Causa Los Sauces

Stolbizer pidió embargar y decomisar bienes de Cristina por el caso Los Sauces

La diputada nacional del GEN amplió su denuncia y solicitó que investigue a la ex Presidenta y a Lázaro Báez por “cohecho y malversación de los caudales públicos"

Stolbizer

Margarita Stolbizer presentó en el juzgado del juez federal Claudio Bonadio una ampliación de su denuncia por el caso Los Sauces, en el que solicitó que se investigue a Cristina Fernández de Kirchner y a Lázaro Báez por los delitos de cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público; malversación de caudales públicos; y negociaciones incompatibles con la función pública.

La diputada nacional por el GEN también pidió que se disponga el “embargo preventivo” y el “decomiso” de los bienes de la ex presidenta.

“Sobre el momento de adoptarse las medidas cautelares para asegurar el decomiso, el juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente puedan recaer”, aseguró Stolbizer.

El escrito que presentó Stolbizer junto a la abogada Silvina Martínez cuestiona la construcción por parte de Báez -a través de Austral Construcciones SA- de la ampliación del Hotel Los Sauces de propiedad de la familia Kirchner, “sin recibir la correspondiente contraprestación por una obra de considerable magnitud. Los fondos que se utilizaron estaban asignados a diferentes obras públicas en la provincia de Santa Cruz pero se usaron para el Hotel de la presidenta de la Nación”.

Para la diputada “se intentó simular un presunto acuerdo comercial y la entrega de un inmueble como pago por las obras, aunque en realidad, tal inmueble nunca se entregó y la obra se solventó únicamente con fondos que debían ser destinados a otros fines”.

En la denuncia también detalló que el proceso cuestionado es la existencia de un sobreprecio en la obra pública adjudicada por parte del estado a las empresas de Lázaro Báez, y esta circunstancia solo se entiende en la medida que este “excedente de dinero se divida entre empresario y funcionario, beneficiándose ambos”.

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