Política

Argentina empobrecida: las villas juntas son más grandes que la ciudad de Buenos Aires

Un relevamiento del gobierno nacional junto a diferentes ONGs y movimientos barriales busca determinar la dimensión y la cantidad de asentamientos en el país, y averiguar cuál es la calidad de vida en ellos

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El Gobierno oficializó hoy el plan que le dará certificados de domicilio a los habitantes de más de 4.000 villas y barrios pobres, donde se calcula que viven dos millones de personas, con el objetivo de dar solución al problema habitacional y de esta manera agilizar diversos trámites sociales.

La decisión del presidente Mauricio Macri salió publicada esta mañana en el Boletín Oficial a través del decreto 358, que crea el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap).

Dentro de los fundamentos de la norma, se remarcó que según los datos proporcionados “por el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 2010, más de 500 mil hogares se encuentran en una situación de tenencia irregular de su vivienda, lo que involucra a más de dos millones de personas”.

Al respecto, se especificó que un relevamiento nacional de barrios populares llevado a cabo por la Jefatura de Gabinete, entre agosto de 2016 y mayo de este año, arrojó el resultado de que “existen más de 4.000” asentamientos de este tipo.

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“Barrios comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento”, indicó el informe.

Durante el relevamiento se comprobó la existencia de “un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas”. “Más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos DOS (2) de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal)”, precisó el Gobierno.

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La administración central consideró que “la precariedad en la tenencia del suelo incide negativamente en la calidad de vida de las personas, limitando el acceso a la infraestructura y a los servicios públicos, lo que contribuye a la generación de situaciones de pobreza, marginación y fragmentación social”.

“Dar solución al problema habitacional constituye uno de los pilares fundamentales para erradicar definitivamente la pobreza de nuestro país, lo que necesariamente requiere de la intervención estatal de forma inmediata”, se puntualizó en los fundamentos del decreto.

En la norma se reconoció que “el acceso al suelo urbano por parte de los sectores más postergados de la sociedad, históricamente y por diversos motivos, estuvo relacionado con la ocupación de terrenos en condiciones de extrema precariedad”.

La función del Renabap será “registrar los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas, al 31 de diciembre de 2016”.

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También, se podrán “elaborar instrumentos jurídicos que permitan identificar a los tenedores de viviendas, con el objeto de aplicar las políticas, normas y procedimientos que oportunamente se definan, a los efectos de implementar la regularización dominial”.

Por su parte, se creará la “Mesa Nacional de Coordinación para Barrios Populares en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, la que estará integrada por representantes de los organismos nacionales competentes en la materia”.

Esta mesa tendrá las siguientes funciones: “Promover estrategias de gestión del suelo, infraestructura básica, servicios, espacio público y equipamiento comunitario destinados al mejoramiento integral de los barrios populares”.

Deberá “coordinar políticas, normas y procedimientos relacionados con la creación de lotes con servicios y nuevas urbanizaciones”.

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