Detención de Milagro Sala

“Liberar a Milagro Sala implicaría un claro peligro”, respondió el Gobierno a la OEA y la ONU

Cancillería envió un informe de 21 páginas de la Secretaría de Derechos Humanos, uno de 39 páginas de la Fiscalía de Estado de Jujuy y 52 páginas con fundamentos del Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público de Jujuy

milagro sala

El Gobierno respondió ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la situación de la detención de Milagro Sala en Jujuy: evaluaron que dejarla en libertad “implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación” judicial que se le sigue por malversación de fondos y fraude en la cooperativa que tenía a cargo durante el kirchnerismo.

“Arribar a la conclusión de que la detención de Sala resulta arbitraria, dando la espalda a esta evidencia aportada en los expedientes judiciales, resulta por sí misma una decisión arbitraria”, fundamentaron.

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La Cancillería, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos, elevó la respuesta a la OEA y la ONU y aseguró que  “la evidencia referida a las relaciones de dominio e influencia que conserva sobre testigos de la causa, determina que su libertad [por Sala] en pleno proceso implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación”.

El Gobierno envió tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como al Grupo de Trabajo de la ONU un informe de 21 páginas de la Secretaría de Derechos Humanos, un escrito de 39 páginas de la Fiscalía de Estado de Jujuy y 52 páginas con fundamentos de la detención de Sala del Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público de Jujuy, según los escritos a los que accedió el diario La Nación.

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En el informe enviado por la Cancillería invitó a los representantes del Grupo de Trabajo de la ONU y de la OEA a visitar Jujuy “a efectos de tomar cabal conocimiento de todas las circunstancias que justifican la detención mientras se encuentran debidamente respetadas y garantizadas las garantías del debido proceso y los derechos de la imputada”.

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Ahora,  el Gobierno espera la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo de Trabajo a la vez que intenta frenar con esta jugada la embestida internacional que fue motorizada por las denuncias que hicieron el CELS y Amnistía Internacional ante organismos extranjeros por la situación de Sala.

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