Judiciales

Descubren que los empleados de Greppi están vinculados con los casos Ciccone y Madres

Denuncian que en la financiera allanada por Oyarbide trabajaban personas relacionadas con empresas investigadas por corrupción y por la mafia de los remedios

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El caso que envuelve al juez Norberto Oyarbide y al segundo de Carlos Zannini, el subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, por un allanamiento a una financiera sigue creciendo. Ahora, jóvenes que trabajaban en la mutual allanada aparecen como ex empleados de empresas mencionadas en los principales escándalos judiciales del kirchnerismo: el caso Ciccone, el de la Fundación Sueños Compartidos y la causa de la “mafia de los medicamentos”.

La defensa de los policías acusados de pedir coimas durante ese allanamiento denunció que el dueño de la mutual de crédito allanada, Guillermo Greppi -amigo de Liuzzi-, montó un entramado societario valiéndose de sus empleados como directivos de empresas para abrir cuentas bancarias y cambiar cheques con beneficios impositivos. Y aseguró que varios de esos empleados trabajaron antes en firmas investigadas en causas en las que está acusado el vicepresidente Amado Boudou, en las que fueron indagados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y el caso donde está acusado el sindicalista José Zanola, por percepción indebida de fondos públicos.

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Pero la defensa de Greppi rechazó estas acusaciones: dijo que no debe hacerse una lectura suspicaz de estos vínculos y denunció que todo es una operación de la abogada de los policías para “embarrar la cancha” y desviar el objeto de investigación: que un grupo de policías pidió coimas.

La abogada Valeria Corbacho, que defiende a los policías Fabio Ascona y Ángel Castro, pidió no obstante verificar en la causa de Sueños Compartidos -que investigó Oyarbide hasta que se la sacaron por su irregular tramitación- los vínculos de empleados de Greppi con empresas que cambiaron cheques. Corbacho sospecha que el juez ya conocía que Propyme estaba ligada a Greppi, pero que dispuso el allanamiento por error y por eso lo interrumpió. La defensa resaltó que los empleados no mencionaron el vínculo societario que tenían con Greppi y otras empresas cuando declararon como testigos.

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“Se crearon empresas, se puso a cargo a simples personas que son empleados, y únicamente son utilizadas para abrir cuentas bancarias y depositar y mover millones de pesos en cheques, libres de impuestos o con una alícuota reducida, generando con ello un fraude millonario al Estado nacional”, sostuvo la abogada Corbacho ante el juez federal de Luis Rodríguez.

Los policías -para defenderse- investigaron a Propyme y a sus empleados y comprobaron que son directores o socios de firmas junto con Greppi o su abogado. Un cadete, por ejemplo, es socio en dos empresas supuestamente beneficiadas con descuentos en el impuesto al cheque.

Los policías investigaron que empleados de Greppi -Gisela Dertinopulos, Gabriela Fernández y Gustavo Constantino Tsiaculas- se desempeñaron en Cabaña Agropecuaria del Zonda, “una empresa a la que se habrían desviado ilícitamente aproximadamente 50 millones de pesos en transferencias de fondos públicos nacionales destinados a la construcción de viviendas sociales”.

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Y Vanesa Noelia Dertinopulos y Facundo Bogado, empleados de Greppi, estuvieron en Agropecuaria Monte León, receptora de unos 25 millones de pesos. Lorena Claudia Agosta trabajó en London Supplay, firma que puso el dinero para levantar la quiebra de Ciccone.

Por otra parte, Silvina Galin -empleada de Propyme- trabajó en la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal y en Amirante Galitis Sociedad de Bolsa, “investigadas en la causa conocida como la mafia de los medicamentos”.

Para los policías, los dueños de estas firmas son, “por lo general, personas reclutadas de bajos recursos y con limitaciones intelectuales, permaneciendo los verdaderos dueños en el anonimato”.

“Es evidente que se trata de un mismo grupo de personas que presta su nombre y sus servicios para Greppi”, concluyeron.

 

Fuente: La Nación

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