Política

Imputan a la nuera de Cristina Kirchner por corrupción en el Plan Argentina Sonríe

La decisión fue tomada por el fiscal Eduardo Taiano, en la causa que investiga una presunta defraudación al Estado y lleva a cabo el juez Claudio Bonadío

Maximo-Kirchner-Rocío-García

El fiscal Eduardo Taiano imputó a Rocío García, pareja de Máximo Kirchner y nuera de la expresidenta, en la causa que investiga la presunta defraudación al Estado por los manejos irregulares en el plan odontológico Argentina Sonríe. Según la auditoría del Ministerio de Salud de la actual gestión, García fue sindicada como “quien decidía qué se hacía y qué no”. La causa es llevada a cabo por el juez Claudio Bonadío.

También fueron imputados Elena Morán (madre del diputado Andrés “Cuervo” Larroque) coordinadora general, María Belén César Gallardo (nuera de Julio De Vido), directora nacional de Salud Bucodental, Eduardo Bustos Villar que encargó los trabajos a Callmed SA, entre otros ex funcionarios, según informó Clarín en base a fuentes judiciales.

El programa que dirigió la actual ministra de salud de Santa Cruz, Rocío García, fue derogado hace dos semanas por el Gobierno y posteriormente denunciado penalmente por la Oficina Anticorrupción (OA) por el presunto delito de “defraudación a la administración pública”. Las causas: sobreprecios, direccionamientos de las compras y favorecimiento de un único proveedor (agravado por posible vínculo familiar), incumplimiento de los procesos licitatorios, adquisiciones de materiales innecesarios.

Entre las principales acusaciones que recaen sobre la nuera de Cristina Kirchner, está el presunto direccionamiento de las contrataciones y compras de insumos a una misma empresa: Callmed S.A que a su vez, uno de sus integrantes tendría vínculos familiares con Rolando Nervi, la mano derecha de Rocío García en Santa Cruz y actual viceministro de salud provincial.

Otra acusación es la “triangulación de los pagos con tres Universidades”, para la refuncionalización de los móviles que demandaron $31.411.100. La OA señala que se usaron las universidad nacional de Chaco, de Entre Ríos y de San Martín para el manejo de estos fondos.

Todo esto fue calificado como “negociaciones incompatibles con la función pública” y/o “defraudación en perjuicio de la administración pública”.

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