Política

Empleo público en la Justicia: la “dedocracia” sigue digitando todo

No se implementó la ley que debe regular el acceso del nuevo personal a través de concursos y criterios objetivos

Justicia

En la mayoría de los fueros de la Justicia, los empleados y funcionarios se designan hoy a dedo a partir de vínculos familiares, amistosos o profesionales.

No se aplica un filtro objetivo que evalúe la idoneidad del aspirante para ocupar el cargo, según detalla el diario La Nación y frente a la falta de implementación de la ley de ingreso democrático e igualitario del personal judicial.

La ley se promulgó hace cuatro años y estableció un procedimiento de concurso, pero la Corte Suprema aún no la reglamentó.

Ni siquiera una recomendación del Comité de Expertos Anticorrupción de la OEA empujó a la Corte a instrumentar la normativa.

Ante la consulta por la falta de implementación de la ley, María Bourdin, la vocera de la Corte, dijo que “el régimen va a ser operativo cuando se agote el ingreso de la planta de interinos (provisionales) que existe en el Poder Judicial federal”.

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“Llevo 40 años luchando contra la arbitrariedad y el amiguismo. No sólo para los ingresos, sino también para el sistema de ascensos. En la justicia nacional del trabajo hubo un sistema de ingreso del personal por concurso desde 1960, pero con altibajos. En los otros fueros, la tradición fue siempre el ingreso a dedo”, dijo Roberto Guibourg, ex juez de la Cámara Nacional del Trabajo.

“El sistema de selección hoy es inexistente, seguimos como siempre. Es un sistema funcional, cada uno elige a quien quiere”, dijo Marcelo de Jesús, ex presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), quien presentó un informe ante el Comité de Expertos Anticorrupción de la OEA para, entre otras cosas, evaluar el sistema de contrataciones de los funcionarios y empleados dentro del Poder Judicial.

“Hay casos de personas que están presentando pronto despacho y la Corte Suprema de Justicia responde que se está evaluando el tema, pero ya pasaron casi cuatro años desde la promulgación de la ley. Hoy la situación de ingreso es como era antes: a dedo”, dijo Pedro Sisti, abogado colaborador de la Asociación de Derechos Civiles (ADC).

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Los jueces, fiscales y defensores son nombrados luego de superar concursos, que implican exámenes y oposición de antecedentes, pero no son los únicos que forman parte del servicio de justicia. Debajo de ellos se encuentra una larga lista de funcionarios y empleados.

“Ellos también tienen la obligación de ejercer sus funciones con honestidad, eficiencia, inteligencia y responsabilidad. Por lo tanto, el modo de seleccionarlos constituye un factor insoslayable para el buen funcionamiento de la Justicia”, dijo Guibourg.

La ley de ingreso democrático fue promulgada en 2013 como parte del paquete legislativo de democratización de la Justicia, promovido por el kirchnerismo.

Los ministerios públicos reglamentaron la ley para sus dependencias en cuestión de meses, pero la Corte no. Sólo dispuso que los tribunales mantendrían sus atribuciones para la designación y promoción de empleados hasta que se pudiera poner en funcionamiento el nuevo régimen.

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Otras regulaciones sobre las condiciones de nombramientos de empleados y funcionarios son escasas. Por ejemplo, el reglamento para la justicia nacional establece como único requisito para ser nombrado funcionario o empleado “ser mayor de edad”. Eso sí, se remarca que se “atenderá principalmente a la idoneidad de los candidatos”.

Así, la descripción del inicio de la carrera judicial y de los ascensos aparece acompañada por términos como “selección a dedo”, “discrecionalidad”, “hijo de”, “familiar de”, “padrinazgos”, “amigo de”, “nepotismo”, entre otros.

Incluso se ha creado un término para quienes practican la selección directa: “dedócratas”. Y otro para las personas que sin carrera logran acceder a los cargos más altos: “paracaidistas”.

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