6 de Marzo

Un día como hoy, de 2001, declaraban inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final

A 25 años del golpe militar de 1976, el juez Gabriel Cavallo declaró “inválidas, inconstitucionales y nulas” por “ser incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos” las leyes sancionadas durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín

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Un 6 de marzo del año 2001, el juez federal Gabriel Cavallo declara inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

A 25 años del golpe militar de 1976, el juez declaró “inválidas, inconstitucionales y nulas” por “ser incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos” las leyes sancionadas durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. No obstante su gran efecto político, el fallo no tuvo resultados jurídicos hasta que esas leyes fueron anuladas por el Congreso Nacional en 2003 y declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema el 14 de junio de 2005. 

El juez Cavallo se convirtió en el primer magistrado en dictar la nulidad de las leyes de impunidad. El fallo cita la acordada de la Corte Suprema que reconoció la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

La histórica decisión del magistrado, que intenta poner fin a la impunidad de secuestradores, asesinos y torturadores, no fue la conclusión de un proceso sino el principio. Cavallo citó a declarar a Julio Héctor Simón y Juan Antonio del Cerro por las desapariciones de José Poblete y Gertrudis Hlaczik. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que realizó el pedido de anulación de las normas, abrió causas penales en las que acusaron, entre otros, al represor Jorge Olivera, al coronel Eduardo Cardozo, al ex marino Alfredo Astiz y al capitán Raúl Scheller.

Para el juez, ésta fue la “resolución más importante” de su carrera. Cavallo fundamentó su decisión en el derecho y los pactos internacionales suscriptos por Argentina y en el “derecho de gentes”. Como “delitos de lesa humanidad” estos hechos son inamnistiables, imprescriptibles y excluyen la obediencia debida como causal de exclusión de la responsabilidad penal.

Cavallo habla del caso Poblete:

Esta causa se inició cuando las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron que el teniente coronel Ceferino Landa y Mercedes Moreira se apropiaron de Claudia Victoria Poblete. La niña fue secuestrada junto con su madre, Gertrudis Hlaczik, el 28 de noviembre de 1978, cuando tenía ocho meses. El mismo día fue detenido su papá, José Poblete, un técnico tornero chileno que había perdido sus piernas en un accidente automovilístico. En febrero del año pasado, Claudia Victoria recuperó su identidad y Landa y Moreira fueron arrestados.

En el trascurso de la causa, Cavallo comprobó que en el grupo de tareas que secuestró a la familia Poblete estaban Colores y el Turco Julián, represores del centro clandestino de detención “El Olimpo”. En ese lugar, José y Gertrudis fueron privados de su libertad y sometidos a diversas formas de vejámenes y torturas.

Para él, siguiendo los preceptos de la Obediencia Debida, habría que suponer, “aún cuando las pruebas indican lo contrario” que “el personal de las fuerzas de seguridad que secuestró a José y Gertrudis, las personas que los torturaron y que denigraban a Poblete cuando aludiendo a su condición de lisiado lo llamaban ‘cortito’ y lo arrojaban al suelo desde lo alto sabiendo que la falta de miembros inferiores impedían evitar que se golpeara al caer, actuaron cumpliendo órdenes superiores, no pudiendo resistirlas porque pesaba sobre ellos un estado de coerción”.

El escrito destacó la contradicción que encierra la ley de Obediencia Debida, ya que los represores secuestraron “en un mismo acto” a Gertrudis y Claudia Victoria pero según la ley sancionada en 1987 actuaron cumpliendo órdenes respecto a la madre pero no en relación a la hija.

Cavallo recordó que al conceder la extradición de Erich Priebke, el máximo tribunal aceptó que el “derecho de gentes” formaba parte de las legislación interna y consideró que los delitos cometidos por el criminal nazi eran imprescriptibles. El juez se preguntó entonces si debía dársele mayor jerarquía a los crímenes de Priebke que a loscometidos por la última dictadura sólo porque fueron perpetrados fuera del país. Los nueve ministros de la Corte tendrán que dar su respuesta.

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