Corrupción

Propuesta de Odebrecht: inmunidad judicial y continuidad de los contratos

La constructora brasileña busca negociar con el Gobierno y la Justicia amplios beneficios para sus ejecutivos

odebrecht

Odebrecht propuso un acuerdo tripartito con el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público Fiscal (MPF). El planteo de la constructora brasileña desconoce las facultades de las instituciones incluidas en el texto, pero concede amplios beneficios a la compañía que podrían, incluso, configurar un delito para sus firmantes.

Se trata, a la vez, de una propuesta que ofrece la tentación de brindar el máximo detalle sobre el pago de sobornos que ejecutaron funcionarios, empresarios y operadores con el dinero del Estado en nuestro país.

Esas son las dos caras del acuerdo que Odebrecht le propuso al Gobierno esta semana. Según detalla el diario La Nación, la propuesta consta de 13 páginas, cuyo marco general es el acuerdo realizado en Brasil.

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Es una oferta que aceptaron algunos países de la región, pero que no encuadra con las leyes argentinas. Lo más jugoso en favor del Estado aparece en el “Capítulo IV”, titulado “Obligaciones de la empresa”. Odebrecht enumera una serie de beneficios por el acuerdo:

Identificar los delitos, sus autores, coautores y partícipes necesarios (incluidos funcionarios y políticos).

La descripción de la estructura jerárquica y la división de tareas de las organizaciones criminales.

Proveer documentos y otras pruebas materiales.

La empresa también hace un detallado análisis de las condiciones previstas para la “indemnización” que le pagarían al Estado por el pago de sobornos que sería de, al menos, US$ 35 millones, informaron fuentes oficiales.

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“La indemnización será abonada mediante una retención de un 10% de los ingresos que perciba la empresa de todas sus contrataciones con el Estado”, señala el texto. Y propone la creación de un fideicomiso entre la empresa y el Estado para ejecutar el pago del resarcimiento.

Pero el acuerdo que impulsa Odebrecht contempla muchísimas obligaciones del Ejecutivo. La principal: asegurar la continuidad de los contratos ya firmados. Pero, además, enumera:

No iniciar, avalar, impulsar o ejercer ninguna acción de naturaleza penal contra la empresa, los colaboradores y los adherentes.

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No ejercer ninguna acción sancionatoria ni resarcitoria por los hechos.

No avalar, facilitar, promover o colaborar con acciones de terceros contra la empresa.

El texto también desgrana las obligaciones que debería cumplir el MPF. “Reconocer el derecho de todos los agentes que hayan adherido al acuerdo o adhieran en el futuro a no verse sujetos a procesos por los hechos declarados.”

Y promueve otras restricciones penales para proteger a la compañía y a sus ejecutivos como el compromiso a no aplicar “ninguna medida de cualquier naturaleza que pueda afectar el funcionamiento de la empresa, sus contratos vigentes o futuros, su participación en licitaciones”, entre otras cosas.

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