Política

Embargo multimillonario en Bolivia a Electroingeniería por una obra que rescindió Evo

Luego del cambio de gobierno, la empresa que se codeaba con el kirchnerismo ahora enfrenta una situación compleja, patrimonio en baja y licitaciones canceladas

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A los problemas de caja que viene arrastrando por la decisión de Macri de demorar el reinicio de las obras de la represas santacruceñas, Electroingeniería (la empresa cordobesa identificada con el kirchnerismo que manejan Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta) sumo en estos días otra seria complicación financiera que tiene su origen en una medida del gobierno de Evo Morales.

Electroingeniería se vio afectada por un embargo preventivo de casi 111 millones de pesos que dispuso el Juzgado Civil y Comercial 48 de Córdoba ante una presentación efectuada por Zurich Insurance Company LTD, la reasegurada internacional de una obra vial en el Altiplano que la administración del presidente boliviano le había rescindido a la compañía cordobesa.

Aprovechando la buena relación política que existía en ese momento entre los gobiernos de Buenos Aires y La Paz, a principios de 2010 la empresa decidió expandir sus negocios como contratista de obras públicas a Bolivia.

Asociada con cuatro empresas bolivianas, armó y lideró el consorcio Ar.Bol. que terminó ganando un contrato por 250 millones de dólares para construir la carretera “Santa Bárbara-Caranavi-Río Alto Beni-Quiquibey”.

Luego de varios reclamos cruzados que llevaron a la paralización de los trabajos, en enero de este año la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) decidió rescindir el contrato de la obra y dar inicio a la ejecución de las pólizas y garantías que Ar.Bol. había contratado con las firmas Credinform International SA, La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA y Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros.

Tras la caída del contrato, Electroingeniería procedió a impugnar y rechazar la medida primero ante la ABC y luego ante la Corte Suprema de Justicia con sede en Sucre mediante demanda contencioso administrativa que ya fue admitida y sigue su curso en el máximo tribunal de Bolivia.

Pero ahora la que apareció en escena es la Zurich Insurance Company LTD que en carácter de “reaseguradora internacional” de La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA le solicitó a la Justicia de Córdoba que le embarguen preventivamente a Electroingeniería una suma equivalente a casi 7,2 millones de dólares.

Tras haber concretado la venta de las acciones que tenía en Transener a la estatal Enarsa por una suma de 27 millones de dólares que destinaron a saldar parte de lo adeudado al Banco Macro de Jorge Brito, los dueños de Electroingeniería esperan que el gobierno de Macri comunique oficialmente la reanudación de las obras de las represas de Santa Cruz, según indica el portal Informador Público.

Con ese anuncio, la compañía que integra el consorcio constructor de las usinas hidroeléctricas junto con el grupo chino Gezhouba, tiene que cobrar un pago de 120 millones de pesos correspondientes a los estudios técnicos, trabajos preliminares y compras de materiales que se habían concretado a fines de 2015 y en los primeros meses de 2016.

Tras haber cuestionado el proyecto y luego de seis meses de análisis y negociaciones, el gobierno macrista decidió redefinir los alcances de las obras e introducir una serie de cambios para morigerar el impacto ambiental.

El acuerdo firmado en mayo prevé reducir la cantidad de turbinas de 11 a 8 para acotar las erosiones y los movimientos de caudales y eliminar el riesgo de que se vean afectados tanto el Lago Argentino, como la zona de los glaciares.

Los cambios acordados provocarán una baja del 20% en el costo total de las usinas que trepaba inicialmente a casi 5.000 millones de dólares. Con esa diferencia de 1.000 millones de dólares que quedará disponible, se cubrirá el costo de la línea de alta tensión que necesitan las usinas para poder conectarse al sistema eléctrico nacional y que no estaba programada en el proyecto original.

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