Caso Odebrecht

Impensado: el insólito reclamo de Odebrecht al Gobierno

De los tres grandes contratos de los que la empresa participa y que el Estado tiene bajo la lupa, el de la ampliación de los gasoductos es el único que por ahora se dio de baja

Odebrecht

Un hecho inesperado. De un día para el otro, tras haber confesado haber pagado coimas en el país por US$ 35 millones, Odebrecht se transformó en el peor alumno en el mundo de la obra pública.

Ante la evidencia incuestionable de su propia confesión, la empresa ofreció al Gobierno argentino reparar el daño causado pagándole el equivalente de lo que había desembolsado en sobornos.

Sin embargo, paradójicamente, en paralelo, también comenzó a reclamarle al Estado un resarcimiento por los contratos rescindidos.

Sólo por las obras de ampliación de los gasoductos del norte y sur, según detalla el diario La Nación, Odebrecht está exigiéndole ahora al Estado un resarcimiento de US$ 202,6 millones, casi seis veces más de lo que pretende pagar en daños por corrupción.

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De los tres grandes contratos de los que Odebrecht participa y que el Estado tiene bajo la lupa, el de la ampliación de los gasoductos es el único que por ahora se dio de baja.

Tanto la Auditoría General de la Nación (AGN) como la Sindicatura General de la Nación (Sigen) habían advertido en 2012 y 2014 por posibles sobreprecios y anomalías en las obras de ampliación de los gasoductos troncales.

Pero fue recién en febrero de este año, que el Ministerio de Energía le dio la orden a Nación Fideicomisos, comitente delegado, que terminara con el contrato. Nación Fideicomisos incluso radicó una denuncia penal por presuntos sobreprecios de hasta el 400 por ciento.

Pero la ley tiene sus vericuetos, y no siempre corre del lado de la ética. La cuestionada Odebrecht ahora pide una compensación por las obras que no pudo terminar.

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La compañía está exigiéndole al Estado un resarcimiento de $ 939 millones y US$ 123 millones por la rescisión de la obra que estaba bajo la órbita de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA); y $ 148 millones y US$ 13 millones más, por la que había ganado Albanesi.

Las cifras surgen del cálculo que presentó la empresa por los bienes y servicios contratados -como maquinaria-, el lucro cesante por no haber podido llevar adelante la planta compresora de gas de Pichanal, en Salta, además de costos estimados por la rescisión y “otros” items, que surgirían de la redeterminación de precios.

En Nación Fideicomisos, no obstante, sólo le reconocerían a la constructora los costos de los bienes y servicios, además del lucro cesante por la paralización de las obras.

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Aunque existe la intención de revisar todas las operaciones de obra pública de la constructora, en el Gobierno saben que no pueden declarar la nulidad de los otros contratos de Odebrecht de forma intempestiva, sin sufrir luego posibles reclamos adicionales.

En el caso de las obras de ampliación de los gasoductos existían después de todo informes de la AGN y de la Sigen que respaldaron el accionar oficial.

En los próximos días, el Gobierno anunciará la creación de una comisión tripartita, encabezada por el Ministerio de Transporte, y secundada por la Sigen y al Procuración del Tesoro para revisar cada uno de los contratos de Odebrecht.

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