Ley de Medios

Ley de medios: llegó a la Justicia una pelea de cableros pymes y cooperativas

Pequeños empresarios denunciaron a integrantes de los consejos de administración de dos cooperativas que se lanzaron a dar TV paga por "dañar" sus redes y "capturar" sus abonados

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La guerra silenciosa desatada entre pymes de la TV por cable y cooperativas de servicios públicos del interior del país tras la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual llegó a la Justicia penal: pequeños empresarios denunciaron a integrantes de los consejos de administración de dos cooperativas que se lanzaron a dar TV paga por “dañar” sus redes y “capturar” sus abonados. El escarceo había comenzado en 2009, durante el debate previo a la aprobación de la ley y se fue profundizando con los permisos que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) fue entregando a las cooperativas para operar en estos mercados.

En el sector cooperativo creen que podría ser el comienzo de una oleada de acusaciones similares que los cables lanzarían para frenar su crecimiento en la TV por cable. En tanto, los cableoperadores acusan a las empresas de capital social de competencia desleal y depredatoria por subsidiar el cable con recursos provenientes de actividades monopólicas, como la distribución eléctrica o la telefonía.

El 26 de diciembre pasado, Dante Gigena, dueño de Televisión Cable Color TVCC SRL, de Villa del Rosario, Córdoba, denunció penalmente al presidente, el secretario y la secretaría de la Cooperativa de Servicios Públicos local (Coovilros ), Edelmiro Prandi, José Luis Riviere y María Rosa Pavón, respectivamente, que fueron imputados por “daños a las redes de cable” de la empresa, que los acusó de cortarles los cables, desconectar los abonados al cable y reconectarlos al servicio cooperativo. Además, en el marco del expediente 504837, el fiscal de Río Segundo, Luis Nazar, dictó una orden de restricción que obliga al personal técnico de la cooperativa eléctrica a concurrir acompañados de la policía cada vez que operen sobre sus propios postes, de los que se sostiene el cableado de la empresa pyme.

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Los directivos tampoco pueden acercarse a Gigena, que con anterioridad, en las jornadas de la TV por cable, había denunciado públicamente a la misma cooperativa a la que había acusado de “monopólica”, por operar en once servicios públicos distintos, y a la que responsabilizó “descolgar y tirar al suelo los cables” de TVCC. Según dijo Gigena a la nacion: “Desde agosto, la cooperativa está dando el servicio de TV por cable sin tener habilitación definitiva, algo que hemos denunciado administrativamente ante la Afsca y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)”.

“Esto empezó como un tema aislado pero ahora está extendiéndose. ¿Será una nueva forma de restringir a las cooperativas amenazando a sus consejeros con denuncias penales, como hacía la vieja ley que los obligaba a responder con sus patrimonios personales?, advirtió Marina Rosso Siverino, gerente de Titicom, una consultora que gestiona permisos ante la Afsca para estas empresas.

El presidente de la Coovilros recibió la licencia para dar TV paga de manos de la propia presidenta Cristina Kirchner, pero debido al enfrentamiento con TVCC la cooperativa no logró aún la habilitación de la Afsca para dar el servicio. La denuncia penal de Gigena contra los directivos de las cooperativas fue imitada en los mismos términos por los propietarios de TV5 Cablesat Luque, contra la Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales de esa localidad, en Córdoba. Sin llegar a la puja judicial, en la provincia de Santa Fe, Cablenet (de San Vicente) no puede extender su servicio a la vecina Gdor. Gálvez porque la cooperativa eléctrica de esa localidad se niega a alquilar sus postes, algo a lo que está obligada.

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En la provincia de Córdoba nació y se hizo fuerte la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (Colsecor), entidad que funciona como pull de compras para cooperativas y pymes de todo el país. Colsecor es la versión cooperativa de Red Intercable, empresa que cumple la misma función para el sector pyme y que, sumando todas sus asociadas, es el cuarto cableoperador del país. TVCC y TV5 integran esta última empresa.

Las cooperativas están obligadas a alquilar el uso de sus postes de electricidad a los cableoperadores para que éstos cuelguen sus redes, pero les exigen a estos últimos que por esa red sólo ofrezcan TV paga y no sumen banda ancha y telefonía, servicios que pueden brindarse por el mismo cable. Las peleas por los postes son anteriores a la ley de medios pero se profundizaron tras su aprobación, que permitió a las cooperativas de servicios públicos ingresar en el negocio.

Unas 98 cooperativas recibieron licencias para dar TV paga pero hasta ahora sólo tres comercializan el servicio, y una sola compite contra un jugador importante: la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa (La Pampa), que tiene 9000 conexiones y tiene en frente a Cablevisión (Grupo Clarín). “El escollo principal fue el trámite en general. Primero la CNDC, luego el aspecto técnico (autorización de la tecnología IPTV). Después la aprobación de la carpeta técnica y por último la habilitación que aún falta en muchos casos. Cada uno de estos pasos lleva meses de gestión. También tuvimos que resolver otros temas, como la compra de los decodificadores, ya que una cooperativa sola no tiene volumen suficiente”, explicó Darío Oliver, presidente de Telpin (Pinamar) y de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel), que asocia a varias entidades en un proyecto común que debía estar funcionando en 2011. Algunas cooperativas evalúan presentar un amparo judicial para poder empezar a operar.

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“Estamos trabajando en debatir la unidad mínima sustentable en las localidades más chicas, teniendo en cuenta el marco normativo de la ley (?) La norma nos involucra a todos y se aplica equitativamente a todos los actores, pero tampoco es boba, por lo que veremos las posibilidades en cada caso”, dijo esta semana en Córdoba, durante el encuentro NPlay, el director de Administración, Gestión y Desarrollo de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Afsca y concejal kirchnerista de Ituzaingó, Daniel Larrache.

Aunque la principal disputa judicial en torno de la ley de medios, la pelea del gobierno y el grupo Clarín, se cerró definitivamente tras el fallo de la Corte Suprema que declaró constitucionales cuatro de sus casi 200 artículos, la norma sigue recorriendo los tribunales. Otra demanda de inconstitucionalidad planteada contra el artículo 151 por organizaciones de pueblos originarios espera un primer fallo, y medidas judiciales en otras causas impiden la aplicación de la norma en algunos casos, como el grupo Manzano-Vila.

 

Fuente: La Nación

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