Economía

Obra pública: cómo contrata el Gobierno para construir rutas

luego del Lava Jato, el ministerio de Trasporte cambió el mecanismo trasparentando la convocatoria y selección de oferentes en la web y abriendo el juego a otras empresas

rutas

Vialidad Nacional está a punto de sumar tres nuevas denuncias penales por contrataciones espurias en su órbita a las catorce que ya realizó en el curso del último año y medio, incluyendo la estruendosa demanda contra Austral Construcciones, de Lázaro Báez.

En un andarivel paralelo al de esta depuración, el Gobierno promete duplicar la red de autopistas en cuatro años y se jacta de haber conseguido abaratar drásticamente el precio de las obras viales que los constructores están forzados a cotizar con un mecanismo algo más exigente e incómodo en aras de mayor transparencia. Este visteo entre empresas y administradores públicos tiene un final abierto.

Sea por la mal ponderada picardía criolla o por el desparpajo de la impunidad, algunas empresas siguen sorprendiendo por su audacia. O por su torpeza.

Según indica el Cronista Comercial, recientemente dos firmas se presentaron a una licitación con propuestas llamativamente parecidas.

Tanto que dos páginas de la propuesta perdedora tenían el logo con marca de agua de la importante constructora que ganó la licitación. ¿Eran rivales o socias en la puja?

Esas groserías parecen ser moneda corriente en esta dependencia que revista en la órbita del ministerio de Transporte de la Nación.

Javier Iguacel, titular de Vialidad Nacional, enumera otros tantos vicios frecuentes: obras pagadas pero no terminadas, juicios expropiatorios en los que los intermediarios se llevaban la parte del león, licitaciones amañadas y sobreprecios.

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Tan así es que hace un año se montó en la sede de aquel organismo una Unidad de Ética y Transparencia con rango gerencial, dependiente de la Oficina Anticorrupción.

Una verdadera prueba piloto que sólo se asemeja a otro cuerpo similar en el ministerio de Seguridad, creado por la ex ministra del área durante el kirchnerismo, Nilda Garré.

Aquella Unidad de Ética promociona las investigaciones internas y asesora a los funcionarios del área para prevenir conflicto de intereses. Asumió el espacio de una oficina a la que pueden arrimarse todos aquellos que se avengan a denunciar irregularidades, esas que proliferaron al calor de mecanismos de contratación crípticos y que involucran tanto a funcionarios de distinto rango como contratistas.

Según especifica Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), ya hay 291 reportes de irregularidades internas; de ellas, 130 se derivaron a otra autoridad administrativa para que se investigue.

Otras recalaron en los tribunales. Una prolífica producción en tan sólo un año, prueba de que Vialidad es un caso testigo de desmanejos administrativos.

El ajuste alzado y la incomodidad de los constructores

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El primer mimo de la gestión macrista a las contratistas públicas fue el decreto 691 del 2016, que fijó nuevas pautas para redeterminar los precios de las obras contratadas por el Estado.

Se bajó de 10 a 5% el ajuste de costos requeridos para disparar un aumento del contrato por el efecto de la inflación y se incorporaron en la cuenta a todos los ítems del contrato, incluyendo gastos generales. Un cambio cualitativo que produjo satisfacción.

Otro guiño que reconocen las empresas es que, salvo algunos planes de viviendas que dependen de jurisdicciones del interior del país, los pagos comprometidos por la caja pública nacional se realizan de modo puntual. Estos retoques de forma se sumaron a un presupuesto generoso para el sector.

Sin embargo, no todas son dichas.

Las obras se cotizan mediante un mecanismo que obliga a las empresas a afinar el lápiz para comprometer un número: luego tienen que atenerse a ese valor, para su beneficio o perjuicio.

El ajuste alzado es más común para levantar grandes usinas eléctricas pero no fue tan usado hasta ahora para mejorar o tender caminos.

Equivocarse en el cálculo de la tierra que hay que movilizar, por ejemplo, puede costarle a una empresa quedar descolocada en un concurso (si estima de más) o asumir la pérdida (si calculó de menos).

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Este método sustituyó al del pago por unidad de medida, que habilitaba el cobro según lo que se hubiese gastado efectivamente, generalmente por encima de lo previsto en origen.

En cuidadoso off the record, para no romper lanzas con una administración nacional que en general les simpatiza, algunos empresarios del rubro no sólo reconocen que les molesta tener que desembolsar ahora “unos 5 millones de pesos” para preparar ofertas más precisas, sino que advierten el riesgo de que las obras que se cotizan muy abajo no se terminen. Esto entrañaría para el Estado la sobrecarga económica de tener que reiniciar la licitación.

En la última reunión que hizo AEA (Asociación Empresaria Argentina) el martes pasado, Aldo Roggio esbozó algunos otros reparos en el panel dedicado a analizar la Participación Público Privada.

El pope del rubro recordó que “en el país se han desconocido contratos” y advirtió que “los modelos contractuales deben reflejar riesgos adecuados de las dos partes”.

Con cierta elipsis retórica, también sostuvo que, en la modalidad de contratación original, las constructoras tendían a “gastar menos en insumos”, una forma de decir que ahora están inducidas a lo contrario.

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