Justicia

Crisis en Santa Cruz: Angelina Abbona renunció como fiscal de Estado

La ex Procuradora del Tesoro Nacional y mano derecha de Carlos Zanini habría tenido una fuerte discusión con Pablo González, el vicegobernador santacruceño

La ex Procuradora del Tesoro Nacional, Angelina Abbona, persona de confianza de la ex presidenta Cristina Kirchner y mano derecha de Carlos Zanini, renunció ayer a la tarde a su cargo de fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz.

Tras conocerse la noticia sobre el alejamiento de Abbona de su cargo, comenzaron a circular dos versiones: una de ellas da cuenta que la funcionaria se había comprometido con la gobernadora Alicia Kirchner a estar solamente un año en ese puesto y otra, publicada por el portal Opi Santa Cruz, indica que mantuvo una fuerte pelea con Pablo González, el vicegobernador santacruceño, que le reclamaba hace tiempo un mal manejo de su Fiscalía frente la aprobación de un préstamo por más de 10 mil millones de pesos en el Congreso provincial.

Abbona está cercada por la Justicia. Según indica el diario Clarín, el juez federal Sergio Torres la citó el 11 de noviembre a declaración indagatoria para este mes, a raíz de haber elaborado en el organismo -durante la gestión de Cristina Kirchner- y por fuera de su competencia un informe en defensa de la ex presidenta para presentarlo en la denuncia por encubrimiento del atentado a la AMIA.

El informe cuestionado fue presentado en el 2015 ante el juez federal Daniel Rafecas, cuando en ese juzgado se tramitaba la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA contra la ex presidenta y otros denunciados, y que el magistrado desestimó tomando, entre otros, argumentos de esa presentación.

Abbona fue citada para el próximo 13 de diciembre y los dos ex subprocuradores del Tesoro Javier Pargament Mariasch y Horacio Diez para el martes y miércoles de la semana que viene.

La ex funcionaria había sido denunciada por el fiscal ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, quien aludió a posibles delitos como “peculado de funciones” y “malversación de caudales públicos”,a raíz del uso de la estructura de la Procuración del Tesoso para realizar un informe que buscaba defender de manera particular a la entonces presidenta Kirchner.

Inicialmente la investigación quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, pero el juez la archivó por “inexistencia de delito”.

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