Congreso

Diputados: kirchnerismo y massismo unidos y los problemas del Gobierno para sacar leyes

Desde Cambiemos crecen las dificultades respecto a la aprobación del presupuesto y de la reforma política

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El oficialismo cerró su semana más difícil en el Congreso, ya que el martes naufragó el proyecto para remover a la procuradora Alejandra Gils Carbó de su cargo y el miércoles no pudo dar media sanción a la inicitativa que habilitaba la participación público-privada en grandes obras de infraestructura.

Además, fracasó en emitir dictamen del presupuesto 2017 y en el Senado el peronismo no le da garantías sobre la reforma electoral.

Para concluir, en los próximos días toda la oposición impulsará una ley de emergencia social, con un impacto fiscal de 50.000 millones de pesos.

En el bloque de Cambiemos es minoría en ambas cámaras y esa vulnerabilidad los hace depender en particular del peronismo no kirchnerista.

A medida que se acerca el cronograma electoral, las negociaciones se hacen más complejas, pero los oficialistas muestran optimismo y estiman que pasado mañana habrá acuerdo para dar dictamen al presupuesto 2017 y al proyecto que limita el uso de los superpoderes presupuestarios.

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El Gobierno propone acotar su uso al 10 por ciento del total del gasto en 2017 y al peronismo no kirchnerista este tope le parece excesivo y reclaman reducirlo al 5% anual.

Según el informe de La Nación, desde el oficialismo dijeron: “Vamos a bajar el porcentaje, no tanto, pero queremos llegar a un acuerdo”.

El punto central del conflicto por el presupuesto del año próximo es la caja de las provincias. Los gobernadores pretenden asegurarse fondos extracoparticipables tanto para las provincias como para los municipios.

Reclaman unos 12.000 millones de pesos que nutren parte del fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), además de una nueva refinanciación de sus deudas y el pago de los pasivos por las cajas previsionales no transferidas a la Nación.

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El proyecto de participación público-privada es clave para el Gobierno, tuvo media sanción del Senado, pero la oposición en la Cámara baja lo desestimó por considerar que significaba una virtual entrega de la obra pública al capital privado.

Se incorporaron más de un centenar de modificaciones, pero aun así el Frente Renovador y el kirchnerismo votaron el miércoles pasado su regreso a comisión.

Otro proyecto estancado es la reforma del Ministerio Público, concebida por la Casa Rosada para acotar el mandato y el poder de Gils Carbó, cercana al kirchnerismo.

El texto final se acordó entre Cambiemos y la diputada Graciela Camaño, del Frente Renovador, quien a cambio se garantizó importantes facultades para la comisión creada para monitorear al organismo, que ella preside.

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Las críticas de Carrió, quien calificó de inconstitucional el acuerdo provocó heridas en la relación con el Frente Renovador y malestar interno en Cambiemos.

Otra iniciativa de destino dudoso es la reforma electoral, en manos ahora de la mayoría peronista del Senado, por lo que el Gobierno teme no llegar a implementar la boleta única electrónica en todo el país para las elecciones del año que viene.

Por último, la oposición aceleró los contactos para impulsar la emergencia social, en debate en el Senado, que propone que el Estado cree un millón de puestos de trabajo cooperativos e implemente un “salario social complementario” destinado a los trabajadores de la “economía popular”.

El oficialismo teme que se reedite el mismo clima político de la ley antidespidos, que Macri se vio obligado a vetar.

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