Sociedad

Un banquero que protegió el kirchnerismo, preso y condenado en EE.UU.

Se trata de Hernán Arbizu, un ex ejecutivo del JP Morgan; fue sentenciado por robo y defraudación bancaria

Ex banquero Hernán Arbizu

Hernán Arbizu, un ex ejecutivo del banco JP Morgan acusado por estafa y protegido por kirchnerismo, fue condenado el lunes pasado por un juez de Nueva York a la pena de 2 años y un día de prisión por los delitos de fraude, robo y defraudación bancaria y sustracción de identidad agravada.

Arbizu fue uno de los aliados más inesperados del gobierno de Cristina Kirchner. Llegó a participar de programas como 678, dar entrevistas a Luis D’ Elía y participar de numerosos actos K, buscando protección política para evitar ser enviado a los Estados Unidos, cuya Justicia había pedido su extradición en 2008.

Arbizu, argentino, de padre militar y oriundo de zona norte, había sido ejecutivo de la filial local del JP Morgan. Entre 2006 y 2008 trabajó en Nueva York, donde su propio empleador lo denunció por fraude bancario y desfalco en Estados Unidos a través de ocho maniobras de transferencia electrónica de fondos por hasta 5 millones de dólares. El modus operandi era sencillo: Arbizu sacaba sumas millonarias de cuentas de determinados clientes para reemplazar faltantes en cuentas de otros, a los que había estafado previamente. El primer desfalco, de 2,8 millones de dólares, lo denunció un empresario de Asunción.

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Cuando estalló el escándalo y Arbizu tenía indicios de que la justicia estadounidense ordenaría su detención, Arbizu armó una estrategia jurídica pero a la vez política y mediática. Volvió al país y se presentó ante la justicia local alegando que sus actividades en Nueva York eran supuestamente ilícitas aquí. Como una especie de “arrepentido” y ante el juez federal Sergio Torres, confesó buena parte de la maniobra por la que se lo buscaba. Pero le agregó otros condimentos para buscar protección política del kirchnerismo.

Así empezó un raid por medios de comunicación y por juzgados federales con una serie de denuncias sobre lavado de dinero, fuga de capitales y otras maniobras de distintos nombres del mundo empresario, político y social de la Argentina. Nombres que, casualmente, eran em muchos casos blanco de las campañas del kirchnerismo en su construcción dialéctica de los enemigos del proyecto nacional y popular. Obvimente, aunque Arbizu llegó a hablar de una lista de 500 clientes del banco, en sus denuncias siempre ocupaban un lugar central los directivos del Grupo Clarín.

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La estrategia de Arbizu tuvo poco sustento judicial –de hecho nunca logró demostrar la veracidad de las listas de clientes que mencionaba- pero fue muy útil a funcionarios kirchneristas como José Sbatella, ex titular de la UIF, que se sumaba a sus denuncias y las amplificaba. De hecho, el gobierno de Cristina Kirchner nunca concedió la extradición de Arbizu porque lo consideró un aliado, e incluso lo hizo declarar ante la bicameral que investiga de lavado de dinero y fuga de capitales.

Cada vez que el gobierno kirchnerista necesitó desviar la atención de las investigaciones en su contra acudió a los servicios de Arbizu. Cuando en 2013, Periodismo para Todos reveló la trama de la “ruta del dinero K”, Arbizu volvió a recorrer medios oficiales y paraoficiales acusando a Clarín de lavado de dinero.

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Claro que a partir de 2015 la estrategia distractiva se fue haciendo más difícil. En junio del año pasado, Arbizu sorprendió anunciando a través de su abogado Pablo Argibay Molina que había aceptado su extradición, por lo que viajó a Estados Unidos el 22 de junio escoltado por dos agentes del FBI, para ser detenido apenas pisara suelo norteamericano. La explicación no es extraña: este tipo de negociaciones que incluyen el reconocimiento de delitos por los imputados a cambio de reducción de penas son usuales en el sistema judicial norteamericano.

En efecto, el 15 de diciembre pasado, Arbizu –asistido por sus abogados Guy Lewis y Jeffrey Forman- se declaró culpable voluntariamente ante el juez Lewis Kaplan. Y esta semana, Kaplan dio el veredicto: una sentencia de 24 meses y un día de prisión efectiva.

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