicas en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Además, ordenó “establecer como objeto procesal de la causa que se ordene a la AFIP-DGI prorrogar el vencimiento de la presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas del impuesto a las ganancias – incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto sobre los bienes personales del Período Fiscal 2021 de las personas humanas cuyo vencimiento está previsto actualmente para los días 23 a 27 de junio, hasta después de transcurridos 60 días desde que fueron puestos a disposición los sistemas web necesarios para cumplir dicha labor, es decir a partir del día 12 de julio en adelante”.

Denuncian penalmente a José Luis Espert por proponer “meter bala” a los mapuches

“Atento la proximidad del vencimiento de los plazos para la presentación de las declaraciones juradas involucradas -para los días 23 a 27 de junio-, y de conformidad con las facultades otorgadas por el art. 4 inc. 1º párrafo 3º de la Ley 26.854, corresponde ordenar como medida interina y hasta tanto se resuelva la medida cautelar peticionada en autos, la suspensión del vencimiento para la presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas del impuesto a las ganancias – incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto sobre los bienes personales del Período Fiscal 2021 de las personas humanas, establecido por la Resolución General AFIP Nº 5192/2022″.

Además, dispuso requerir “a la demandada Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva (AFIP-DGI) que, en el término de 3 días, produzca el informe previo establecido por el art. 4º de la Ley n° 26.854 y la publicación en su página web institucional de los datos de la presente causa, su objeto y la medida interina que aquí se ordena”.

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Denuncian penalmente a José Luis Espert por proponer “meter bala” a los mapuches

El diputado liberal había respondido a preguntas de sus seguidores en redes sociales sobre el conflicto con los pueblos originarios en la Patagonia y los tildó de “son falsos mapuches y terroristas”.

El diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert, fue denunciado en la Justicia por “apología del crimen e intimidación pública”, luego de que se expresara en las redes sociales en contra de las protestas mapuches en el sur argentino y pedir “encarcelar o meter bala” a los manifestantes.

Las declaraciones del legislador se dieron días después del ataque en Chubut que se vincula a la organización Resistencia Ancestral Mapuche, cuando en un vivo de Instagram, ante la consulta de una seguidora: “cómo resolverías la situación con los pseudo mapuches en nuestra Patagonia?”, el economista respondió: “Yo creo que hay que declarar un Estado de sitio en esa zona, encarcelar o meterle bala a los mapuches si se resisten”.

En realidad no son mapuches, son falsos mapuches, son terroristas”, prosiguió en su vociferación el Diputado. Sus palabras iniciaron una catarata de opiniones, a favor y en contra de este tipo de expresiones que fomentan el odio.

En ese sentido, el diputado provincial de Unión de los Neuquinos (UNE), Mariano Mansilla, denunció penalmente al legislador por “apología del crimen e intimidación pública”.

Mansilla formalizó la presentación ante la Oficina de Recepción de Denuncias de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ya que consideró que “los dichos de Espert encuadran perfectamente en lo establecido en el artículo 212 del Código Penal y también constituyen apología del crimen por lo que podría ser investigado de acuerdo a lo previsto en el artículo 213 del mismo Código”.

Las expresiones de Espert no hacen más que estigmatizar al pueblo mapuche y desconocer profundamente su cultura”, señaló el diputado sureño, que se mostró muy molesto por este tipo de insinuaciones.

Por su parte, Espert hizo eco de las denuncias, a través de sus redes sociales en donde publicó el video y escribió: “Buscate un trabajo digno Mansilla”. A lo que el legislador neuquino respondió: “Laburo desde pibe, búscame en la Afip hace 25 años que ejerzo una profesión liberal. De cualquier manera que tiene que ver con que pidas balas contra cualquier otro grupo de argentinos. Es un delito. Espero no te escondas en los fueros, que no son para eso”.

En cuanto al hecho que desató la furia del economista liberal y ex candidato a Presidente, aun se investiga el supuesto atentado y la aparición de panfletos de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que fueron encontrados entre los restos de un incendio que destruyó la cabaña donde funcionaba la Dirección de Bosques, en el paraje El Pedregroso, ubicada sobre la ruta 40 de Chubut.

 

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