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Judiciales

Compra millonaria de prótesis: sale a la luz otro negocio que salpica a Maqueda en la Obra Social

Se trata de un contrato de 150 millones de pesos que fue adjudicado a una empresa cordobesa para proveer de prótesis a la obra social del Poder Judicial; además, investigan a otras dos empresas cordobesas -de donde es oriundo el magistrado de la Corte- por irregularidades en su contratación

La compra de prótesis químicas a una empresa cordobesa volvió a poner sobre la mesa la consecución de contrataciones a compañías cordobesas que realizó la Obra Social del Poder Judicial de la Nación mientras el cortesano Juan Carlos Maqueda tuvo bajo su ala el funcionamiento de la prestadora.

Según pudo confirmar NEXOFIN de fuentes internas a la Obra Social, la empresa beneficiada que se suma al listado de compañías cordobesas contratadas por la prestadora es Implantes Quirúrgicos S.A., comandada por Leonardo Venturelli.

Los empleados de la Obra Social no ocultan su enojo con la conducción que ejerció durante años el “Doctor” Aldo Tonón, quien hasta septiembre del 2021 fue el titular de la Obra Social, antes de ser removido por los desmanejos que se revelaron en este sitio y que luego fueron confirmados por una auditoría interna realizada por la propia Corte Suprema. Hoy, el caso está en manos de la Justicia Federal.

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Este enojo interno en la Obra Social se transparentó en una nueva filtración: según pudo confirmar NEXOFIN a través de dos fuentes internas a la prestadora, esta empresa cordobesa es la tercera sospechosa de haberse visto beneficiada por su cercanía con el dúo Tonón-Maqueda, y se sumaría a la investigación que lleva adelante la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

Implantes Quirúrgicos S.A. quedó en la mira por un contrato por 150 millones de pesos, siendo una de las pocas prestadoras médicas que eligió fuera de Buenos Aires a su proveedor de prótesis, teniendo en cuenta que su sede se encuentra en esa provincia.

Las otras dos empresas cordobesas que ya son investigadas en la Justicia por irregularidades en su contratación son Farmandat y Emergencia Médica Integral S.A.

El caso Farmandat

La primera de ellas se quedó con un contrato de  por 2.600 millones de pesos, luego que ofertara un precio superior a su principal competidora en la compulsa, que fue sacada de juego con artilugios impuestos por el propio Tonón.

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Muchos testigos recuerdan que Tonón -hoy investigado en la Justicia y hombre de máxima confianza del integrante de la Corte, Juan Carlos Maqueda- se hizo presente en persona en el acto de apertura de ofertas. “Fue a fiscalizar en favor de la empresa Farmandat S.A., hubo hasta gritos y presiones para que la ganadora resultara esta empresa cordobesa y no la rival, que había presentado una oferta menor”, reveló en octubre pasado a NEXOFIN un testigo directo de aquella jornada.

La otra competidora era la empresa Compañía de Servicios Farmacéuticos, que tras ofrecer una menor oferta, se vio sorprendida ante nuevas observaciones y avales que no estaban contemplados en los pliegos originales. “Tonón se encargó directamente de tomar las observaciones que había hecho Farmandat S.A. y las trasladó por escrito a la otra compañía, que quedó luego fuera de la competencia”, recordó el mencionado testigo a este medio.

Con el fin de no perder el contrato por el cual había ofrecido el menor precio, la empresa Compañía de Servicios Farmacéuticos respondió a las llamativas solicitudes que fueran incorporadas después de la apertura de sobres. Sin embargo, el titular de la Obra Social habría ejercido presión sobre un grupo de técnicos para contar con un dictamen favorable para Farmandat S.A, según contó una fuente interna a NEXOFIN. Así lo recuerda un actual empleado de la Obra Social: “Los que tenían que dar el dictamen técnico son todos pibes contratados y sin estabilidad laboral, que se vieron apretados por el jefe máximo de la Obra Social y no les quedó otra que agachar la cabeza”. El dictamen al que tuvo acceso este medio aseveraba que Compañía de Servicios Farmacéuticos no contaba con la red de farmacias necesaria para dar cobertura medicinal a los casi 100.000 afiliados distribuidos en el país.

Pasaron sólo cuatro meses para que Tonón elevara el presupuetso inicial de $ 1.800 millones a $ 2.600.000 millones. De esa nueva licitación, sólo participó Farmandat S.A., que se quedó así con un negocio multimillonario. Finalmente, la adjudicación fue firmada el 10 de septiembre del 2020, y contó con las firmas de Maqueda y otros dos de los cinco jueces. Llamativo: en el documento, no se ven las firmas de dos ministros del Máximo Tribunal, acaso alertados ante las desprolijidades que atravesó el proceso.

Emergencia Médica Integral S.A.

La jueza María Eugenia Capuchetti tiene en su escritorio una denuncia por presunta malversación de fondos que jaquea a Tonón. Entre la documentación que maneja la magistrada, se encuentra otra contratación llamativa por parte de la Obra Social: la empresa cordobesa Emergencia Médica Integral S.A. se quedó, de manera ininterrumpida, con contratos por el servicio de ambulancias, pese a no contar con las mínimas condiciones de contratación, según reveló una auditoría interna reciente revelada por NEXOFIN.

La Comisión de Preadjudicaciones de la Corte Suprema -mediante el dictamen 368/21 al que tuvo acceso NEXOFIN– reveló que esta empresa es totalmente insolvente e incumple con gran parte de las condiciones para ser contratada. Pese a ello, se quedó con contratos anuales de hasta 1.000 millones de pesos.

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Polo Obrero: denunciaron a dirigentes que reconocieron retener un dos por ciento de los planes

El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó la causa penal contra Gabriel Solano y Eduardo Belliboni por los presuntos delitos de “amenazas y extorsión”

Novedades en el mundo judicial. El fiscal federal Guillermo Marijuan denuncio al legislador porteño Gabriel Solano del Partido Obrero y a Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero (PO) por los presuntos delitos de amenaza y extorsión porque “obligaban a las personas que reciben el subsidio ‘Potenciar Trabajo’ a hacer un aporte mensual” del 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social.

En una entrevista radial, Marijuan sostuvo que “existen informaciones públicas acerca de que se estarían pidiendo porcentajes de los planes sociales”, y agregó: “No se puede pedir exigencia alguna por estar, permanecer o conseguir un plan”.

El Polo Obrero había reconocido públicamente el cobro del porcentaje y explicó que lo destina a solventar los gastos en alquileres, servicios y alimentos de los comedores de la organización. Señalaron que se trata de un aporte voluntario votado en asambleas.

“Esto tiene que ver con la falta absoluta de control que existe por parte del Estado Nacional respecto de la situación de las personas que tienen planes sociales”, dijo el fiscal. En la misma línea, afirmó: “Llegamos a esta situación donde muchas personas están registradas para recibir un plan social y no tienen el debido control”.

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Marijuan también habló sobre quién controla los beneficiarios de planes sociales: “En la norma actual el Estado nacional le delega a organizaciones no gubernamentales el control de estos planes”.

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La denuncia recayó en el juzgado de la jueza federal María Servini y la causa quedó registrada con el número 2078/2022.

“Solamente de manera provisoria, las conductas habrán de encuadrarse en los delitos de amenaza y de extorsión”, indicó el fiscal. “Según se desprende de la información periodística, los beneficiarios del plan ‘Potenciar Trabajo’ deben entregar a punteros políticos, en forma mensual, la suma de $500 de los $19.000 que cobran, debiendo además asistir a manifestaciones”, abundó.

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Ganancias y Bienes Personales: la Justicia ordenó a la AFIP suspender los vencimientos

Una jueza federal aceptó una medida presentada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, que había pedido aplazar las presentaciones previstas para los próximos días

Novedades en material judicial: la Justicia aceptó el amparo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño para que se aplace el vencimiento anual del pago y la presentación de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales establecido para los próximos días.

La jueza Macarena Marra Giménez dispuso que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) postergue esta fecha.

En su decisión, la magistrada declaró “formalmente admisible la acción colectiva deducida” y reconoció “idoneidad al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como representante del colectivo involucrado en defensa de los derechos de los/las profesionales matriculados/as en Ciencias Económicas en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Además, ordenó “establecer como objeto procesal de la causa que se ordene a la AFIP-DGI prorrogar el vencimiento de la presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas del impuesto a las ganancias – incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto sobre los bienes personales del Período Fiscal 2021 de las personas humanas cuyo vencimiento está previsto actualmente para los días 23 a 27 de junio, hasta después de transcurridos 60 días desde que fueron puestos a disposición los sistemas web necesarios para cumplir dicha labor, es decir a partir del día 12 de julio en adelante”.

Denuncian penalmente a José Luis Espert por proponer “meter bala” a los mapuches

“Atento la proximidad del vencimiento de los plazos para la presentación de las declaraciones juradas involucradas -para los días 23 a 27 de junio-, y de conformidad con las facultades otorgadas por el art. 4 inc. 1º párrafo 3º de la Ley 26.854, corresponde ordenar como medida interina y hasta tanto se resuelva la medida cautelar peticionada en autos, la suspensión del vencimiento para la presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas del impuesto a las ganancias – incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto sobre los bienes personales del Período Fiscal 2021 de las personas humanas, establecido por la Resolución General AFIP Nº 5192/2022″.

Además, dispuso requerir “a la demandada Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva (AFIP-DGI) que, en el término de 3 días, produzca el informe previo establecido por el art. 4º de la Ley n° 26.854 y la publicación en su página web institucional de los datos de la presente causa, su objeto y la medida interina que aquí se ordena”.

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Denuncian penalmente a José Luis Espert por proponer “meter bala” a los mapuches

El diputado liberal había respondido a preguntas de sus seguidores en redes sociales sobre el conflicto con los pueblos originarios en la Patagonia y los tildó de “son falsos mapuches y terroristas”.

El diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert, fue denunciado en la Justicia por “apología del crimen e intimidación pública”, luego de que se expresara en las redes sociales en contra de las protestas mapuches en el sur argentino y pedir “encarcelar o meter bala” a los manifestantes.

Las declaraciones del legislador se dieron días después del ataque en Chubut que se vincula a la organización Resistencia Ancestral Mapuche, cuando en un vivo de Instagram, ante la consulta de una seguidora: “cómo resolverías la situación con los pseudo mapuches en nuestra Patagonia?”, el economista respondió: “Yo creo que hay que declarar un Estado de sitio en esa zona, encarcelar o meterle bala a los mapuches si se resisten”.

En realidad no son mapuches, son falsos mapuches, son terroristas”, prosiguió en su vociferación el Diputado. Sus palabras iniciaron una catarata de opiniones, a favor y en contra de este tipo de expresiones que fomentan el odio.

En ese sentido, el diputado provincial de Unión de los Neuquinos (UNE), Mariano Mansilla, denunció penalmente al legislador por “apología del crimen e intimidación pública”.

Mansilla formalizó la presentación ante la Oficina de Recepción de Denuncias de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ya que consideró que “los dichos de Espert encuadran perfectamente en lo establecido en el artículo 212 del Código Penal y también constituyen apología del crimen por lo que podría ser investigado de acuerdo a lo previsto en el artículo 213 del mismo Código”.

Las expresiones de Espert no hacen más que estigmatizar al pueblo mapuche y desconocer profundamente su cultura”, señaló el diputado sureño, que se mostró muy molesto por este tipo de insinuaciones.

Por su parte, Espert hizo eco de las denuncias, a través de sus redes sociales en donde publicó el video y escribió: “Buscate un trabajo digno Mansilla”. A lo que el legislador neuquino respondió: “Laburo desde pibe, búscame en la Afip hace 25 años que ejerzo una profesión liberal. De cualquier manera que tiene que ver con que pidas balas contra cualquier otro grupo de argentinos. Es un delito. Espero no te escondas en los fueros, que no son para eso”.

En cuanto al hecho que desató la furia del economista liberal y ex candidato a Presidente, aun se investiga el supuesto atentado y la aparición de panfletos de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que fueron encontrados entre los restos de un incendio que destruyó la cabaña donde funcionaba la Dirección de Bosques, en el paraje El Pedregroso, ubicada sobre la ruta 40 de Chubut.

 

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