Paros y protestas

El Gobierno amenazó con descontar el subsidio a empresas que paren el jueves

Para la UTA, el gremio de los colectiveros, esa amenaza oficial sobre descuento de subsidios, "son declaraciones con las que el Gobierno busca seguir confrontando; no ayudan en nada"

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El Gobierno amenazó hoy con descontar el subsidio que brinda al autotransporte de pasajeros a las empresas que no presten el servicio el jueves con motivo del paro, mientras que Hugo Moyano aseguró que la huelga “va a tener una adhesión muy importante”.

El funcionario en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada señaló que una “comisión de especialistas” emitirá un “dictamen” antes del día del paro para establecer las “garantías” mínimas que deben existir ante la medida de fuerza del sindicalismo opositor.

“La decisión en relación al sistema de transporte público de pasajeros es que, si hay paro, se descontará el subsidio en el día a todos aquellos transportes en virtud de la no prestación del servicio”, advirtió Capitanich.

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Moyano, por su parte, subrayó que el paro convocado por su central obrera y la CGT Azul y Blanca “va a tener una adhesión muy importante” por el “malhumor” con el Gobierno por la “inseguridad inusitada” además de la “inflación” y la “falta de paritarias libres”.

“Si bien toda la sociedad está padeciendo el tema de la inseguridad, lo del trabajador es más grave porque, a cualquier horario, cuando se dirigen al trabajo son asaltados, golpeados, les cortan los dedos, como a los colectiveros”, argumentó.

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Para la UTA, el gremio de los colectiveros, esa amenaza oficial sobre descuento de subsidios, “son declaraciones con las que el Gobierno busca seguir confrontando; no ayudan en nada. De de otra forma ya nos hubieran llamado a sentarnos a conversar con todos los sectores incluido”, aseguró a DyN el vocero de ese sindicato Mario Caligari.

El paro, según Moyano, “va a tener una adhesión muy, muy importante”, mientras que la huelga contará también con la participación de la CTA de Pablo Micheli y afectará al transporte, el autotransporte, los cajeros automáticos, el abastecimiento de combustibles y la recolección de residuos, entre otros servicios.

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Por su parte, Capitanich precisó que “la ley 25.877 prevé la integración de una comisión de garantías con especialistas en derecho colectivo que se designan a propuesta de la CGT, la UIA, la CTA y universidades, para analizar los derechos de huelga, vinculado a la prestación de servicios” y que ella emitirá “un dictamen respecto al funcionamiento de los servicios públicos”.

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