Política

Procesamiento a Gils Carbó: el Gobierno busca reactivar el juicio político

Cambiemos entiende que es la más encumbrada operadora del kirchnerismo que aún conserva poder y que lo usa con fiscales leales para impulsar denuncias

Alejandra Gils Carbó

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó , jefa de los fiscales, quedó procesada por administración fraudulenta luego de que un juez entendió que urdió un plan con un funcionario a su cargo para direccionar la compra de un nuevo edificio de la Procuración por 44 millones de pesos y permitir que un intermediario cobrara una desmedida comisión de casi 8 millones de pesos.

La decisión fue firmada por el juez federal Julián Ercolini, que embargó los bienes de Gils Carbó hasta la suma de 7 millones de pesos.

Con este fallo, el oficialismo retomó la idea de impulsar el juicio político de la procuradora. Ésta es la resolución que esperaba el Gobierno para forzar su alejamiento, pues su mandato es vitalicio.

Según indica el diario La Nación, el Gobierno entiende que Gils Carbó es la más encumbrada operadora del kirchnerismo que aún conserva poder y que lo usa con fiscales leales para impulsar denuncias contra funcionarios de Cambiemos.

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Gil Carbó no reaccionó y, en cambio, dio a conocer anoche un comunicado de su abogado, León Arslanian, en el que dice que apelará porque -sostiene- lejos de perjudicar al Estado la compra del edificio lo benefició, y señala que le provoca “suspicacia” que el fallo se conozca antes de las elecciones del 22.

Además de a Gils Carbó, el juez procesó a Guillermo Alfredo Bellingi, subdirector general de la Procuración, quien llevó adelante la compra, y a Juan Carlos Thill, su medio hermano, que actuó como intermediario de la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados, que intervino en la operación.

Thill cobró la comisión de $ 7,7 millones, “exorbitante” para Ercolini, pues ascendía al 17 % de la venta, cuando lo usual es el 3 o 4 por ciento.

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Además fue procesado Adrián Fisher, encargado por Arfinsa, empresa del grupo Bemberg, dueño del edificio de la operación, y Bárbara Jaureguiberry, de la inmobiliaria.

Las pruebas que Ercolini enumeró para procesar a Gils Carbó se basan en el propio expediente de licitación direccionada y en un cruce de llamadas telefónicas en que se comprobó que desde un celular a nombre de Gils Carbó se intercambiaron mensajes de texto con otro teléfono a nombre de Arfinsa en julio de 2012, un mes antes de que la procuradora asumiera su cargo y antes de la operación.

La procuradora dijo a Ercolini que ese celular lo usaba su hija y que se comunicaba con un compañero del colegio, cuyo padre trabajaba en el grupo Bemberg.

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Otras pruebas que enumeró el juez es que a fines de 2012 Gils Carbó frustró la compra de otro edificio preadjudicado en la calle Piedras. Dijo que no llegaban a tiempo a concretar la compra y que se vencían las partidas presupuestarias.

Pero al mismo tiempo dijo que había conseguido transferirlas al año siguiente y ampliarlas, por lo que, para el juez, buscó frenar esa operación intencionalmente.

Dijo Ercolini que Gils Carbó, Bellingi y Fisher idearon y llevaron a cabo el plan para direccionar la compra del actual edificio.

De hecho, la inmobiliaria se registró como sociedad mediante un trámite urgente el día que Gils Carbó comenzó la licitación.

La inmobiliaria recibió $ 7.706.399,90 de comisión y, a su vez, Jaureguiberry abonó al productor de seguros Juan Carlos Thill, neófito en materia inmobiliaria, $ 2.969.252,97 por su supuesto asesoramiento.

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