Policiales

La clínica de abortos que funcionaba en un hotel de lujo a metros del Obelisco

Un vidriero y un gasista santafesinos fueron arrestados por regentear un quirófano en el hotel Las Naciones sobre la calle Corrientes junto a una presunta médica: una mujer que interrumpió su embarazo allí cuenta su experiencia

hotel aborto

Carla ve un tuit en la pantalla de un teléfono en una mesa de un bar céntrico. Es una suerte de referéndum para tiempos de cambio. Jorge Rial lanzó la pregunta el 2 de febrero pasado: aborto legal, seguro y gratuito, ¿sí o no? Más de 100 mil personas contestaron con su voto. 87 por ciento de ellas a favor, 17 por ciento en contra. “Es muchísima gente”, dice Carla, “pero cuando lo hacés estás sola al comienzo, estás sola en el medio. Y estás sola al final. Nadie te acompaña en el silencio.”

El hotel Las Naciones, con su calificación de cuatro estrellas y sus banderas de países del mundo que ondean sobre la avenida Corrientes, a metros del teatro Gran Rex y a poco más de una cuadra del Obelisco, es un pequeño clásico secreto para los buscadores de prostitución VIP en Buenos Aires: un operativo ordenado en 2014 a por el juez federal Luis Rodríguez detectó a más de 20 mujeres. El 28 y el 29 de octubre pasado, la división Delitos Contra La Salud de la Policía de la Ciudad irrumpió en dos habitaciones de los pisos cuarto y quinto del hotel tras un año de investigación a cargo de la Fiscalía N°19, en ese entonces a cargo de la doctora Graciela Bugeiro -hoy jubilada, la misma que tuvo a su cargo el caso de la mujer quemada en Puerto Madero– bajo la firma del juez Rodolfo Cresseri: encontraron una clínica de abortos clandestina y completamente funcional, prolijamente montada en pleno centro porteño, a cinco minutos a pie de la Casa Rosada. Fernando T. y Juan G., vidriero y gasista oriundos de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, estaban allí: quedaron detenidos como sus presuntos regentes.

Instrumental y analgésicos de uso veterinario encontrados en la clínica.

Instrumental y analgésicos de uso veterinario encontrados en la clínica.

Los algodones ensangrentados que indicaban procedimientos recientes se acumulaban en un tacho bajo un potro ginecológico recubierto en cuerina marrón, con un ecógrafo portátil a su lado, instrumental quirúrgico, medicación y sustancias como el sulfato de atropina, un fuerte preanestésico y antiespasmódico empleado en casos de envenenamiento en perros. Todo se parecía a un consultorio médico de cualquier clínica. Una supuesta médica conocida por investigadores como “la doctora María” era la responsable de practicar los abortos, la especialista detrás del potro. No fue encontrada y elude a la Justicia hasta hoy, su nombre y su número documento todavía son desconocidos.

El precio por interrumpir un embarazo de forma quirúrgica en el hotel Las Naciones: 27 mil pesos. “Yo aborté ahí”, dice Carla, “con la doctora María. Llevé 27 mil pesos en efectivo, todos en mi bolsillo. Tenía un embarazo de cuatro semanas.”

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Carla, de poco más de 30 años, porteña, empleada estatal, había tomado la decisión ella misma en septiembre del año pasado. Luego se la comunicó a su pareja, que se ofreció a acompañarla. “Empecé a investigar, no tenía información, no sabía”, asegura. Su embarazo recién comenzaba: podría haberlo interrumpido con medicación mediante el uso de misoprostol, una sustancia comercializada como Oxaprost por el laboratorio Beta, empleado como medicación gástrica e históricamente un secreto a voces entre médicos y mujeres y farmacéuticos y organizaciones pro-aborto para interrumpir embarazos en estados temprano. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda su uso en su Manual de Práctica Clínica Para un Aborto Seguro, bajo supervisión médica. Carla, en cambio, optó por un aborto quirúrgico. “Yo ni sabía que el misoprostol existía”, dice: “La desinformación para las mujeres es total, no hay divulgación, es todo clandestino”. Así, sin saber que existía una vía menos traumática, Carla fue por algo mucho más riesgoso: un aborto quirúrgico.

Carla llegó hasta la clínica clandestina no a través de rumores boca en boca, no a través de encuentros oscuros en bares con hombres igualmente oscuros, sino a través de un sitio web alojado en un dominio español, con su correspondiente página en Facebook y un número de contacto en WhatsApp. Los santafesinos operaban bajo el nombre online de Ginofem: usuarios en foros y conversaciones online se refieren a ellos al menos desde abril de 2015. “Un embarazo no deseado es un acontecimiento frecuente, que llega casi siempre inesperado y no deja tiempo de prepararse. Hay situaciones en que las mujeres deciden bastante rápido. A veces la decisión no es fácil y se necesita de tiempo así como de una conversación con personas de confianza”, dice el sitio web que continúa hasta hoy, en una suerte de eufemismo. La tarifa de 27 mil pesos que le cobraron a Carla no figura en ningún lugar de la página.

“Encontré la página y los contacté. Me pidieron una ecografía y nada más, no me dijeron que me haga un análisis de sangre, nada. La comunicación tardó una semana”, asegura. Tenía que seguir una simple de serie de pasos desde la avenida Corrientes. Carla apunta a Juan G., el gasista santafesino detenido por la Policía de la Ciudad. “Hablé todo con él”, asevera. Fue Juan quien la citó, según ella, para esperarlo en el hotel luego de recibir su turno: debía esperar a un hombre de camisa blanca, pantalón de jean claro, pelo oscuro. Carla vio a la fuente en el lobby del lugar al llegar, a un guardia de seguridad. De allí, tomó un ascensor. Su pareja estaba junto a ella.

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Primero ingresó a una habitación en el cuarto piso, donde realizó el pago en efectivo con el dinero que llevaba en el bolsillo. Luego, subió al quirófano en el quinto. Su pareja no la acompañó. “María” la esperaba allí. “Bajita de estatura, tez oscura, fue muy amable conmigo”, la recuerda Carla. “María” se encargó de anestesiarla totalmente por vía endovenosa tras recostarla en la camilla y analizarla con el ecógrafo portatil; no había un anestesista presente, mucho menos una enfermera o asistente, solo “María”, sin placa que la identificara en su ambo, sin número de matrícula nacional, sin que Carla supiera si era una médica diplomada o una simple aventurada.

El procedimiento fue breve. “En veinte minutos abrí de vuelta los ojos”, dice Carla. Al despertar vio a “María” y a Juan G. “Vas a estar mareada un ratito y se te va a pasar”, escuchó. Le dieron analgésicos de venta libre, ibuprofeno, diclofenac, y la autorizaron a contactarlos solo por dos semanas.

Carla no tuvo complicaciones en las semanas que siguieron, ninguna inflamación o infección posterior, ninguna pérdida o sangrado. El silencio ya era suficiente. “Solo pude hablarlo con una amiga. Los que te opinan en contra te juzgan sin saber. Soy yo la que tiene que vivir con esto”, apunta Carla. “¿Y si a mí me pasa algo, quién responde? ¿A dónde puedo ir en la clandestinidad?”, se pregunta, con cierto enojo. La conclusión no está muy lejos: “Viva o muera, los que me hicieron un aborto ganaron su plata igual”.

Irónicamente, la Policía de la Ciudad llegó a Juan G. y al hotel de la misma forma que Carla. El expediente comenzó en 2016: la Fiscalía N°19 obtuvo el sitio de Ginofem y su número de WhatsApp y encargó tareas de inteligencia. Números de IP y domicilios de registro del celular llevaron a Santo Tomé. Una agente encubierta contactó al teléfono y logró agendar un turno.

La mujer policía recibió las mismas ordenes que Carla: debía esperar en la puerta del hotel Las Naciones a un hombre de pelo oscuro y camisa blanca, Juan. G. En paralelo, Fernando T. fue encontrado en la oficina del cuarto piso. Ninguno de los dos hombres había aparecido en la causa hasta ese momento. Fue una encargada del hotel la que señaló, quizás sin saberlo, el quirófano en el quinto piso. “Siempre alquilan una habitación acá arriba”, les dijo a los investigadores. La puerta de lo que sería luego el quirófano de la “doctora María” fue allanado al día siguiente con una orden del juez tras ser preservado con una consigna policial. “María”, si es que había estado, ya se había ido.

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Hoy, más de tres meses después, Juan G. y Fernando T. no solo que no fueron todavía indagados: estarían libres. No hay registro de sus nombres en el Servicio Penitenciario Federal, ni siquiera un paso por la Unidad N°28, la alcaldía de los tribunales de la calle Talcahuano, así como no hay un paso registrado por el Servicio Penitenciario de Santa Fe. Ninguno de los dos tiene antecedentes penales en el fuero porteño. La causa, con una feria judicial y una fiscal jubilada, continúa bajo la carátula de “averiguación de delito.” La posible imputación para los presuntos encargados de regentear la clínica del hotel Las Naciones es imaginable: ejercicio ilegal de la medicina, por ejemplo, un eventual homicidio culposo o doloso si es que se detecta. Pero los hombres supuestamente de la clínica no son los únicos que corren el riesgo de ir presos.

Carla, en verdad, no se llama Carla. Su nombre es una fantasía de conveniencia para esta nota. Su familia no sabe que abortó. No les contó todavía, no sabe si lo hará. Tampoco sabe si lo se lo dirá a la Justicia: puede terminar una celda si lo hace. En el allanamiento del 28 de noviembre, la Policía de la Ciudad encontró al menos varios documentos en la habitación del cuarto piso. “Consentimiento informado” era su título. Su contenido era sumamente curioso. En ellos, Ginofem obligaba a las mujeres que abortaban en su consultorio clandestino de deslindarlos de cualquier tipo de responsabilidad.

Al menos otras tres mujeres lo firmaron con su nombre completo. La Fiscalía N°19 habría usado estos documentos para identificar a las mujeres que visitaron el quirófano del hotel Las Naciones e imputarlas por ello. “No voy a corroborar esa información”, afirma una fuente en la Fiscalía N°19. Lo cierto es que la Policía de la Ciudad fue despachada a enviarle notificaciones a estas mujeres. Al menos una de ellas constituyó un abogado defensor particular en el expediente. En tiempos en donde el aborto legal, seguro y gratuito es debatido en el living de Intrusos, la causa de la clínica del hotel Las Naciones no solo abre el debate sobre la criminalización de los que lucran con el aborto clandestino, sino también la criminalización de las mujeres que deciden abortar.

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