Política

Gasto político: fuerte incremento en el presupuesto para las elecciones de 2017

Será mucho más elevado que en comicios anteriores si, como pretende el oficialismo, la Boleta Única Electrónica (BUE) se instrumenta en todo el país

A un año de las elecciones legislativas de 2017 nadie -ni el propio Gobierno- se atreve a anticipar con cierto grado de certeza a cuánto ascenderá el gasto electoral.

Lo único seguro es que será mucho más elevado que en comicios anteriores si, como pretende el oficialismo, la Boleta Única Electrónica (BUE) se instrumenta en todo el país.

Según detalla el diario La Nación, de ser así, el costo electoral tendrá un piso de casi $ 6000 millones -un 48% más que en 2015- y podría trepar, con la incorporación de la tecnología, a unos $ 9000 millones.

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Las elecciones presidenciales de 2015, que se realizaron con la tradicional boleta sábana, tuvieron un costo global de $ 4039 millones, según precisó Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior.

El proyecto de ley de presupuesto 2017,en debate en la Cámara de Diputados, prevé elevar ese monto -previsto en la partida “Ejecución de actos electorales” de la cartera de Interior- a $ 5988 millones para los próximos comicios, es decir un 48,2% superior respecto de 2015, sin considerar aún el gasto que le demandaría al Estado la compra de las máquinas para instrumentar la BUE.

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Esto último, siempre y cuando el Congreso apruebe la ley de reforma electoral, que obtuvo dictamen favorable la semana pasada en la Cámara de Diputados.

En resumidas cuentas, el costo de las elecciones de 2017 partirá de un piso de casi $ 6000 millones, que incluye seguridad electoral, la logística electoral, la impresión de padrones, el aporte estatal para la impresión de boletas y el pago a las autoridades de mesa, entre otros rubros.

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El presupuesto 2017 sólo revela algunos de los costos que demandará la elección del año próximo, pero nadie conoce a ciencia cierta cuánto erogará el Estado con la introducción de la BUE.

Según trascendió, el Gobierno no tiene previsto alquilar el servicio completo de voto y de escrutinio (como hizo Salta, por ejemplo) y prevé comprar las máquinas y el software, previa licitación pública.

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