Judiciales

Choferes de Uber, en el banquillo de los acusados

El máximo tribunal porteño decidirá si otorga una probation pedida por un conductor de la empresa

Uber

La publicidad en la vía pública, que apareció semanas atrás, mostraba un mensaje contundente. “Ganá hasta $ 40.000”, proponía la campaña lanzada por Uber para sumar más conductores a su plantilla. Fue una demostración de que la empresa no dejó de crecer y de captar clientes desde que desembarcó en la ciudad, a pesar de los obstáculos que encontró en el camino, muchos provocados por su controvertida irrupción en el mercado del transporte de pasajeros.

La polémica nunca se detuvo, a pesar de haber bajado el nivel de conflictividad respecto de los primeros meses del funcionamiento de la plataforma digital. Tampoco la batalla judicial que fue sumando capítulos y eventos hasta llegar, ahora, al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que en las próximas semanas deberá resolver dos medidas que podrían alterar el funcionamiento de la plataforma y la actividad de los choferes.

El máximo tribunal porteño tendrá la responsabilidad de dar un veredicto sobre la solicitud de una probation, o suspensión de juicio a prueba, pedida por la defensa de uno de los conductores imputado por violar el artículo 83 del Código Contravencional porteño, que castiga a “quien realiza u organiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público”.

Este beneficio, por el que a los imputados se les permite hacer tareas comunitarias y así evitar el juicio contravencional, se le concede a los “trapitos” investigados por violar el mismo artículo por el que se acusa a los choferes de Uber.

Por otra parte, el TSJ también deberá emitir una resolución sobre el pedido del fiscal de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, Martín Lapadú, que solicitó, meses atrás, que las empresas que prestan servicios de Internet en la Argentina bloqueen la página y la aplicación de la firma propietaria de la aplicación. La demanda pasó por varias instancias judiciales, incluidas apelaciones de ambas partes, hasta llegar al TSJ.

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Todo esto ocurre a pocas semanas de que empiecen los primeros juicios contravencionales contra choferes de Uber por violación de los artículos 83 y 74 (exceso en el límite de la licencia otorgada). Son 12 casos, que se suman a los cinco juicios abreviados que ya tienen sentencia en suspenso, para los que la fiscalía pide diez días de arresto efectivo y un año y medio de inhabilitación para manejar cualquier vehículo. Se espera que empiecen durante la segunda quincena de este mes.

Los pasos judiciales

En el caso del conductor, patrocinado por un abogado particular y no por el equipo legal de Uber, la defensa solicitó la probation que fue rechazada por el juzgado de primera instancia. La Cámara de Apelaciones consideró que “el dictamen del fiscal no resultó lo suficientemente fundado”, por lo que otorgó el beneficio antes negado. La última jugada la hizo Lapadú al recurrir al TSJ.

“Como fiscal de Cámara recurro al Tribunal por recurso de inconstitucionalidad”, explicó Lapadú. “El TSJ anularía el fallo de la Cámara y devolvería el fallo al juez de la primera instancia para seguir investigando. Pasaría unos meses”, agregó el fiscal que espera una resolución favorable.

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Pero si el TSJ le concede la probation al conductor se abriría un nuevo escenario para que otros imputados por las mismas contravenciones soliciten el mismo beneficio. Incluso aquellos que hoy ya tienen fecha para juicio oral. Este antecedente representaría un guiño para la empresa.

Mientras la Justicia avanza sobre los choferes, Uber, que prefirió no opinar sobre esta nueva jugada judicial, se defiende y trata de limpiar su imagen amparándose en “los dos fallos con sentencia firme que declaran que Uber es legal”, según fuentes de la empresa.

El primero de ellos corresponde a uno del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 13, que “desestimó una denuncia del Sindicato de Taxistas por asociación ilícita y aclaró que la actividad que realiza Uber es lícita”. El segundo proviene del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, que sostuvo que “la actividad es distinta a la de remises y que a los conductores no se les podrá exigir una licencia de remise o sancionarlos por no tenerla”.

También existe una medida cautelar del Juzgado N° 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, que ordenó al gobierno que arbitre las medidas necesarias para suspender la actividad de Uber, pero a la vez rechazó el bloqueo de la aplicación.

Mientras estas cuestiones deben resolverse en la Justicia, la empresa ya cuenta con 100.000 personas en condiciones de realizar viajes con pasajeros, pero los choferes activos son entre 5000 y 6000 por mes.

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Desde diciembre, según informaron desde Uber, los choferes deben tener un registro profesional; hasta el momento, el 80% de los registrados ya cuenta con ese carnet. Además deben estar inscriptos en la AFIP como monotributistas o trabajadores autónomos. Esta exigencia fue adoptada para tratar de mitigar los cuestionamientos legales.

En todo el país, la aplicación móvil se bajó al menos 1.100.000 veces. La plataforma no sólo se podrá usar en las calles porteñas, ya que Uber pretende ampliarse a otras ciudades del país. Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Bariloche, Salta y La Pampa aparecen entre los nuevos objetivos. La estrategia será diferente, con más diálogo y menos polémica que en Buenos Aires.

Los cargos que pesan contra la compañía

. La justicia porteña acusa a la empresa de hacer un ejercicio ilegal al infringir el Código de Tránsito, que prevé la contratación de viajes sólo de manera espontánea en la calle o por llamadas a radiotaxis

. Además acusa a los conductores de violar dos artículos del Código Contravencional: el 83, de actividad lucrativa indebida en el espacio público, y el 74, sobre exceder los límites de una licencia otorgada

. Uber también está siendo investigada por evadir el pago de impuestos tanto en la ciudad como en la Nación, ya que no está registrada y no paga Ingresos Brutos ni IVA. La empresa dice que tributa en Holanda

. Se la demanda por presunto lavado de dinero

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