Policiales

Cómo eran las maniobras del comisario acusado por un fraude millonario

Era el encargado de los arreglos a los patrulleros de la Federal; investigan facturas truchas por $ 2 millones

Miguel Muñoz

La empresa facturó más de $ 2.300.000 a la Policía Federal (PFA) por el reemplazo de las balizas y el kit de iluminación de 72 vehículos entre junio de 2016 y mediados de este año. Ahora se comprobó que la firma era ficticia y que las luces, en realidad, las instalaban los mecánicos de la Fuerza con repuestos de otra marca.

Esa es la maniobra por la que el jefe de la División Automotores de la PFA, comisario Miguel Andrés Muñoz (47), quedó detenido acusado de “defraudación a la administración pública, lavado de activos y otros” junto al cabo Gustavo Luis Sinchicay (44) y el auxiliar Javier Andrés Provini (47), y tres civiles, según informaron fuentes de la investigación.

Este viernes los tres policías se negaron a declarar ante el juez federal N° 8, Marcelo Martínez Di Giorgi, y el fiscal federal N° 4, Carlos Stornelli. Seguirán presos.

Muñoz había sido designado en agosto de 2015 al frente de la División Automotores. Una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad de la Nación advirtió que, desde mediados de 2016, para el cambio de las balizas de los móviles de la PFA se contrataba a la empresa “Tamales SRL”, pero que al trabajo lo hacían los mecánicos de la Fuerza.

La cervería "V8", en Villa Urquiza. Investigan si fue usada para blanquear dinero.

La cervería “V8”, en Villa Urquiza. Investigan si fue usada para blanquear dinero.

No bien fue creada en junio del año pasado, “Tamales SRL” comenzó a presentarse en los diez concursos que hubo hasta mediados de 2017 para reemplazar los kits de luminarias. Ganó todos.

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Los presupuestos oscilaban entre $ 29.500 y $ 39.500 por vehículo. Siempre tuvo un mismo competidor.

Luego se descubrió que las ofertas de esta segunda empresa eran ficticias. Tenían la misma razón social que el nombre de fantasía de una firma que sí existe, pero que tiene otra dirección y no concursaba.

Todo era un simulacro para terminar adjudicándole las reparaciones a “Tamales SRL”. Así, se facturaron arreglos de 72 móviles por $ 2.309.850.

La principal sospecha es que la empresa fantasma que cobraba trabajos que después hacían los mecánicos de la Policía está directamente vinculada al comisario Muñoz y sus dos manos derechas: el cabo Sinchicay y el auxiliar Provini.

Las escuchas telefónicas ordenadas por el juez Martínez de Giorgi arrojaron que Sinchicay mantuvo comunicaciones desde tres celulares distintos con un contador sindicado como el “cerebro” detrás de “Tamales SRL”, otro de los imputados en la causa.

Lo primero que detectaron los investigadores es que los domicilios que declaraba “Tamales SRL” no correspondían a esa empresa sino a otras que no tenían ninguna relación con el rubro: una cooperativa textil y un negocio de venta de films.

En tanto, Provini, mantuvo cerca de 300 comunicaciones con la esposa de Muñoz, que es una de las dueñas del bar “V8 Taller Cervecero”, ubicado en Avenida Congreso 5784, en Villa Urquiza.

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Ese local es uno de los dos lugares que fueron allanados el jueves. Inaugurado hace tres meses y después de una gran inversión en su ambientación, creen que el negocio funcionaba para blanquear el dinero proveniente de las facturas truchas.

Otra de las presuntas irregularidades que se investigan en torno al bar es si se extrajeron autopartes de patrulleros que debían ser dados de baja para usarlos en el decorado.

La mayoría de las luces del local están hechas con caños de escape y llantas de autos usados. El encargado de llevar estas piezas desde la División Automotores hasta el bar habría sido el auxiliar Provini.

Sin embargo, las maniobras no terminarían ahí. Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores es que “Tamales SRL” tiene una facturación mensual de 30 millones de pesos.

Por esa razón, ahora buscan determinar si, además de haber sido creada para la malversación de fondos de la División Automotores, es “una usina de facturas truchas”.

Y hay más puntos oscuros. “El perfil financiero de sus socios tampoco coincide con esos ingresos”, dijo una fuente del caso. Uno de los titulares, que está detenido, está registrado como trabajador autónomo categoría III. Es decir, con un ingreso mensual de hasta $ 15.000.

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La otra socia es una mujer que cobra dos planes sociales.

Los investigadores pudieron comprobar que esta metodología de constituir empresas con domicilios falsos y nombrar como titulares a personas de bajos recursos habría sido empleada en al menos otras dos compañías. Por eso, el caso podría tener aún más implicados.

Además del contador y el falso socio de la empresa fantasma, el tercer civil implicado en la maniobra es el que iba a retirar del banco la plata facturada a la Policía. Este viernes a la noche los tres continuaban declarando ante el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Stornelli.

Con la documentación secuestrada en los allanamientos realizados en la casa de Muñoz, ubicada en Bucarelli al 2900, el bar “V8 Taller Cervecero” y la División Automotores, los investigadores ahora analizarán todas las contrataciones realizadas por el comisario desde que asumió su cargo.

Fuentes del caso aseguraron que no se descarta que, además de las facturas truchas por las balizas, la maniobra se haya realizado con otras reparaciones.

El jueves fue allanada la sede de otro proveedor y secuestraron una computadora que tenía la contabilidad de la empresa. Ayer, la esposa de Muñoz, una abogada que prestaba servicios para la Policía Federal en otra área fue suspendida de la fuerza al igual que Sinchicay y Provini. Muñoz fue pasado a disponibilidad el jueves.

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