Judiciales

Licitación trucha de Gils Carbó: Juan Carlos Thill y el abogado Rafael Mallo son la clave

A la blindada jefa de los fiscales la desvela hoy el negociado con la compra en 2013 del edificio de Perón 667 donde funciona ahora la Procuración

Alejandra Gils Carbó

En el complicado ajedrez judicial de Cristina Kirchner, la jefa de los fiscales Gils Carbó es la reina que usa para defenderse y para sacar al Gobierno. Con notable entusiasmo sus fiscales ya imputaron a Macri en cinco causas.

Según detalla el diario Clarín, acumula pedidos de juicio político y denuncias penales. En octubre zafó de la destitución negociada con la oposición por una oposición: la de Carrió que mandó para atrás la movida.

A la blindada Gils Carbó la desvela hoy el negociado con la compra en 2013 del edificio de Perón 667 donde funciona ahora la Procuración.

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Hay diálogos, más bien documentos, que prueban una operación amañada. Están en mails que tiene la Justicia y que intercambiaron Adrián Gonzalez Fisher, gerente de Arfinsa, la empresa vendedora y Bárbara Jaureguiberry, de la inmobiliaria encargada de la venta.

En uno, Bárbara le dice a González: “…hay que esperar a que aparezca mañana publicado, pero me adelantan que nos quedemos tranquilos…”. Habla de la licitación pública de la Procuración para comprar un edificio.

El mail es del 11 de marzo. La licitación 01/2013 de la Procuración se publicó en el Boletín Oficial el 14 de marzo, tres días después. La operación estaba cocinada.

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¿Quién le adelantó a Jaureguiberry que “se quedaran tranquilos”? En los mails aparecen dos nombres que son investigados: Juan Carlos Thill y el abogado Rafael Mallo. Otro nombre flota detrás de esos nombres. Es el del ex esposo de Gils Carbó, Héctor Gustavo Alonso que ya tuvo problemas con la Justicia.

La historia de esta maniobra tiene otra historia: en diciembre del 2012 Gils Carbó anuló sorpresivamente la compra acordada del edificio de Alsina 872. Costaba 30 millones de pesos. Gils Carbó argumentó que no tenían tanta plata y llamó a una nueva licitación. La del “nos quedemos tranquilos”. Pero por el edificio de Perón pagó aún más: 54 millones. Apareció la plata que no había.

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Todo está en manos del juez Ercolini y del fiscal Taiano, notorio fiscal de la causa Nisman y notorio porque cuando iba a apelar en el caso del enriquecimiento de Cristina le secuestraron un hijo.

Para Taiano este es un caso dos veces difícil. Porque él mismo depende de Gils Carbó. Y porque salpica nada menos que a la jefa de los fiscales.

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