Política

De Vido y un proyecto para beneficiar a su esposa

El accionar legislativo del aún poderoso ex ministro, en este punto, es incompatible con varios artículos de la Ley de Ética Pública

de vido

El arquitecto Julio Miguel De Vido, diputado nacional (FPV), con fueros ratificados desde el martes 26 de julio pasado, legisla para sí mismo.

El 4 de abril de este año, el ex ministro K presentó un proyecto de ley que si llega a ser votado por el Congreso podría generarle grandes beneficios económicos una empresa que preside su esposa, Alessandra “Lali” Minnicelli; y uno de sus cincos hijos, su homónimo, “Julito” De Vido.

Esa sociedad se llama Fonres SA y, según lo describe su página web, se dedica brindarle asistencia técnica la as empresas que quieran empezar a actuar bajo el marco de lo que se conoce como “Responsabilidad Social”, es decir, con metas de ayudas comunitarias y cuidado el medio ambiente.

Según detalla el diario Clarín, De Vido presentó un proyecto para que sea obligatorio para casi todas las empresas privadas y estatales cumplir con régimenes de “Responsabilidad Social”.

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Justo aquello que la consultoría de su mujer, y por ende suya propia porque le corresponde como un bien ganancial, brinda como servicio esencial.

De Vido dice en su proyecto, que tiene estado parlamentario, buscar provocar un “desarrollo económico y social que garantice el buen uso de recursos naturales”.

El accionar legislativo del aún poderoso ex ministro, en este punto, es incompatible con varios artículos de la Ley de Ética Pública.

Y tal vez sea la primera acción conocida del diputado De Vido que podría encuadrar en lo que dicta la Constitución como posibles causales de remoción, expulsión o suspensión de un diputado, ya que sería un “hecho sobreveviniente”, es decir, impulsado después de su asunción en ese cargo parlamentario, y que incumple con las normas.

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Si se confirmara que las acciones aquí descriptas son irregulares, entonces se caería una de los principales defensas que usó De Vido para seguir teniendo fueros.

De Vido había basado buena parte de su defensa para conservar su inmunidad de arresto, por ejemplo, afirmando lo siguiente: “Me pregunto cuáles son las actitudes personales de mi parte ´objetables éticamente´ y ´sobrevinientes´ a mi incorporación” que podrían conducir a mi remoción de esta Cámara”.

La Ley de Ética Pública establece cuáles son “los “deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal…”.

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El artículo 2 afirma que, como cualquier diputado o senador, De Vido no puede “recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello”.

El inciso “g” remarca que los funcionarios públicos deben “abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa”.

El proyecto de ley que De Vido presentó el 4 de abril de este año, y que podría provocarle nuevos problemas con otra ley, obliga a un número indefinido pero muy importante de empresas a cumplir con un nuevo régimen de “Responsabilidad Social”.

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