Política

Cómo entender el procesamiento a Guillermo Moreno

La causa que compromete al ex funcionario del kirchnerismo se había iniciado en 2007. Se lo acusa además de “violación de secreto estadístico”

viernes 13 de abril de 2018 - 8:48 am

En las últimas horas, el ex secretario de Comercio Interior kirchnerista, Guillermo Moreno, fue procesado por manipulación de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC); también estarían implicadas dos ex funcionarias del organismo: Beatriz Paglieri y Ana Maria Edwin.

Moreno ya se había encontrado en esta misma situación, pero el mes pasado, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral lo absolvió, lo que en su momento llamó la atención.

Sin embargo, en noviembre del año pasado el fiscal Carlos Stornelli peticionó el procesamiento al ex secretario de Comercio Interior.

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Según el magistrado “ha quedado debidamente demostrado la imposibilidad de responsabilizar penalmente a los indagados por la comisión de ilícito alguno por no haberse vulnerado disposición legal alguna, al no haberse comprobado ninguna de las hipótesis denunciadas”.

Hoy, el funcionario en cuestión, se encuentra acusado de graves delitos, tales como: abuso de autoridad, falsedad ideológica de un instrumento público, violación de secretos y la destrucción de documentos oficiales, por lo que puede llegar a ostentar una pena de hasta seis años de prisión.

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Según el portal Tribuna de Periodistas, el juez federal, aparentemente, brindó una serie de aportes a las autoridades del actual Gobierno que no fueron muy convincentes y dejó cajonada la causa por lo que salvó a Moreno, en tanto, ahora la causa se sitúa en foja cero.

Básicamente, el fallo de Canicoba Corral, además de beneficiar a Moreno, benefició también al actual gobierno, porque si manipuló los datos, podía haber algún reclamo posterior de los tenedores de bonos vinculados a la inflación del índice, y esto podría obligar al gobierno argentino a tener que afrontar demandas judiciales por cerca de 20 mil millones de dólares, por tanto, le permitió al Estado evitarse el pago de intereses.

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Esto último explicaría porque el oficialismo no tomó cartas en el asunto, ni ayudó a la investigación de marras.

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