Judiciales

El “Caballo” Suárez está preso: ¿Sus negocios están intactos?

“Maruba SA”, empresa naviera argentina en la que participan gremios marítimos, mantiene desde fines de 2016 una tripulación subalterna con filipinos, que son "mucho más baratos y sumisos" que el personal argentino

Cuando aquella tarde de agosto de 2004, el locutor oficial anunció el ingreso del entonces presidente Néstor Kirchner al Salón Blanco de la Casa de Gobierno, no lo hizo solo.

Según detalla el portal Urgente24, al tradicional séquito de ministros y funcionarios se agregaban exultantes los gremialistas Omar “Caballo” Suárez y Marcos Castro, referentes indiscutidos del sector gremial marítimo durante los 12 años del kirchnerato.

Del otro lado del cordón de seguridad el resto del gremialismo naval y los empresarios del sector preparaban sus palmas para aplaudir la promulgación del decreto de necesidad y urgencia 1010/04 mediante el cual el gobierno pretendía recuperar la actividad de la Marina Mercante nacional, que había sido arrasada en la década del 90 privatizaciones y desregulaciones mediante.

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Uno de los aspectos fundamentales de la norma provisoria, era que se autorizaba a empresas argentinas a importar en forma transitoria buques alquilados en el exterior para ser afectados al cabotaje nacional o regional con la excluyente condición que lo mismos sean tripulados en forma exclusiva y excluyente con tripulantes nacionales, siendo que el objetivo de fondo de la norma era el regreso a la bandera nacional de decenas de naves que habían “emigrado” en busca de costos laborales e impositivos más benignos.

Varios años después del rimbombante anuncio presidencial, la flota argentina no sólo no creció sino que al amparo de regímenes mucho más tentadores que el local, la hidrovia Paraná Paraguay fue ocupada en un 95% por flotas extranjeras, y Paraguay llegó a tener la tercer flota fluvial del mundo.

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La única empresa naviera de capitales argentinos  “Maruba SA” parecía en plena gestión de Cristina Fernández condenada a la extinción, llena de deudas y con buques en el extremo de su vida útil.

Fue entonces donde el “talento creador” del arquitecto Julio de Vido y su equipo tuvo la maravillosa idea de hacer incursionar a los gremios marítimos en el mundo del negocio naviero: echó mano a sus incondicionales Suárez y Castro y, látigo en mano, obligó también a gremios más reacios a comprar hasta el 35% del paquete accionario de la empresa con fondos provenientes de un fideicomiso del Banco Nación.

Suárez y Castro se convirtieron en empresarios navieros a tal punto que el mandamás de los capitanes de buque hizo mutar a un miembro de su comisión directiva sindical (El capitán de ultramar Gustavo Rocca) hacia el rol empresarial de Gerente de Personal de la naviera sindilicalizada.

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Es decir, Rocca pasó de ser quien reclamaba por mejoras y aumentos salariales a quien les ponía freno y despedía sin piedad a los “indeseables” trabajadores quejosos.

Las “exhaustivas” investigaciones de la mediática interventora Gladys González a órdenes del juez federal Canicoba Corral, fueron tan espectaculares como aparentemente ineficaces hasta el momento para –al menos- hacer cesar algunos de los prósperos negocios de MARUBA SA al margen de la ley.

Tampoco parece preocupar mucho el tema a las actuales autoridades del Ministerio de Transporte, que solo atinan a “pedir disculpas” cuando algún hecho irregular llega a los medios.

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