Política

Una empresa de Cristóbal López recibió casi $ 500 millones de Enarsa

La compañía Remasa cobró esa suma de la firma estatal por servicios que no completó

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Remasa, una compañía joven y casi desconocida relacionada con Cristóbal López, recibió de Enarsa, la empresa estatal de energía, pagos por $ 490,48 millones por servicios que no completó, en el marco de un contrato que originalmente duraba dos años, pero se extendió por seis.

La relación comercial entre Remasa y Enarsa comenzó en 2006, cuando estaba al frente de la empresa estatal Exequiel Espinosa, un ejecutivo que había trabajado para el empresario patagónico y se hizo célebre porque un avión que pagó la compañía estatal en su gestión trajo al país al venezolano Guido Antonini Wilson con US$ 800.000.

El convenio está bajo investigación. La nueva gestión de Enarsa, a cargo de Hugo Balboa, ordenó una auditoría sobre el contrato. La terminó hace algunas semanas y la pasó a la Oficina Anticorrupción, que maneja Laura Alonso, según detalla el informe de La Nación.

En forma paralela, le pidió a un estudio de abogados que analizara las pruebas en contra de la empresa relacionada con López para evaluar la posibilidad de presentar una denuncia penal.

El presidente de Remasa era Carlos Leone, quien también condujo Paraná Metal, la autopartista del empresario, mientras que el vicepresidente era Raúl Esteban Zamora, quien tenía domicilio en la misma dirección donde funcionaban las oficinas de Oil M&S ubicadas el séptimo piso de Córdoba 657, en la ciudad de Buenos Aires, una empresa del Grupo Indalo.

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Voceros de López aseguraron al portal de La Nación que ni él ni ejecutivos del grupo fueron accionistas en Remasa. Y que el holding del empresario le hizo sólo dos obras chicas.

Según el acta de directorio del 30 de noviembre de 2006, Enarsa le adjudicó a la compañía Registros Mineros SA (Remasa) la confección del Proyecto de Base Integral de Datos de Hidrocarburos, que tenía por objetivo reunir en un solo espacio información geológica de todas las provincias.

Allí aparecen dos irregularidades: por un lado, la compañía estatal le otorga a una empresa relacionada con un empresario petrolero el manejo de información sensible a la que no tenían acceso sus competidores.

Si bien Remasa ganó la licitación a fines de 2006, recién quedó inscripta en la Inspección General de Justicia (IGJ) el 22 de febrero de 2007, casi tres meses después de haberse quedado con un negocio millonario.

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La fortaleza de Remasa estuvo en el pliego de la licitación. Según la evaluación que hizo Enarsa, la joven empresa presentaba antecedentes técnicos similares a los de las compañías internacionales.

La auditoría de Enarsa indica que la matriz utilizada para calificar y ponderar las propuestas fijó el mayor puntaje al enfoque general del proyecto, a la solución técnica y a la metodología de implementación, que se hizo de forma arbitraria.

Además, el pliego de la empresa estatal de energía no contó con cláusulas que restringieran la participación de empresas con posibles conflictos de intereses, algo que les permitió a los directores de empresas de López contar con información a la que otras petroleras no podían acceder.

Desde febrero de 2007 hasta junio del año pasado, Enarsa renovó sistemáticamente el contrato con la compañía vinculada a López. Pasaron ocho años, cuando la relación comercial prevista originalmente era de dos años.

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En marzo de 2009, con la primera renovación, el directorio de la compañía estatal aprobó un incremento del 5% en los honorarios, pero los costos para la empresa superaron el 53 por ciento.

Y se estableció el monto a pagar en dólares (algo que se repitió hasta el final del contrato), cuando la moneda original del convenio eran los pesos.

Las irregularidades se extienden a otras empresas. Enarsa contrató a la consultora ADQ para evaluar la razonabilidad de contratar a la empresa de López. Pero la compañía estaba en concurso preventivo de acreedores, una condición desfavorable para sumar cualquier trabajo, algo que no le importó a la compañía que manejaba Espinosa.

El consultor de tecnología de esa consultora también prestaba en ese momento servicios para Conexia, otra consultora a la que Enarsa contrató más tarde para el soporte técnico, control y cumplimiento del contrato con Remasa.

Hasta el momento del contrato, la firma no tenía experiencia ni personal con experiencia en esa clase de trabajos. Le pagaron $ 17 millones, según detalla el informe de La Nación.

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