Pobreza

Modelo agotado: sube el asistencialismo y crece la pobreza en la Argentina

El porcentaje de población que recibe algún tipo de ayuda se incrementó 7,5%, pero al mismo tiempo subió 4% la cifra de pobres

pobreza

La difusión de los datos de pobreza e indigencia dados a conocer por el actual Gobierno volvió a poner el tema entre las principales preocupaciones de la política actual.

Además de darnos un baño de realidad a los argentinos, la pobreza en 32% luego de años de políticas asistencialistas, da por sentado que la misma tiene un límite, y que, pasado ese límite, lo que se obtiene como resultado es más y más pobreza.

Los números marcan que mientras el porcentaje de población asistida vía planes sociales creció 7,5% en los últimos cinco años, la pobreza también aumentó, de 28,2% (según el indicador de la UCA) al 32,2%.

El aumento de la cantidad de personas alcanzadas por planes sociales surge de un estudio del Barómetro Social del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que dirige Agustín Salvia.

A fines de 2015, el punto de llegada del informe, 3 de cada 10 hogares de los principales centros urbanos del país eran receptores de alguna política social de empleo, transferencia de ingresos o habían sido beneficiados por programas de asistencia alimentaria directa.

El número resulta incluso mayor si se considera en términos de población: al final del quinquenio, casi 15 millones de personas -39,4% de la población urbana total del país- vivía en hogares receptores de programas sociales.

La progresión elaborada por la UCA indica que, entre 2010 y 2015, la cantidad de personas alcanzadas por las distintas formas de asistencia social a nivel nacional pasó de 12.039.060 al principio del período a 14.859.560 el año pasado. En cinco años el universo de beneficiarios sumó casi tres millones de personas (2.830.500).

Según el estudio de la UCA, en 2015 la ayuda social llegó a 6 de cada 10 hogares en situación de pobreza. Es decir que, pese a la creciente contención estatal, 4 de cada 10 permanecieron excluidos del radar del Estado.

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