Política

Sin deuda: buscan que el Estado cobre demandas pendientes

Hay aproximadamente 1.621. 591 juicios iniciados desde 1996 y que aún están en trámite. “Es un tema recurrente, que lleva más de 20 años”, admite el Procurador del Tesoro, Carlos Balbín

Carlos Balbín

Cuando le toca cobrar, el Estado argentino casi siempre se queda a mitad de camino. O fracasa. De la AFIP al ministerio de Trabajo pasando por la ANMAT ( control de alimentos y medicamentos), Aysa o Ferrocarriles, los procedimientos del cuerpo de 2.000 abogados parecen calcados. Y rara vez ganan los juicios.

“Es un tema recurrente, que lleva más de 20 años”, admite el Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, recientemente reafirmado en su cargo.

“El Estado es un pésimo cobrador”, añade el Procurador. Un dato: según indica el diario Clarín, hay 1.621. 591 juicios iniciados desde 1996 y que aún están en trámite. Y podrían cobrarse entre 90.000 millones a 120.000 millones de pesos, un monto que equivale a cinco veces más que los fondos prometidos a la provincia de Buenos Aires que generan tanta tensión.

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Balbín aseguró que potenciará otra clase de defensa de los intereses públicos. Y acaba de cambiar varias normas. Sobresale la resolución que se publicó el último 29 de diciembre en el Boletin Oficial.

Instruye a los responsables de las distintas delegaciones del Cuerpo de Abogados del Estado que otorguen tratamiento “adecuado, oportuno, eficaz y eficiente a todos los procesos de cobro o recupero de fondos públicos; en particular en aquellos de monto relevante”.

“La demora provoca que se llegue tarde y ya el individuo se desprendió de lo que le pertenecía y se declara insolvente”, explicó.

El caso más llamativo es la AFIP que acumula desde hace décadas 1.478.632 juicios y puede llegar a cobrar si los gana, unos exhorbitantes 77.000 millones de pesos.

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Las normas vigentes hasta ahora obligan al Estado a entablar juicios por montos insignificantes cuando cada proceso judicial que se inicia tiene un costo mínimo de $ 3.500, lo que lleva a una carga en la tarea, falta de concentración en aquellos juicios que valen la pena y mucha negligencia. Todo, en un marco de controles laxos.

Hay, además, otras razones para el asombro, como la falta de acceso a información que proporciona el propio Estado.

En el Banco Nación descubrieron una gran cantidad de casos en los que los domicilios de los deudores eran desconocidos. Y las subastas en los juicios ejecutivos sólo se tramitó en el 36% de los casos.

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En la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) saltaron importantes demoras en la persecución judicial de cobro de cánones, lo que llevó a la prescripción de períodos. También se omitió cursar intimaciones de pago en tiempo oportuno.

En cuanto a la Anmat, sobre 23 ejecuciones fiscales que fueron auditadas solo se percibió el importe en tres de dichos juicios. Los trámites judiciales insumieron en varias oportunidades 10 años de tardanza y en ningún caso menos de 5 años.

En el ministerio de Trabajo, sobre 501 juicios auditados solo hubo 46 con pagos totales (9,1%). También saltaron errores en la confección de la intimación de pago lo que provocó nuevas demoras.

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