Detención de Milagro Sala

El Gobierno y los organismos de Derechos Humanos se cruzaron en Washington por la detención de Milagro Sala

El secretario de Derechos Humanos debatió con Verbitsky ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

milagro sala

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj , llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington con un mensaje: la Casa Rosada no tiene “ningún interés” en criminalizar la protesta social y está comprometida con el respeto a la libertad de expresión con los límites propios “de un estado de derechos”. Esa garantía, dijo cuando se tocó el caso de la detenida Milagro Sala, no ha sido violada en Jujuy.

“El respeto de los derechos humanos es una cuestión dinámica que va planteando tensiones permanente”, agregó Avruj, tras la audiencia, en diálogo con la prensa argentina.

“Siempre va a haber demandas. Tenemos que estar permanentemente monitoreando y recibiendo la información para corregir los errores que se pueden llegar a producir, que no creemos que en este caso se hayan producido. Todo lo que se ha hecho en Jujuy está sujeto a derecho”, agregó.

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Los organismos de derechos humanos y dirigentes sociales y sindicales de Jujuy, liderados por el presidente del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), Horacio Verbitsky, plantearon una situación antagónica: dijeron que en Jujuy se han violado derechos políticos y existe una “intolerable persecución” por parte del gobernador, Gerardo Morales, aliado de la Casa Rosada.

“En Jujuy, la constitución nacional no rige. Rige la voluntad del gobernador de la provincia. Es el núcleo del problema”, dijo Verbitsky.

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Avruj aprovechó su exposición ante la CIDH para anunciar que el gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para reformar el código penal, que excluye el delito de sedición ante un hecho que involucra el ejercicio de un derecho humano, como una manifestación.

El CELS solicitó a la CIDH una medida cautelar para presionar por la liberación de la líder de Tupac Amaru, pero, aun si el organismo multilateral la otorga, el cumplimiento de esa medida depende en última instancia de la Argentina.

Todos los representantes de organizaciones civiles y sindicatos presentes en la audiencia plantearon el mismo panorama de persecución judicial a trabajadores, criminalización de protestas y ofensivas para “disciplinar a los sindicatos”. Verbitsy incluso denunció la “intolerable situación de persecución que se vive en la provincia de Jujuy contra toda protesta por parte de un gobierno que sólo permite que se escuche su propia voz”.

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Mario Miranda, fiscal de Estado de Jujuy, negó las acusaciones y dijo que las organizaciones sociales excedieron “los límites de la protesta” al crear un “sitio a todo el centro de la ciudad” apenas asumió el nuevo gobierno de Morales.

La CIDH enviará una delegación a Jujuy en mayo, invitada por el propio gobierno de Morales. Miranda dijo que será un “honor” recibirlos.

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