Corrupción

Sin justicia: la mitad de las investigaciones por corrupción está parada

Así se desprende de un análisis realizado sobre la base de la información recolectada por el Consejo de la Magistratura; en el 77% de los casos ni siquiera se indagó a los imputados

Burocracia, nulidades, apelaciones, manipulación política o, simplemente, el cajoneo de las causas: casi la mitad de los casos de corrupción en los juzgados de Comodoro Py están en punto muerto.

Así se desprende de un análisis realizado por el diario La Nación sobre la base de la información recolectada por el Consejo de la Magistratura para llevar a cabo una auditoría sobre el estado de las causas de corrupción en manos de la justicia federal.

Sobre más de 1000 casos de corrupción que están en trámite, el 46%, que involucran a funcionarios públicos y empresarios que ya fueron acusados e indagados por distintos delitos, están pendientes de resolución.

Es decir, el juez ya interrogó a los imputados, pero aún no tomó una decisión para avanzar. El número alcanza el 77% cuando se trata de causas en trámite (con distintos imputados), en las que los magistrados no dispusieron siquiera la citación a declaración indagatoria. Se transforman en expedientes que navegan así en un limbo jurídico y político.

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A la espera quedaron cientos de funcionarios, empresarios y otros personajes públicos como “rehenes” de una resolución judicial que probablemente atraviese varias décadas de su vida.

Los datos relevados hasta ahora por distintas ONG calcularon, en promedio, que el largo trámite de los grandes casos de corrupción demora unos 15 años.

Los expedientes, al momento en que el Consejo tomó la muestra -noviembre de 2016-, llevaban un trámite, en promedio, de cinco años en Comodoro Py.

Las explicaciones

“La Justicia es tolerante con el poder de turno y es feroz cuando esa gente deja el poder. En lugar de funcionar como una instancia de control del poder, la Justicia funciona como parte del juego al que debería controlar”, sostuvo el fiscal federal Federico Delgado, el más crítico del sistema. Coautor del libro La cara injusta de la Justicia junto con la periodista Catalina D’Elía, el fiscal cuestionó la burocracia que impera en Comodoro Py: “Se privilegia confeccionar un expediente prolijo por sobre solucionar el conflicto. Es una cuestión cultural: separan la ley de la Justicia”.

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Sólo los “agujeros negros” de Comodoro Py son capaces de hacer coincidir en su defensa a jueces y fiscales, ya que generalmente suelen dispararse acusaciones cruzadas por la demora de los expedientes.

“Sin dudas, hay jueces peores que otros. Pero aun así el mejor juez tendría malos resultados con este sistema. Es imposible ser eficaz en Comodoro Py. Es un sistema obsoleto”, sentenció uno de los magistrados que manejaron algunos de los expedientes más mediáticos y voluminosos del fuero federal porteño.

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Los tiempos del Código Procesal Penal son bastante más acotados de lo que expresan las estadísticas analizadas.

Después de tomar una declaración indagatoria, los jueces tienen 10 días hábiles para expedirse sobre la situación de los imputados.

Y una vez que se toma la decisión de procesar a una persona los magistrados tienen que elevar el expediente a juicio en un máximo de cuatro meses. Pero esos plazos, en la práctica, nunca se cumplen.

Comodoro Py se convirtió en los últimos años en otro de los centros de poder político. Los tribunales federales porteños tramitan 1114 causas de corrupción, que involucran a funcionarios públicos de todos los colores políticos. Todos están atentos a los movimientos de esos expedientes. En especial los jueces, que miden cada decisión con la agudeza de un ajedrecista.

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