Caso Maldonado

Caso Maldonado: ¿El Gobierno frenó una misión de la ONU?

El frustrado arribo de los expertos dejó en evidencia las diferencias que existen en el Gobierno sobre cómo tratar con la familia Maldonado y cómo abordar asuntos judiciales sensibles

Ssantiago Maldonado

Según informó La Nación, un ala del Gobierno bloqueó el arribo de un grupo de expertos de las Naciones Unidas (ONU) que iba a investigar la desaparición de Santiago Maldonado, evaluar cómo actuaron el Poder Judicial y la Casa Rosada y sugerir ideas para impulsar la búsqueda del joven desaparecido.

Aunque el ministro de Justicia, Germán Garavano, había aprobado la visita, se vio obligado a retroceder ante funcionarios referenciados con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien busca una salida que preserve a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y no afecte las elecciones de octubre.

Esas idas y venidas provocaron, además, que el representante para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh), Américo Incalcaterra, viajara dos veces desde Chile para firmar el acuerdo, pero debió volverse con las manos vacías.

Garavano protagonizó cruces con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien adoptó una línea de negociación más cercana al presidente Mauricio Macri, enojado con la cobertura periodística del .

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Las negociaciones para la llegada de los experto se dieron en unas seis reuniones. En la primera, el martes 29 de agosto, el ministro Garavano se reunió con Sergio Maldonado en La Plata, y recibió un petitorio de la familia para que autorizara la participación de los investigadores que trabajan con Coriolano en casos de violencia institucional y que el Estado ayudara con los gastos como querellante de la familia.

Dos días después, hubo una segunda reunión en el Ministerio de Justicia. Junto a Garavano estaban Avruj y la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Gabriela Quinteros, mientras que Incalcaterra viajó desde Chile para analizar el despliegue de los expertos.

Garavano asumió que el despliegue de esos expertos le reportaría dos beneficios al Gobierno: mostrar su interés por impulsar la investigación y hallar a los responsables, y, por el otro, evitar problemas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya en 2011, al condenar a la Argentina por la desaparición de Iván Torres, en Chubut, le impuso “garantías de no repetición”.

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Ese jueves 31, los equipos de Garavano, la ONU y los Maldonado avanzaron con la letra chica del acuerdo en la sede del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD). Pero ahí empezaron las trabas: el emisario de la Secretaría de Derechos Humanos pidió que en el borrador se mencionara esa dependencia por separado del ministerio, del que quería despegarse.

Al día siguiente, la cuarta reunión fue en la ex ESMA, cuando los Maldonado e Incalcaterra pensaron que cerrarían el acuerdo. Pero tras hacerlo esperar dos horas y media, Garavano recibió al representante de la Acnudh para comunicarle que debían retrasar la firma porque la Cancillería había planteado “dudas” sobre la inmunidad que el Estado debería darles a los expertos.

Garavano procuró restarle relevancia a esa demora. Afirmó que “el lunes” firmarían el acuerdo. Pero cosechó la inmediata corrección de un emisario de la Cancillería, que dijo que podría ser “el martes”, pero que no podía garantizarlo. Al enterarse, Sergio Maldonado enfureció e Incalcaterra se volvió a Chile.

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En Santiago de Chile, el representante de la ONU mantuvo la quinta reunión con el secretario de Derechos Humanos bonaerense y ex secretario ejecutivo de la CIDH Santiago Cantón, quien argumentó, en línea con técnicos de la Cancillería, que convocar al grupo de expertos no era la mejor opción porque afectaría la imagen internacional de la Argentina y que había una “diferencia abismal” entre el caso Maldonado y la desaparición de 43 estudiantes en México -donde sí intervino un grupo de ese tipo-.

El último encuentro fue en la Casa Rosada. Participaron Peña, Incalcaterra, Avruj, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Fulvio Pompeo, y Garavano, que llegó cuando ya se había decidido que no convocarían al grupo de expertos ni un observador internacional.

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