Corrupción K

Conurbano: alto escándalo de corrupción sacude a un municipio kirchnerista

Los investigados son el intendente Aníbal Regueiro (Presidente Perón), varios de sus funcionarios; y la empresa constructora Mako S.A

jueves 17 de agosto de 2017 - 5:11 am

Una nueva sospecha de corrupción sacude al Conurbano Bonaerense. Esta vez, la lupa de la justicia se posó sobre el municipio de Presidente Perón.

Los investigados son el intendente Aníbal Regueiro, del FPV –en uso de licencia-, varios de sus funcionarios; y la empresa constructora Mako S.A.

Según detalla el portal Infobae, uno de los ex presidentes de esta sociedad está salpicado por el escándalo de Odebrecht, la mega constructora brasileña que ya admitió el pago de sobornos en la Argentina para acceder a obras públicas.

El fiscal federal Franco Picardi cree que el presupuesto aprobado para la construcción de la Planta de Tratamiento de efluentes cloacales de la localidad de Guernica y que aún no fue inaugurada, tuvo “una sobrefacturación de 28.846.599 pesos” y que de esa manera se “enriqueció el Municipio”, los dueños de la sociedad comercial, y se “perjudicaron los contribuyentes”.

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El monto inicial de la obra “para su puesta en marcha era de 46.895.589 pesos”, un presupuesto, según se lee en el dictamen fiscal que “fue avalado por el municipio”. Sin embargo, una auditoría realizada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA), y que hace tres meses se trasformó en la denuncia penal que hoy impulsa el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, asegura que el emprendimiento se sobrevaloró más del 40% y un pago en exceso de casi 29 millones de pesos”.

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En su pedido de imputación para el intendente Regueiro -en uso de licencia ya que asumió una banca en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires-; los funcionarios que lo acompañaron en la firma del contrato; y de los responsables de Mako S.A, los encargados de llevar adelante el proyecto, Picardi describe la maniobra de sobrefacturación como “ilegal”.

En los documentos que obran en la causa se encuentra el contrato firmado por “el Municipio de Presidente Perón y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento en 2013”.

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Allí se describe que se trataba de “un Convenio Único de Colaboración y Transferencia para la construcción de la Planta de Tratamiento de efluentes, que comenzó en noviembre de ese mismo año, en el marco del Programa de Asistencia en Áreas con Riesgo Sanitario (PROARSA)”.

De acuerdo a la presentación del Ente ante la fiscalía, la Municipalidad de Presidente Perón a sabiendas habría certificado y avalado la sobrefacturación de la obra ante el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento que estaba a cargo de la financiación.

En la página web oficial de la municipalidad se aseguraba que la obra de saneamiento beneficiaría a unos 20.000 habitantes.

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