Política

Con retoques y cambios, Cambiemos logró dictamen para la ley de inversiones

El Gobierno necesita la ley de Participación Público Privada para dar las condiciones para las inversiones extranjeras que espera para reimpulsar la economía. Se tratará mañana, con el apoyo de los bloques Renovador y Justicialista

diputados

Las comisiones de Legislación General y de Presupuesto de la Cámara de Diputados emitieron hoy dictamen a favor del proyecto para regular los contratos de Participación Público-Privada (PPP), cuyo tratamiento fracasó en el recinto la semana pasada.

El nuevo texto que fue aprobado con cambios, entre otros para ampliar el espacio a la industria nacional y PYMES, será puesto mañana de nuevo a consideración de la Cámara, en la sesión especial que el oficialismo impulsa para tratar también el Presupuesto 2017 y la reducción gradual de los llamados “superpoderes” de la jefatura de Gabinete para mover partidas presupuestarias.

El Gobierno necesita la ley para dar las condiciones para las inversiones extranjeras que espera para reimpulsar la economía.

Los cambios fueron acordados por el interbloque de Cambiemos con el Frente Renovador y el Bloque Justicialista, en tanto que desde el Frente para la Victoria-PJ se rechazó el proyecto y se señaló que los cambios hechos al texto son “insuficientes y cosméticos” e implica cuestiones “de gravedad institucional”, dijo Adrián Grana (FPV-PJ).

El ex ministro de Economía kirchnerista, Axel Kicillof (FPV-PJ), advirtió que en la propuesta “lo que estamos diciendo es que a partir de ahora la obra pública va a eludir el derecho administrativo argentino” y aseguró que el texto “es garantista de la rentabilidad privada”.

Desde la oposición “amigable” con Cambiemos, José Ignacio de Mendiguren (FR) pidió después de celebrar una reunión con miembros de la conducción de la CGT que el proyecto haga “una reserva del mercado” a favor de la industria local y que “la participación del sector nacional se amplíe como mínimo a un tercio de lo que se está licitando”.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), aceptó el reclamo de subir el 25 por ciento original y destacó que dada la “preocupación que nos trasmitiera la cúpula de la CGT” el proyecto incluiría “un piso de un tercio de componente nacional” en los contratos de PPP.

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Sin embargo, luego la kirchnerista Carolina Gaillard indicó que miembros de la CGT le habían transmitido que la central obrera solicitó que la integración nacional fuera del 50 por ciento en los contratos de PPP.

Además, el dictamen de mayoría dispuso que el régimen para las contrataciones de PPP estará sujeto a las leyes de Administración Financiera y de Equilibrio Fiscal.

Se informó que el oficialismo acordó también con las fracciones del peronismo no K que el Poder Ejecutivo “podrá recurrir a fideicomisos ya existentes con capacidad para celebrar estos contratos” y, en el artículo 9, se limitó la facultad “de ceder totalmente o parcialmente el contrato a terceros”.

Al respecto, se dispuso que “previo a la cesión se deberá requerir dictamen de la autoridad” competente y, a pedido del Bloque Justicialista, se incluyó la exigencia de contar un dictamen de la Procuración del Tesoro sobre los riesgos que asume el Estado Nacional.

En el caso de subcontrataciones, el dictamen de mayoría fijó “un control más estricto” y marcó que en situaciones de disputas de índole técnica o patrimonial se deberá recurrir a universidades nacionales y extranjeras de acreditada idoneidad.

Las comisiones de Legislación General y de Presupuesto de la Cámara de Diputados emitieron hoy dictamen a favor del proyecto para regular los contratos de Participación Público-Privada (PPP), cuyo tratamiento fracasó en el recinto la semana pasada.

El nuevo texto que fue aprobado con cambios, entre otros para ampliar el espacio a la industria nacional y PYMES, será puesto mañana de nuevo a consideración de la Cámara, en la sesión especial que el oficialismo impulsa para tratar también el Presupuesto 2017 y la reducción gradual de los llamados “superpoderes” de la jefatura de Gabinete para mover partidas presupuestarias.

Los cambios fueron acordados por el interbloque de Cambiemos con el Frente Renovador y el Bloque Justicialista, en tanto que desde el Frente para la Victoria-PJ se rechazó el proyecto y se señaló que los cambios hechos al texto son “insuficientes y cosméticos” e implica cuestiones “de gravedad institucional”, dijo Adrián Grana (FPV-PJ).

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El ex ministro de Economía kirchnerista, Axel Kicillof (FPV-PJ), advirtió que en la propuesta “lo que estamos diciendo es que a partir de ahora la obra pública va a eludir el derecho administrativo argentino” y aseguró que el texto “es garantista de la rentabilidad privada”.

Desde la oposición “amigable” con Cambiemos, José Ignacio de Mendiguren (FR) pidió después de celebrar una reunión con miembros de la conducción de la CGT que el proyecto haga “una reserva del mercado” a favor de la industria local y que “la participación del sector nacional se amplíe como mínimo a un tercio de lo que se está licitando”.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), aceptó el reclamo de subir el 25 por ciento original y destacó que dada la “preocupación que nos trasmitiera la cúpula de la CGT” el proyecto incluiría “un piso de un tercio de componente nacional” en los contratos de PPP.

Sin embargo, luego la kirchnerista Carolina Gaillard indicó que miembros de la CGT le habían transmitido que la central obrera solicitó que la integración nacional fuera del 50 por ciento en los contratos de PPP.
Además, el dictamen de mayoría dispuso que el régimen para las contrataciones de PPP estará sujeto a las leyes de Administración Financiera y de Equilibrio Fiscal.

Se informó que el oficialismo acordó también con las fracciones del peronismo no K que el Poder Ejecutivo “podrá recurrir a fideicomisos ya existentes con capacidad para celebrar estos contratos” y, en el artículo 9, se limitó la facultad “de ceder totalmente o parcialmente el contrato a terceros”.

Al respecto, se dispuso que “previo a la cesión se deberá requerir dictamen de la autoridad” competente y, a pedido del Bloque Justicialista, se incluyó la exigencia de contar un dictamen de la Procuración del Tesoro sobre los riesgos que asume el Estado Nacional.

En el caso de subcontrataciones, el dictamen de mayoría fijó “un control más estricto” y marcó que en situaciones de disputas de índole técnica o patrimonial se deberá recurrir a universidades nacionales y extranjeras de acreditada idoneidad.

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Sobre la selección del contratista, en el artículo 12 determina que la autoridad convocante deberá marcar “con claridad las condiciones para la elaboración de las ofertas” y “en los procedimientos de selección se deberá promover el fomento de la industria y el trabajo nacional”.

En el artículo 13, además, se incorporó en el dictamen que previo al llamado a licitación se deberá justificar “por qué es mejor” un contrato de PPP y tendrá que contener una evaluación del impacto que tendrá el proyecto en la competitividad nacional y regional y en la generación de empleo.

En caso de paridad de ofertas, se dispuso tendrán que ser consideradas pautas comparativas a favor de empresas nacionales para dar ventaja a las PYMES locales.

Por último, como cláusula transitoria que fijó para el ejercicio 2017 un tope del 5 por ciento del Presupuesto que se podrá destinar para contratos de PPP.

Sobre la selección del contratista, en el artículo 12 determina que la autoridad convocante deberá marcar “con claridad las condiciones para la elaboración de las ofertas” y “en los procedimientos de selección se deberá promover el fomento de la industria y el trabajo nacional”.

En el artículo 13, además, se incorporó en el dictamen que previo al llamado a licitación se deberá justificar “por qué es mejor” un contrato de PPP y tendrá que contener una evaluación del impacto que tendrá el proyecto en la competitividad nacional y regional y en la generación de empleo.

En caso de paridad de ofertas, se dispuso tendrán que ser consideradas pautas comparativas a favor de empresas nacionales para dar ventaja a las PYMES locales.

Por último, como cláusula transitoria que fijó para el ejercicio 2017 un tope del 5 por ciento del Presupuesto que se podrá destinar para contratos de PPP.

DyN

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