Caso Odebrecht

El Gobierno de Brasil no acepta el acuerdo de fiscales argentinos

Mientras la temperatura aumenta en Brasilia, tanto la procuradora Alejandra Gils Carbó como el Estado eligieron mantener silencio

temer

Complejo desde su primera hora, el acuerdo con Brasil para investigar la pata local del Lava Jato está en coma. El primer borrador firmado en junio entre las procuraciones de ambos países fue desconocido ayer por el gobierno de Michel Temer, lo que acentuó la disputa con el procurador brasileño, Rodrigo Janot, quien advirtió que implementaría igual el acuerdo a pesar del rechazo del presidente.

De todas formas, el futuro del equipo de investigación conjunto entre fiscales de Brasil y Argentina, aún incierto, quedó al borde de terminar frenado entre disputas.

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Mientras la temperatura aumenta en Brasilia, tanto la procuradora Alejandra Gils Carbó como el Gobierno eligieron mantener silencio.

La cancillería argentina, el ministerio designado como autoridad de aplicación, emitió ayer un comunicado en el que aseguró estar “analizando” el acuerdo.

Según indica el diario La Nación, ante la pelea interna brasileña, por ahora, el Gobierno decidió mirar desde afuera cómo evoluciona la situación al otro lado de la frontera.

“Como se sabe, ninguno de los ministerios públicos es un Estado parte en el ámbito del derecho internacional. El acto celebrado por las fiscalías no obliga al Estado brasileño”, afirma el comunicado firmado por el Ministerio de Justicia de Brasil.

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Y explicitaron que esperan una respuesta de la cancillería argentina para proceder. Temer ratificó así la advertencia emitida hace un mes, cuando sugirió que el acuerdo sólo sería válido con la intervención de ambos gobiernos.

El fiscal general Janot respondió ayer que la intención de Temer es “complicar” la creación de equipos de trabajo con el Ministerio Público argentino para cooperar en la investigación sobre los sobornos que Odebrecht pagó en nuestro país.

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Sin intromisión oficial

Janot y Gils Carbó habían firmado el lunes un comunicado que señalaba que los gobiernos de ambos países querían “poner obstáculos” en el desarrollo de una posible investigación en conjunto.

“Ambas solicitudes desvirtúan la herramienta de cooperación entre los órganos judiciales competentes para la investigación”, remarcaron las fiscalías de ambos países.

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