Política

Antes de la marcha de Moyano, Macri extiende su ofensiva a otros sindicatos

Jefes de la CGT enfrentados al camionero también están en la mira del Gobierno; denuncian que se frenan pagos a obras sociales y que se demoran acuerdos salariales

Macri

La noche del 29 de noviembre de 2017 la historia entre los gremios de la CGT y Hugo Moyano dio un giro, basado en un versión inquietante, secreta pero finalmente equivocada, que le demostró al jefe de los camioneros que su futuro con el poder político entraba en una crisis profunda. El día se había terminado cuando desde el Ministerio de Trabajo llamaron a uno de los jefes sindicales que más afinidad tiene con Moyano. Le rogaron ayuda: “Nos dicen que el juez de Lomas de Zamora que lo está investigando por Independiente lo va a meter preso en cualquier. Por favor, decile al ‘Negro’ que nosotros no somos, no estamos impulsando esto. No tenemos nada que ver”.

A pesar de que pedía transmitir un mensaje obvio para cualquier democracia con división de poderes, el funcionario le sonó sincero. El histórico líder de la CGT que lo escuchó, y que conoció al padre del actual ministro Jorge Triaca, y que trabajó con él incluso en la gestión del ex presidente Carlos Menem, se sorprendió por esa comunicación oficial, pero informal. Era de noche, y tarde. Percibió el miedo gubernamental como verosímil y cierto. Llamó a Moyano.

Al otro día, el titular del juzgado de garantías N 8 de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, metió preso al vicepresidente de Independiente, Noray Nakis; y a uno de los custodios de los Moyano y barra brava del club, Roberto “El Polaco” Petrov. Según fuentes judiciales, Vitale también recibió llamados de diferentes sectores del poder, voces preocupadas por la posible prisión para Moyano. En los tribunales bonaerenses cuentan que el magistrado, en la intimidad, no se sorprendió: nunca había planeado encarcelar Moyano. Pero sí se convenció de que el ex el jefe de la barra del “rojo”, que había ordenado detener en octubre de ese año, Pablo “Bebote” Álvarez, tenía la suficiente influencia para generar, según creyeron en su juzgado, la “operación” política que hizo creer al Gobierno que Moyano podría terminar preso. El camionero se dio cuenta, en esas horas de tensión, de que el rumor era mentira.

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Pero percibió que debería enfrentar al futuro con la guardia en alto. Macri inició una embestida contra diferentes sindicatos que acaba de empezar, y que se extenderá por diferentes variables por un tiempo indeterminado.

El sindicalista al que los funcionarios llamaron para que le avise a “El Negro” de la posible pérdida de su libertad habló pero pidió que no se mencione su nombre: quiso evitar así tener problemas con Mauricio Macri. Desde ese día hasta hoy, las cosas cambiaron en la relación entre la Casa Rosada y Moyano.

El jefe no formal de los camioneros ahora sí está seguro de que el Gobierno quiere verlo derrotado, humillado y ofendido. “Bebote” terminó declarando ante la Justicia como arrepentido, y habló de los Moyano.

La diputada Graciela Ocaña amplió sus denuncias contra el manejo de los negocios del sindicato de camioneros.

Moyano organizó una marcha en defensa de sí mismo el 21 de febrero. Así podría modificar el escenario, aunque con riesgos. Una cosa será un Moyano triunfante tras una movilización multitudinaria y evidentemente “camionera”. Y otro horizonte se abriría si la marcha no convoca a los afiliados a ese gremio de a decenas de miles. Más allá de eso, será apoyado por flamantes aliados: movimientos sociales, la CTA y hasta La Cámpora.

La CGT le quitó el apoyo a Moyano. Mañana el propio Luis Barrionuevo y su CGT Azul y Blanca podrían anunciar que no marcharían junto a “Hugo”. ¿El motivo? “No tenemos nada que hacer al lado de La Cámpora o los piqueteros de izquierda”, resumió uno de los sindicalistas más fieles al gastronómico, el secretario general de los estacioneros de servicio, Carlos Acuña.

El equipo de Macri jura que no opera en la Justicia contra los sindicatos. Pero Moyano cree que fue por algo que “Bebote”, el ex jefe de la barra de Independiente, se decidió a hablar como un “arrepentido” contra él y su hijo Pablo. ¿Todo lo que dice es cierto? Lo determinará la Justicia.

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El Gobierno analiza el flujo de fondos millonarios que pudieron moverse entre la mutual de Camioneros y el club Independiente. Si existieron transferencias entre un organismo y otro, Moyano podría quedar realmente complicado en los tribunales. Pero eso es aún materia de investigación.

El plan ofensivo de Macri contra los sindicatos es eso, un plan.

Los jefes gremiales se quejan, siempre en privado, que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) dejó de girarle la plata que le pertenece a las obras sociales sindicales, por ejemplo. Es el método Kirchner. A los opositores, ni una moneda.

El año pasado, Macri había impulsado la renuncia del ex titular de la SSS, Luis Scervino, el mismo día que la CGT hizo una huelga general.

Fue una señal inequívoca de que la relación entre la central obrera y la Casa Rosada se rompería si los gremios no se alinean con el oficialismo.

Más allá de que apoyen o no a Moyano en su marcha del 21, la CGT arde en críticas a Cambiemos.

Son cada vez más los sindicatos que elevan quejas al Ministerio de Trabajo porque no se cumplen diferentes convenios que el organismo estatal había homologado con los representantes de los trabajadores.

Incluso, paritarias.

Es la queja de los bancarios, de Sergio Palazzo, por ejemplo.

Los jefes de la CGT dejaron de confiar en uno de sus interlocutores oficiales que más conocen, incluso, algunos, desde que era un chico: el ministro de Trabajo, Triaca. Para ellos es imperdonable que el funcionario haya nombrado a una ex empleada de su hermano, Sandra Heredia, en el intervenido Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). El ex secretario general de ese gremio, Omar “El Caballo” Suárez, está preso, acusado de usar la plata de su sindicato para sus negocios privados.

El SOMU sigue intervenido por el Gobierno a pesar de que pasó la fecha que se prometió como inicio de su normalización.

Los abogados que están involucrados en el caso afirman que la intervención gubernamental debería haberse terminado en diciembre. Y acusan a la Casa Rosada de extenderla para debilitar la fuerza de la CGT.

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Algo parecido ocurre con la obra social de,l gremio de portuarios. ¿Por qué todavía no se normaliza?

Largas lenguas gremiales: en la CGT afirman que quien maneja esa obra social es pariente del juez que debe decidir sobre ese misma organización de salud, Rodolfo Canicoba Corral, y agregan que en la fecha en que debía terminar con esa intervención, el magistrado vacacionaba en una mansión alquilada en José Ignacio, departamento de Rocha, Uruguay.

En la central obrera se quejaron ante el ministro Triaca porque ya se celebraron elecciones en el SOMU y el ganador fue Raúl Durdos, que nunca pudo asumir como secretario general del gremio.

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Una de las medidas que prometió Durdos es que realizaría una auditoría del SOMU para conocer cómo se manejó la intervención, y Suárez también.

El Gobierno, por ahora, no lo permite.

En la CGT están convencidos de que eso ocurre debido al escándalo Triaca.

Hay, además del SOMU, otro sindicato intervenido que, según líderes de la CGT, debería haberse normalizado, igual que el SOMU.

Uno de ellos es la Unión del Personal Civil de Seguridad (UPSRA).

El semanario Perfil publicó un artículo sobre el ex interventor, Roberto Porcel (que también tuvo cargo en el SOMU) en el que se denunciaba que también durante esa gestión gubernamental en el sindicato se habían nombrado a empleados políticos.

Porcel renunció a sus puestos en UPSRA y en el SOMU.

Moyano dice en la intimidad que irá a fondo contra el Gobierno y anunció que lo denunciará por persecución ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sobre la pesquisa en Independiente, casi no habla.

Macri, que al menos desde diciembre de 2016 tenía planeado modificar los convenios de los sindicatos, espera y aún confía que podrá conseguir los votos para sancionar en el Congreso la reforma laboral.

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