La ruta del dinero K

Casanello rechazó el pedido del Gobierno de indagar a Cristina Kirchner por “la ruta del dinero K”

El juez sostuvo que "el riesgo de vulnerar la prohibición de doble juzgamiento con tal proceder es palmario, en tanto que supone clonar un hecho e invadir la competencia actualmente ejercida por otro magistrado"

Casanello

El juez federal Sebastián Casanello rechazó hoy un pedido que le hizo el gobierno, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), para indagar a la ex presidenta Cristina Fernández en la causa de la “ruta del dinero K” por presunta asociación ilícita.

Según explicaron a DyN fuentes judiciales, no habría varias asociaciones ilícitas sino una sola y de hecho así lo entendió el propio juez Claudio Bonadio al procesar a Cristina Fernández como jefa de una banda y remitirle el caso a su colega Julián Ercolini, que la había procesado por la obra pública.

La UIF había reclamado hoy a Casanello la indagatoria de la ex presidenta, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex secretario de Obras Públicas José López (detenido por enriquecimiento ilícito) y del ex Coordinador de la Obra Pública y primo de Néstor Kirchner, Carlos Santiago Kirchner, entre otros en la causa “ruta del dinero K”, al plantear que allí también funcionó una asociación ilícita destinada a cometer una “pluralidad de delitos”, entre ellos el lavado de activos.

El pedido se hizo a Casanello, en el marco de las indagatorias que dispuso sobre Báez, sus hijos y otros involucrados, en función de lo que había ordenado la Sala II de la Cámara Federal para orientar la causa a la vinculación entre la “ruta del dinero” y la concesión de obra pública durante el kirchnerismo, informaron fuentes judiciales.

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Pero por la noche, según una resolución a la que accedió DyN, Casanello rechazó el planteo de la UIF “porque la pretensión busca reeditar en la presente causa los hechos que son objeto de investigación en otro juzgado y sobre los cuales su titular ya se ha expedido, no sólo en torno a la procedencia del acto de defensa, sino también a la verosimilitud de la acusación al dictar el auto de procesamiento”.

Casanello sostuvo que “el riesgo de vulnerar la prohibición de doble juzgamiento con tal proceder es palmario, en tanto el pedido supone clonar un hecho e invadir la competencia actualmente ejercida por otro magistrado”.

Pero además Casanello sostuvo que el delito de “asociación ilícita” implica una banda que “se encuentra destinada a cometer delitos indeterminados, con lo cual mal puede pretenderse que existan dos asociaciones distintas pero integradas por las mismas personas en un mismo periodo temporal” y “es claro que en este caso estamos hablando de una misma asociación”.

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Incluso, el juez afirmó que tampoco puede aceptarse el pedido de la UIF porque ni el dictamen de Marijuan, al que aludía la UIF, “contiene solicitudes de indagatorias ni describe siquiera aquéllas conductas ni coincide en el listado de imputados”.

El 10 de marzo pasado la Cámara Federal frenó el envío a juicio oral y público del detenido empresario Báez y de otros acusados en la causa por lavado de dinero, al señalar que antes de dar ese paso se debe ampliar la imputación sobre las obras públicas que su grupo económico recibió durante el kirchnerismo.

Los jueces de la Sala II de la Cámara, Eduardo Farah y Martín Irurzun, hicieron lugar a un planteo de la UIF para que no se eleve a juicio parte de la investigación en la que Báez está preso desde abril de 2016 en la cárcel de Ezeiza.

A criterio de los camaristas, era “inconveniente” y “hasta riesgoso” que Báez fuera enviado a juicio oral porque en el expediente se debe especificar qué parte de la hipótesis de ese lavado provino de las obras públicas que recibió.

Por la concesión de obra pública, el juez Julián Ercolini procesó como jefa de asociación ilícita a la ex presidenta Fernández e incluyó en esa nómina a De Vido, López y Santiago Kirchner, entre otros.

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Recientemente el juez Claudio Bonadio también procesó a la ex mandataria y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner como jefes y organizadores de una banda, que también integraron Lázaro Báez, sus hijos y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, en la causa llamada “Los Sauces”.

Es que en los tribunales se entiende que el caso todo fue parte de una misma maniobra: en una causa la concesión de la obra pública, en otra el lavado de dinero por los fondos recibidos (ruta del dinero) y un tercero que analiza el retorno de esos beneficios (“Los Sauces”).

Como se presupone que todo se unificará en un mismo debate oral -aunque aún debe pronunciarse la Cámara Federal en la revisión de dos procesamientos de “Los Sauces” y obra pública-, la UIF entendió que había que reforzar las sospechas sobre la ex presidenta en el caso del lavado de dinero donde fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuan pero nunca llamada a indagatoria.

DyN

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