Política

Ley de responsabilidad empresaria: tensión entre el Gobierno y el Congreso

El equipo de Germán Garavano (Ministerio de Justicia) explora una cláusula de eximición de penas que pueda aplicarse a la versión local del Lava Jato

lunes 5 de junio de 2017 - 5:35 am

Tras un febril intercambio de borradores entre el Ministerio de Justicia y las espadas jurídicas de Cambiemos en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria sigue empantanado.

Aunque hubo avances en torno a la posibilidad de eximir de la persecución penal a quienes aporten datos por el pago de sobornos, el punto de desacuerdo se centra ahora en la intención del Gobierno de incluir una cláusula de retroactividad para que pueda utilizarse en el caso Odebrecht, que está en plena investigación.

¿Cuál es la fórmula que explora el equipo de Germán Garavano? Una cláusula transitoria que habilite a utilizar hacia atrás, por el concepto de ley más benigna, los beneficios que concedería la nueva ley a quienes acepten dar información sobre sus delitos, bajo el concepto de “colaborador eficaz”.

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Según indica el diario Clarín, en ese caso, la empresa debería pagar una multa, pero sus responsables quedarían al margen del proceso penal. En el Congreso lo ven como un traje a medida para el caso Odebrecht.

El tema no les cierra a los presidente de las comisiones de Legislación Penal, la radical Gabriela Burgos, y de Legislación General, el macrista Daniel Lipovetsky, quienes volverán a sentarse a negociar mañana con funcionarios de Justicia.

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Ya habían bochado del proyecto oficial la cláusula de “colaborador eficaz” y aceptaron reincorporarla, colocando condiciones más estrictas para la eximición de penas: por ejemplo, que la delación ocurra antes de que el caso llegue a la Justicia.

Por su lado, la Oficina Anticorrupción, que promovió el proyecto original, se mantiene por ahora al margen de la discusión, pero envió un mensaje para apurar la ley.

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Hizo circular un cuadro en el que la Argentina aparece como el único de los 41 países firmantes de la Convención contra el Soborno Trasnacional de la OCDE que no cuenta con una ley que responsabiliza a las personas jurídicas por delitos de corrupción.

Las sanciones administrativas previstas en el proyecto para las empresas que se comprueben como responsables de incurrir en sobornos a funcionarios públicos van de multas equivalentes al 1 por ciento de la facturación anual a la cancelación definitiva de la personería jurídica, es decir la clausura de la firma.

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