Crisis en Venezuela

Venezuela en dictadura: Maduro decretó el presupuesto 2017, sin aprobación del Congreso

“Aquí está el presupuesto y la ley de endeudamiento. Cúmplase”, declaró luego que el Tribunal Supremo de Justicia le quitara a la Asamblea Nacional la facultad de estudiar el texto

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó este viernes por decreto el presupuesto nacional para 2017, pasando por alto al Parlamento, de mayoría opositora.

Esta decisión inédita hace temer una profundización de la crisis económica y política en el país petrolero.

“Aquí está el presupuesto de 2017 y la ley de endeudamiento. Cúmplase. Pido el apoyo del pueblo, de la unión cívico-militar, de la calle”, afirmó al firmar el decreto en un acto en las afueras del Panteón Nacional en Caracas, donde está sepultado el libertador Simón Bolívar.

Ante cientos de sus seguidores, el presidente socialista explicó que fue autorizado a emitir el decreto hace dos días por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que le quitó esa facultad constitucional al Parlamento.

Maduro justificó el decreto al asegurar que en Venezuela “no hay una Asamblea Nacional”, sino un “foro político que funciona en desacato”, y que necesita el presupuesto, de 8,4 billones de bolívares (12.847 millones de dólares a la tasa oficial más alta), para la inversión social.

Acompañado por grupos de chavistas, el vicepresidente Aristóbulo Istúriz llevó el documento firmado a la sede de la Sala Constitucional del TSJ, al que la oposición acusa de servir al Gobierno.

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“Esto es un presupuesto de facto, paralelo. La Sala asume la función que sólo puede ejercer quien representa al pueblo o sea, la Asamblea”, que debe ejercer el control de las finanzas, dijo a la agencia AFP el constitucionalista José Ignacio Hernández.

El TSJ argumentó su decisión en que el Parlamento está en desacato por haber juramentado a tres diputados opositores cuya elección está suspendida por una acusación de fraude hecha por el chavismo, aún no resuelta.

Se trata de un nuevo choque del profundo conflicto de poderes en que está empantanado el país desde que hace diez meses la oposición asumió, por primera vez en 17 años de hegemonía chavista, el control de la Asamblea Nacional.

Aunque la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tiene amplia mayoría, el TSJ ha bloqueado todas las iniciativas del Parlamento y ha anulado sus decisiones.

El desplome de los precios del petróleo afecta los ingresos fiscales y la disponibilidad de divisas de Venezuela, el 96% de las cuales depende de la venta del crudo. Aun así, precisó Maduro, el 83% del presupuesto se financiará de los impuestos y sólo un 17% de los hidrocarburos.

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La crisis, que el Gobierno atribuye también a una “guerra económica” del sector privado, se refleja en una grave escasez de alimentos y medicinas, en una inflación y contracción económica que el FMI proyecta en 450% y 10%, respectivamente, para 2016.

La oposición culpa al Gobierno de la crisis, por lo que impulsa un referendo revocatorio del mandato de Maduro, elegido en 2013 tras la muerte de su mentor, Hugo Chávez, para un período que concluye en enero de 2019.

Con el objetivo de que el referendo sea este año para que haya elecciones anticipadas, la MUD buscará recolectar, del 26 al 28 de octubre, los cuatro millones de firmas que necesita para que el Poder Electoral, al que también acusa de estar controlado por el Gobierno, convoque a la consulta.

“A Maduro no lo tumba nadie, menos estos oligarcas”, aseguró el mandatario socialista, entre la ovación de sus seguidores, y prometió una mejoría económica.

El presupuesto, el 73,6% del cual será dedicado a la inversión social, fue calculado con un precio promedio de 30 dólares el barril de petróleo, que Maduro estimó moderado y bajo, aunque dijo confiar en que habrá una recuperación.

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La percepción de debilidad financiera de Venezuela ha llevado al Gobierno a traspasar divisas de fondos extrapresupuestarios a las reservas internacionales, que cuentan con 11.850 millones de dólares a octubre.

La Academia Nacional de Ciencias Económicas alertó ante lo que consideró un “atentado contra el orden constitucional en un área tan relevante para el buen funcionamiento de la economía y de su institucionalidad democrática”.

“Las instituciones y el marco legal que nos rige no pueden estar supeditados a objetivos político-partidistas circunstanciales”, subrayó en un comunicado.

El analista económico Jesús Casique señaló a la AFP que esto generará inseguridad jurídica e inestabilidad, lo que afectará la imagen del país en los mercados internacionales. “Va a afectar el nivel de riesgo país de Venezuela, que es de los más altos del mundo”, apuntó.

El opositor José Guerra, presidente de la comisión de Finanzas del Legislativo, tachó de “aberración” la decisión del TSJ y advirtió del impacto negativo, pues los bancos internacionales se abstendrán de aprobar préstamos al país.

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