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Notas de Opinión

La guerra contra la inflación es una gran pantomima

El “combate” traerá más de lo mismo: controles, restricciones, aumento de impuestos y medidas sectoriales y desarticuladas entre sí. Por eso, el resultado ya está cantado: la guerra está perdida.

Columna de opinión publicada originalmente en Tn.com.ar

La aceleración inflacionaria y, en especial, la disparada en el precio de los alimentos encendió una luz de alarma en la Casa Rosada y estimuló la sensación de que algo hay que hacer. El gobierno finalmente percibió que la inflación es un tema muy relevante para la sociedad, causa de pesimismo y desazón (según datos de D’Alessio IROL – Berensztein es la máxima preocupación de los argentinos desde hace más de un lustro), y que buena parte de su capacidad de recuperación y competitividad electoral dependerá de lo que pueda hacer al respecto.

En este marco, la respuesta del presidente Fernández, cargada de efusividad, pero carente de toda previsión, fue el lanzamiento (con tres días de anticipación) de la “guerra contra la inflación”. El anuncio hasta ahora dejó una catarata de memes en las redes sociales, pero pocas medidas concretas. En el mensaje del viernes, Alberto Fernández suavizó el discurso bélico, se manejó entre expresiones más generales y se hizo a un costado: “He instruido a mis ministros para que tomen las medidas necesarias y ellos serán los encargados de comunicarlas”.

Guerra contra la inflación: anuncios sin mucho que esperar

Efectivamente, el sábado el ministro Julián Domínguez realizó una rueda de prensa donde defendió el aumento de las retenciones y se refirió a la creación del Fondo de Estabilización del Trigo, aunque se encargó de aclarar que el precio del pan corre por cuenta de Feletti, con quien no tiene precisamente una buena relación: parece que Domínguez no quiere ser confundido con uno de los generales de esta desgraciada guerra.

Durante esta semana probablemente continúen los anuncios, pero no hay mucho más que esperar. La guerra contra la inflación traerá más de lo mismo: controles, restricciones, aumento de impuestos y medidas sectoriales y desarticuladas entre sí. Eso es todo y por eso el resultado ya está cantado: la guerra está perdida. De hecho, ¿cómo hará el gobierno para contener los precios en los próximos meses, justo cuando debe actualizar las tarifas de los servicios públicos y acelerar el ritmo de la devaluación? El costo de los congelamientos es la inflación contenida, que en algún momento se paga. Y todo indica que será en el peor momento de la aceleración inflacionaria.

El gobierno no ha logrado aplicar una respuesta efectiva, aunque lo cierto es que ni siquiera lo ha intentado con genuina vocación (será en parte porque hasta aquí se valió de la inflación para licuar el gasto, tal como sucedió con jubilaciones y planes sociales).

Por eso, esta “guerra” tiene la particularidad de ser una gran pantomima. El gobierno hace como si anunciara medidas para reducir el ritmo del aumento de los precios, pero en realidad ya nadie lo toma demasiado en serio (incluso los funcionarios descreen por completo que vaya a funcionar). A esta altura la credibilidad se ha perdido.

Al margen de los caminos erráticos y las puestas en escena de las que se vale este gobierno para (no) enfrentar la cuestión de la inflación, ¿se está generando en la sociedad argentina un consenso para reformas más profundas y ambiciosas?

Qué dicen las encuestas sobre la sociedad y las reformas

Un sondeo reciente de D’Alessio IROL – Berensztein indagó sobre este tema, al consultar por el nivel de acuerdo hacia un eventual plan de convertibilidad o dolarización para la Economía argentina. El estudio se realizó en febrero de forma online, con 1022 personas, mayores de 18 años, de todo el país. Sobre el total de los encuestados, el 42% dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con esta alternativa, mientras que el 44% expresó su desacuerdo (el 14% restante prefirió no responder). Es decir, existe cierta paridad entre ambas opiniones.

Al segmentar los datos, puede apreciarse que el nivel de acuerdo aumenta conforme crece el nivel socioeconómico de los encuestados. Sin embargo, entre el nivel socioeconómico más bajo, el nivel de acuerdo sigue siendo relativamente alto (41%, versus 42% que está en desacuerdo).

Tampoco hay grandes divergencias al segmentar por rango etario. El mayor grado de acuerdo se encuentra entre las personas que tienen de 45 a 54 años (21% muy de acuerdo y 27% de acuerdo). Entre los más jóvenes (hasta 34 años) el 39% estaría de acuerdo o muy de acuerdo con una dolarización o plan de convertibilidad, mientras que entre los más ancianos (más de 65 años) esa cifra asciende dos puntos porcentuales (41%). Las diferencias no son sustanciales. Es decir, aquella paridad que existe entre ambas opiniones parece atravesar a toda la sociedad.

Hace algunos años, este tipo de preguntas seguramente hubiese generado un mayor nivel de rechazo por el recuerdo traumático de la caída de la convertibilidad luego de la crisis de 2001. Sin embargo, el trauma actual parece estar generando en buena parte de la sociedad un sentimiento de nostalgia respecto a la estabilidad de la década del ‘90.

Esta probablemente sea la causa de fondo detrás de los resultados que arroja el sondeo realizado por D’Alessio IROL – Berensztein. Lo particular es que esta nostalgia incluye a los segmentos jóvenes de la población, que añoran vivir con una estabilidad que nunca tuvieron.

Al segmentar los datos según voto se ven las mayores divergencias. Atendiendo al eventual voto en 2023, la posibilidad de implementar un plan de convertibilidad o de dolarización para la economía argentina adquiere niveles altos de aceptación entre los simpatizantes de Juntos por el Cambio (59%) y los liberales / libertarios (71%). A su vez, los votantes del FDT rechazan en su mayoría esta iniciativa.

Hasta ahora el gobierno no supo ni quiso enfrentar el problema de la inflación con la vocación real de resolver el problema. ¿Pero si este o el próximo gobierno tuviese la voluntad de hacerlo cuál sería la reacción por parte de la ciudadanía? Aunque los sondeos de opinión pública siempre deben tomarse con cautela, los datos muestran que en principio hay cierto fundamento social para atreverse a reformas más ambiciosas. Los resultados contrastan contra la opinión generalizada que nos dice que reformas profundas de esta índole son imposibles de implementar en la actual Argentina.

Tal como lo expresamos en nuestra columna del lunes pasado, por el estancamiento de una década y la falta de perspectivas, los argentinos quizás afirman que están dispuestos a enfrentar cambios profundos, pero cuando llegan las consecuencias reales del ordenamiento macroeconómico, puede haber fuertes quejas. No obstante, no es menor el hecho de que exista una masa crítica de la opinión pública que cuestiona la actual realidad. Y este es un punto de partida fundamental para afrontar las reformas que el país necesita.

Un programa de estabilización (ya sea por medio de una dolarización, de un plan de convertibilidad o a través de otros mecanismos similares) seguramente generará costos en el corto plazo. Pero si en el mediano plazo se recupera la confianza de los inversores, el crédito privado, la creación de empleo y se reduce la inflación, entonces habrá valido la pena. Al mismo tiempo, es menester considerar el costo del status quo: un profundo pesimismo caracteriza al estado actual de la opinión pública. Muchas veces es mejor el final de una agonía, con el dolor que ello conlleva, que una agonía sin fin, que obtura la posibilidad de que surjan nuevas expectativas

Si no es por altruismo, al menos que sea por interés político: durante la década del ‘90 el PJ (el mismo partido que hoy gobierna) logró triunfos electorales notables por haber estabilizado la macroeconomía a comienzos de la década. El malestar social actual, lejos de ser una restricción, puede ser visto como una oportunidad. Llevamos más de diez años de estanflación. La dimensión de esta crisis requiere cambios disruptivos, pero hasta ahora parece que la sociedad se atreve más que la dirigencia política.

Notas de Opinión

Por qué este año la inflación puede llegar al 100% anual

Factores inerciales y variables macroeconómicas rezagadas que presionan al alza del nivel general de precios al consumidor

Columna publicada originalmente en Infobae

Con el dato de inflación de abril, el gobierno kirchnerista ya alcanzó el punto máximo de variación anual de los últimos 22 años, desde que se abandonó la convertibilidad en abril de 2002, y hay que remontarse hasta enero de 1992 para encontrar una tasa mensual más alta.

Es importante resaltar que ni en la brutal salida de la convertibilidad, sin un plan económico detrás que evitará el destrozo que produjo el cambio abrupto del régimen monetario junto con el default, la pesificación asimétrica entre depósitos y préstamos bancarios en dólares, se tuvo una inflación anual tan elevada.

Y los picos que se fueron registrando a lo largo de los últimos 30 años, en medio de subibaja, fueron cada vez más altos, lo cual permite pronosticar que este año puede terminar en un rango anual de tres dígitos si, al mismo tiempo que se acelera la tasa de emisión monetaria (en abril y en lo que va de mayo el BCRA volvió a emitir moneda para financiar a la Tesorería), se ajustan las tarifas retrasadas de los servicios públicos y el tipo de cambio oficial que viene subiendo bien por debajo de la variación mes a mes del Índice de Precios al Consumidor.

La corrección del atraso de ambas variables en un contexto de aumento del déficit fiscal cada vez mayor y, como ocurrió en abril, financiado con emisión monetaria, puede llevar a una inflación del 100% o algo más entre extremos.

Como dato a tener en cuenta sobre una posible inflación de 3 dígitos mensuales, es que el acuerdo con el FMI tiene previsto un 1% del PBI con emisión monetaria para financiar el déficit fiscal de 2022. Hasta el 9 de mayo el Gobierno llevaba emitidos el equivalente a 0,5% del PBI. Es decir, casi en los primeros 4 meses del año ya se cubrió la mitad del límite máximo tolerado, y todavía falta financiar la fiesta de gasto público que sigue impulsando la coalición gobernante.

De ahí que por más que el Gobierno insista con que el fenómeno de la inflación es un problema multicausal, no fue gratis paralizar la actividad económica durante casi todo el 2020 e intentar compensarlo con fuerte emisión monetaria, luego lanzarse con el “Plan Platita en 2021″ para intentar dar vuelta el adverso resultado electoral que había anticipado las PASO, y ahora volver a acelerar la tasa de emisión monetaria por el desborde fiscal que muestran las cuentas públicas.

El problema inflacionario argentino es de manual de economía monetaria sobre cómo se determina el poder adquisitivo de la moneda.

En el cuadro se ejemplifica cómo puede variar el poder adquisitivo de la moneda, con estimaciones de cambios en el stock de moneda en circulación; la demanda de moneda; cuánta moneda quiere retener la población en el bolsillo por las dudas; la cantidad de bienes y servicios producidos y el nivel de precios promedio de la economía resultante.

El momento 1 muestra el punto de partida; en el 2 se supone que cae la demanda de moneda, pero no crece la cantidad de bienes y servicios demandados. Sin haber emitido, pero solo por huida del dinero, porque la gente se saca de encima los pesos más rápidamente, se produce un aumento en el nivel general de precios. Por eso, mirar solamente qué pasa con la emisión monetaria para decir qué puede ocurrir con la inflación no alcanza. Hay que ver cómo evoluciona la demanda de moneda.

Como la Argentina tiene una larga tradición inflacionaria y la gente no confía en el peso, las expectativas inflacionarias son crecientes, lo que determina que la demanda de moneda tienda a la baja todo el tiempo. En otros términos, la sociedad ya sabe que tiene que usar ahora los pesos que recibe porque mañana con esa cantidad podrá adquirir menos bienes y servicios. Es decir, el argentino está acostumbrado a reducir la demanda de moneda ni bien observa que hay descontrol económico.

Pero la peor combinación se puede dar en el caso 3, cuando aumenta la cantidad de moneda en circulación por emisión monetaria, cae la demanda de moneda y disminuye la oferta de bienes y servicios. En el ejemplo del cuadro, un aumento de la oferta monetaria del 20% se traduce en un incremento del 45% en el nivel general de precios, producto de la caída en la demanda de moneda y en la baja en la producción que potencian la depreciación del peso.

Depreciación del peso

Hoy la economía argentina está en una situación en que crece la emisión para financiar el déficit fiscal, cae la demanda de moneda, pero crece muy poco la oferta de bienes y servicios. Pero no es de descartar que en los próximos meses entremos en un escenario parecido al caso 3 con menor oferta de bienes y servicios combinado con emisión y caída en la demanda de moneda. Eso podría llevar, junto al ajuste de las tarifas de los servicios públicos y del tipo de cambio oficial, a una aceleración de la inflación por encima del 100 por ciento.

Se está a pasos del precipicio inflacionario y el Gobierno, para peor, acelera con sus peleas internas y el populismo que impulsa todo el tiempo, por eso no es descabellado pensar en una suba de los precios al consumidor a un ritmo de tres dígitos anuales.

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Notas de Opinión

Larreta con los radicales, el reto a Massa y las definiciones en la Corte Suprema

El jefe de Gobierno se acerca a la UCR y el máximo tribunal ya puede fallar sobre la quita de la Coparticipación.

Columna publicada originalmente en Clarín

La oposición bajo el paraguas de convivencia

La oposición mira con lupa cómo se comportan los caciques que tienen candidaturas en carrera y que tienen responsabilidad de gobernar. Igual se cuidan para convivir y multiplicarse. Lo de siempre: ¿Cómo hacen el amor los erizos o los puercoespines? Con cuidado. Horacio Rodríguez Larreta cuenta con el apoyo negociado de sus socios del radicalismo. La relación, como el dólar de Pesce, es una flotación administrada.

Estuvo con ellos en Corrientes después de que Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Rodolfo Suárez se negasen a firmar la queja de los peronistas ante la Corte. Larreta tiene la mochila del recorte de los fondos policiales, pero tiene que convivir con proyectos como el de Cannabis del radical Morales o las batallas del mendocino Suárez por el desaire de la Nación que frena la construcción de la represa de Portezuelo del Viento. La convivencia los obliga a un juego de escorpiones. Larreta fue a Corrientes el viernes sabiendo que Morales avala la firma de su ministro de Economía contra los reclamos de la CABA por los fondos policiales. “Él sabe cuál es la posición de nosotros frente a ese tema, como frente a los subsidios a la energía en el AMBA”, dice Morales. Es un tema bajo paraguas de convivencia, admite Larreta.

Morales multipartidario y catalán

El PRO que no gobierna provincias, salvo el AMBA, tiene una mirada atenta hacia los que sí la tienen. Suárez, de Mendoza, tiene un pliego de quejas hacia la Nación por Portezuelo, pero ha seguido recibiendo el dinero para esa construcción pese a las dilaciones de Alberto. Morales sostiene que no tiene por qué pedirle a nadie permiso para hablar con quiera. Esta semana está en Barcelona junto a Matías Kulfas, ministro con bolilla negra del cristinismo, para participar de un congreso sobre hidrógeno verde, al que viaja también la gobernadora Arabela Carreras.

Estos proyectos multipartidarios habilitan reuniones de Morales con el ex mandatario de Río Negro Alberto Weretilnek, senador para-oficialista, pero a quien interesó por proyectos entre Jujuy y el INVAP, empresa rionegrina. Morales vuelve el viernes para estar en La Matanza con la mesa nacional de Juntos por el Cambio. Se verá con Macri, después de cruzarse dardos. Ese mismo día Macri se va a Qatar y Arabia Saudita, pero antes de ese encuentro, también dio un entre turno para verse a solas con Larreta.

Pichetto nacionalizado

También va a la reunión en La Matanza Miguel Pichetto, que aporta a la Coalición el producto de un barrido de 24 provincias. En 5 de ellas tiene inscripto al partido Encuentro Republicano Federal, con lo cual gana chapa como partido nacional. En Parque Norte juntó 1.500 dirigentes del nuevo sello, con asistencia de varios exgobernadores: Ramón Puerta, Juan Carlos Romero, José Estabillo, Jorge Sobisch, Jorge Telerman y el radical Horacio Massaccesi -comprovinciano y amigo que no se la quiso perder. Pichetto aportó novedades argumentales: 1) se suma a la pelea por la “identidad” que propone Macri. Se diferencia en esto de otros dirigentes de Cambiemos, como Morales o Larreta que le quitan importancia a ese debate porque, afirman, ellos no tienen problemas de identidad. Dijo que hay candidatos por las encuestas, otros por voluntad propia otros porque tienen, como dijo de sí mismo, un programa. 2) Lanzó su candidatura a presidente con el solo límite de la unidad de JxC. Una señal más que importante dirigida a los precandidatos, cuyo voluntarismo puede poder en riesgo la unidad de la coalición. Esto tiene nombres: Mauricio Macri y Patricia Bullrich. En Corrientes hubo bromas por la pasión identitaria que plantea Mauricio cuando se queja de que Diputados aprobó el ley de Cannabis Medicinal, que había recibido votos de su propio partido cuando la sancionó el Senado. 3) Tuvo un hallazgo discursivo con su crítica a la ocupación de la plaza el 1° de Mayo -día del Trabajo- por organizaciones de no-trabajadores. 4) Hasta se permitió el humor, cuando rompió una copa de agua que le acercaron al estrado: “No es nada romper una copa, lo malo es romper un espejo, que trae mala suerte”.

Senadores amenazan con ayudarlo a Massa

Dos feriados de miércoles -el 18, Censo; el 25, fiesta patria- le dan un descansadero al hormiguero de intrigas que es el Congreso. Lo aprovechan oficialismo y oposición para ajustes de cuentas internos que tiene una sola agenda: atornillar posiciones para el 2023, año de elecciones. El torneo más agrio transcurre en el peronismo, ardido de diferencias propias, que viene de una derrota padre el 14-N, y cuyos arúspices le vaticinan otra en las presidenciales del año que viene (Arúspice: dícese del sacerdote que en la antigua Roma examinaba las entrañas de las víctimas para hacer presagios).

El Senado dio oportunidad para un despacho de diferencias entre las tribus que simboliza su estado de ánimo. José Mayans, presidente de uno de los dos bloques cristinistas, lo apuntó a Sergio Massa como responsable de la demora en la constitución de las comisiones. Al Senado le importan las comisiones bicamerales en las que el oficialismo acumula la artillería de la Cámara, que domina con amplia mayoría de bancas. Esas bicamerales, como la de los DNU, siguen sin integrarse, por las diferencias entre los diputados después de la salida de Maxi Kirchner de la presidencia del bloque y su reemplazo por Germán Martínez.

Este legislador representa una trama no resuelta que tejieron Massa y Alberto Fernández, que sólo completará el desembarco en el gabinete de Agustín Rossi, valedor de Martínez. Mayans, un librepensador que fusiona la ironía con la dureza verbal, mandó un misil a los Diputados en un airado rap durante la sesión del jueves. “En las bicamerales estamos teniendo inconvenientes con Diputados -ironizó el formoseño-. O sea, Diputados no se está poniendo de acuerdo en cuanto a la proporción y a los nombres de las comisiones bicamerales. Hice el pedido varias veces, tanto al presidente de la Cámara como al presidente de nuestro bloque. Vamos a tener que ayudarlos en eso, para que los presidentes de ambos bloques propongan a las personas, se pongan de acuerdo y las comisiones bicamerales puedan funcionar”.

Diputados, maestros de la “lentificación”

El Senado moviliza el proyecto que aprueba con 37 votos -como el blanqueo, para conmover a los exiliados fiscales- pero que saben que van a morir al cementerio de los elefantes de Diputados. Quedan en espera eterna porque la división en la Cámara baja entre los peronismos se agrava por el virtual empate en bancas con la oposición. Mayans dice que Massa necesita ayuda, una manera de señalarle un fracaso en su conducción. Como Massa es el elemento más activo de la trifecta presidencial, con Alberto y Cristina trabados en un clinch, los senadores ven que pasan los días y su mayoría no sirve para nada.

En Diputados la estrategia de Massa es no sesionar salvo que sea imprescindible. También busca impedir que la oposición los arrincone con proyectos gourmet, como Boleta Única, que expone al oficialismo al desprestigio en el público moderado, que cree que es la solución a todos los problemas porque retoca un sistema siempre sospechado como son las elecciones. Massa y Martínez responden a la oposición con una martingala: cada reunión de comisión por Boleta Única va a ser contrarrestada por otra para discutir el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, ya aprobado en el Senado.

El doblete está en la agenda del martes, porque este fin de semana fueron citadas las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia por el proyecto del Consejo de la Magistratura. El proyecto viene del Senado con media sanción (Expte. 9-S-2022) y en el temario pusieron los proyectos presentados por los diputados en los últimos años. Para dilatar sesiones, no se puede hacer más lento, diría el maestro René Lavand, pedagogo de la lentificación. Con eso demoran los tiempos y ganan tiempo para el objetivo de mantener muy espaciadas las sesiones. Cada vez que hay sesión, vuelve a mostrarse el empate entre oficialismo y oposición. Esto debilita las chances de Massa de mostrar algún poder que lo habilite a las aventuras que discute con sus amigos, como intervenir en el gabinete reformado sin Martín Guzmán, o encarnar alguna singladura para salvar al peronismo de Buenos Aires del hundimiento del cristinismo. La ayuda de Mayans, que expresa al cristinismo, es una intervención para controlar lo que queda del mandato de Alberto, un año y medio de pato rengo, casi en silla de ruedas.

Corte: manos libres para decidir sobre fondos porteños

Para el peronismo, el debate sobre el Consejo de la Magistratura es un foro para hostigar a la Corte, que es también atendida por el Senado con audiencias para discutir su ampliación. Para el oficialismo, la confrontación con la Corte es tan importante como desarmar a la oposición que se mueve con aire ganador. El tribunal hace músculo con estas agresiones, ante el único público que atiende estos proyectos, que son casi para expertos, como Boleta Única, integración del Consejo o ampliación del tribunal. Es el público moderado de las grandes ciudades que termina decidiendo el rumbo de las elecciones. Para decirlo macrísticamente, es el público del banderazo, al que Mauricio Macri quiere preservar con los llamados a cuidar la identidad del PRO y los valores identificados con el Cambio, aunque sean a costa de amenazas la Unidad.

La Corte tomó nota esta semana de que la Nación y el gobierno de Larreta no cumplieron con el pedido que les hicieron, para llegar a un acuerdo político por las diferencias en el reparto de fondos de la coparticipación. El ritualismo de los plazos es aquí trivial. En el tiempo que se tomaron en discutir esas diferencias nunca llegaron a acercar posiciones. Al final pidieron una extensión del plazo hasta el 11 de mayo, nada más que para esperar que “Wado” de Pedro regresase de una gira con gobernadores por Israel y que el anuncio del fracaso no ocurriese en ausencia del ministro del Interior. El gobierno teme que la Corte apure ahora la solución de la medida cautelar que pidió Larreta, para que dejen de descontarle la plata hasta que se resuelva el tema de fondo, algo que puede llevar años. Como ejemplo, el fallo “Sancor” por la quita de fondos previsionales a Santa Fe, San Luis y Córdoba, duró 8 años.

Inminente fallo sobre la cautelar

Con los ataques a la Corte, el Gobierno se previene de que el tribunal admita la cautelar de Larreta y reponga los desembolsos que había dispuesto el gobierno de Macri. El motivo que argumentó la CABA es que el decreto y la ley que logró Alberto para el recorte violaba el principio de “federalismo de concertación”, que impone que una quita debe ser negociada entre las partes. Entre el reclamo de la CABA y lo que quiere pagar la Nación hay una diferencia que puede zanjar el último informe de la Comisión Federal de Impuestos, el foro de ministros de economía de las provincias. El CFI dice en ese informe (que firma la mayoría de las provincias, hasta el ministro del radical Morales) que el monto para pagar la policía porteña está en los $11.000 millones. La CABA reclama unos $ 18.000 millones y la Nación les quiere reconocer sólo $ 8.000 millones.

Con estos números, si la Corte quiere preservar el “federalismo de concertación” pero no infringirle una derrota al Gobierno, tiene el recurso de admitir el recurso, y que se repartan las cargas, reconociendo el monto que señala el CFI. La respuesta de los gobernadores ante este entuerto de inminente resolución en la Corte fue instintiva. 19 de ellos firmaron un escrito ante el tribunal para pedir que los dejen participar en el expediente con la figura de “amicus curiae”. También amenazaron con “presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos.”

Para el gobierno de Larreta esos pronunciamientos son signos de debilidad. El debate sobre los recortes a las rentas de la CABA dejarían en claro que el dinero que le quitó la Nación no era de las provincias, por lo cual no afectaban a la coparticipación. El Gobierno, para blindar la quita de fondos, repartió lo recortado entre las provincias para cosechar apoyos.

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Notas de Opinión

El FdT y JxC, prisioneros de unas PASO que están muy lejanas

Tanto en el oficialismo como en la principal oposición, los mecanismos que venían permitiéndoles funcionar están trabados por un internismo que solo se resolverá en las Primarias. Queda tener paciencia, y rezar para que los conflictos no estallen

Columna publicada originalmente en Todo Noticias

Algo está muy mal en nuestra dirigencia política si el único que parece portarse más o menos razonablemente es el que siempre jugó a hacer el loco: Javier Milei no se pelea con nadie, expone su agenda, luce relajado y acomoda su peinado, mientras los demás se tiran de los pelos. ¿Qué es lo que está pasando?

El Presidente viaja al exterior sin que lo inviten, con la esperanza de mostrarse atento a los problemas estratégicos del país en su relación con el mundo, para negociar futuras exportaciones de alimentos y gas, pero se la pasa hablando con los periodistas de sus peleas domésticas con Cristina Kirchner y La Cámpora. Juntos por el Cambio logra acordar un plan para que las fundaciones partidarias formulen un programa de gobierno, y reglas de juego para tomar decisiones de aquí en más, pero inmediatamente viola esas reglas por desacuerdos sobre la política de alianzas y disputas de cartel entre los dirigentes.

¿Qué es lo que afecta tanto al FdT como a JxC y por lo que no logran ni enfocarse en la agenda pública, los problemas que le preocupan a la sociedad, ni atender y resolver su propia agenda interna, la disputa de poder entre sus dirigentes, y entonces quedan atrapados en idas y vueltas que los desgastan?

Sucede que tanto en el oficialismo como en la, hasta aquí, principal oposición, los mecanismos coalicionales que venían permitiéndoles funcionar, y mal o bien resolver sus problemas internos, están trabados. A medida que esos problemas se agudizaron, estos mecanismos se fueron volviendo más y más insuficientes o inadecuados. ¿Por qué? Hay muchas razones, pero un dato objetivo destaca entre todas ellas: son prisioneros de unas PASO demasiado lejanas. Veamos.

Hay quienes piensan que Cristina no teme romper la unidad peronista, con tal de salirse con la suya y lavarse las manos de los resultados de la gestión del Frente de Todos, para poder recuperar al menos parte de los votos perdidos en los últimos dos años.

En verdad, dado que más que una auténtica coalición, el FdT apenas ha sido un entendimiento electoral entre figuras del peronismo, lo que hay que romper no es mucho: solo la capacidad de coordinarse y cooperar entre esas figuras. Pero sucede también, por eso mismo, que la eventual ruptura difícilmente les sirva a ninguna de ellas, porque no les va a sumar votos procedentes de otros sectores. Puede que más bien los condene a repartirse los pocos que les quedan.

Juega al límite la vice, es cierto, pero sería un error pensar que desconoce que en la fragmentación también ella lleva las de perder, junto al resto del partido oficial.

El problema es que no tiene forma de someter al juicio de esos votantes, para ratificar o cambiar, los mecanismos que permiten al peronismo mantenerse unido, hasta que lleguen las PASO. Y para eso falta una eternidad.

Es por eso mismo que la “solución albertista” parece ser otra más de sus costosísimas cronoterapias: el Presidente desde hace tiempo que viene planteando que las PASO de 2023 son la solución para las diferencias cada vez más explosivas en el FdT; lo acaba de repetir una vez más desde España, a raíz de las renovadas críticas del kirchnerismo duro contra sus ministros (“vayamos a las PASO”, sostuvo en su entrevista en El País, que se suponía debía servir para reinstalar la agenda externa de su gobierno).

El problema es que pocos creen que su gestión pueda llegar como va hasta que se concrete ese llamado a las urnas, y muchos, no solo en el entorno de Cristina, sospechan que intentarlo es una peligrosísima pérdida de tiempo. Así que presionan en la calle, en los medios y en el Congreso, donde sea que tengan alguna ficha para jugar, sin respetar ningún canal interno, para lograr un cambio que los favorezca. Lo hacen los Kirchner, pero también los sindicatos, los movimientos de desocupados, los gobernadores y los intendentes. El resultado está a la vista.

En suma, si pudiera hacer el peronismo una interna anticipada, tanto sus dirigentes como el país en general podrían ahorrarse unos cuantos meses de locura. Pero no hay forma. Ningún mecanismo a la mano va a permitir saldar la cuestión hasta que sea, tal vez, demasiado tarde.

Existe, con todo, una contracara de este perjuicio causado por las PASO al oficialismo, y es que el mismo problema afecta a la oposición.

Si ha habido un motivo de alivio para Cristina y Alberto Fernández en los últimos meses ha sido, sin duda, la creciente fragmentación opositora, y para que ella continúe o se agrave no hace falta que nadie meta la cuchara, alcanza con lo que vienen haciendo Javier Milei y sobre todo los miembros de JxC, empantanados en una disputa que tampoco tienen forma de resolver hasta dentro de un año largo.

Da la impresión que el libertario no deja de acertar, y los cambiemitas no dejan de equivocarse. La gran diferencia entre ellos no es su mayor o menor perspicacia: es que Milei no tiene que consultar con nadie, mientras que en JxC, por más que consulten entre sí, no tienen forma de ponerse de acuerdo.

Podrían hacerlo si tuvieran, hoy mismo, un jefe, una mayoría y una minoría, es decir, si tuvieran forma de resolver de una buena vez la disputa entre halcones y palomas, entre el PRO y la UCR, entre el expresidente y los aspirantes a reemplazarlo. Pero igual que en el oficialismo, están condenados a esperar.

Conclusión: el escenario que crean las PASO resulta muy desventajoso para las coaliciones. Porque se prolongan inconvenientemente, en una situación de crisis que exige cohesión y definiciones claras cuanto antes, unas internas muy disputadas. Y se alimenta entonces la desconfianza dentro de ellas, y entre ellas y la ciudadanía: ¿por qué no logran enfocarse en la agenda que le preocupa a la opinión pública, en vez de en sus asuntos internos, y encima los agravan en vez de resolverlos? Si ahora se portan así, la gente se pregunta con todo derecho, “¿por qué pensar que van a hacerlo de otra manera estando en el Gobierno? Mejor confiar en un líder personalista y sin ataduras”. La soledad, de ser una desventaja, se vuelve una solución: el único que parece hacer las cosas bien es el que no tiene que negociar sus posiciones con nadie, porque responde solo ante sí mismo, Milei.

Es, claro, una ilusión: en soledad es imposible gobernar, intentarlo será una inevitable vía al fracaso, y tratar de reparar ese déficit a los apurones tampoco va a ser una buena solución. Pero nada de eso parece contar demasiado en la actual situación de crisis, y con las rígidas reglas de juego que el sistema se ha impuesto.

Las PASO no se van a modificar, no hay consenso para hacerlo. Ni los partidos y coaliciones tienen forma de acordar mecanismos complementarios que ofrezcan una salida anticipada a su internismo. Así que lo único que queda es tener paciencia, y rezar para que los conflictos no estallen, ni la sociedad se canse del todo de sus mecanismos y canales de representación hasta aquí vigentes. Si esa paciencia se agota, y en la Argentina se replica la disolución del sistema de partidos que han padecido recientemente otros países de la región, incluidos algunos mucho más sólidos que el nuestro, como Chile y Brasil, los efectos serán aquí mucho peores. Porque nuestra crisis económica y social, y la escasez de recursos en manos del Estado, son mucho más agudas.

Este cuadro lleva a pensar que el cambio solo va a ser posible en nuestro país si logramos, aunque suene contraintuitivo, conservar en cierta medida las instituciones políticas y a los actores que hasta aquí han venido conduciéndolas. Pero sucede que en ocasiones la gente piensa sus opciones de modo opuesto: asocia, no sin razón, el cambio del ambiente con el reemplazo de los agentes y los instrumentos, así que es difícil convencerla de los inconvenientes que resultarán de un recambio drástico de canales y planteles representativos. Más todavía cuando no es fácil ver ningún bebé en el agua sucia.

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