Judicales

Gustavo Vera y Julio Piumato a indagatoria por malversación en escandalosa causa

Quedó al descubierto una operatoria denunciada desde hace tiempo en la que el titular de La Alameda recibe depósitos judiciales

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A principios de septiembre, Gustavo Vera, legislador porteño y titular de La Alameda, y Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT y secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, fueron convocados a prestar declaración indagatoria en una causa por Malversación de Caudales Públicos que tramita el juez Claudio Bonadío.

El llamado fue postergado por pedido de los imputados y con la promesa de resolver las cuestiones que los llevaron a esa situación las agravaron y les valió una nueva denuncia judicial.

Vera y Piumato se asociaron en diciembre del año pasado para apropiarse de maquinarias y materiales de un empresario textil de origen boliviano mediante una sofisticada operación.

Mediante una investigación de oficio, un suboficial de la Policía Federal denunció a fines del año 2015 ante el Juez Ariel Lijo, la existencia de un local comercial que vendía camisetas de fútbol apócrifas. El propio juez, sin el impulso del fiscal, ordenó la investigación. Ese suboficial aparecería en varias presentaciones similares.

Esas tareas ordenadas por el juez Lijo, según consta en el expediente, consistieron únicamente en preguntar en el local a quién se las habían comprado, individualizándose de esa manera al empresario textil Mamani Chinche y su señora, quienes sin más terminan detenidos.

Los talleristas no se dedicaban a la fabricación de camisetas sino de pantalones de jean, según está certificado en la propia acta del allanamiento.

A Mamani Chinche y su esposa los aprehenden el 30 de noviembre de 2015 y luego de ser indagados son liberados cuatro días después. Pero en ese corto lapso de tiempo Lijo, a instancias del fiscal Delgado, entregó todo lo que había en su fábrica a Vera y Piumato.

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Gustavo Vera y Julio Piumato, se presentaron ante el juez Lijo y le solicitaron la entrega de esas maquinarias, todos los materiales, telas y demás, en custodia.

Para poder acceder a esos elementos, presentaron como garantías depositarias a la Asociación La Alameda y a la secretaría de Derechos Humanos de la CGT, de la que Piumato es su titular. En el contrato de comodato ingresan a la Asociación Hogar de Cristo Gaucho Antonio Gil a nombre de Marcos Cristian Liberatore.

Liberatore, quien se presenta como acompañante terapéutico, es amigo personal de Gustavo Vera y es el que recibe las donaciones del sueldo de legislador papal como da cuenta el propio sitio de “La Alameda”.

En el contrato de comodato firmado por Piumato y Vera con Liberatone, en marzo de 2016, consta la entrega de siete máquinas, mientras que en el acta de depósito judicial se registran 18. Es decir, se “perdieron” en el camino once de ellas.

Además no aparece en ningún documento el stock de mercadería que le sacan a Mamani Chinche y que Lijo les entrega: varios rollos de tela de jean azul y más de dos mil pantalones ya confeccionados valuados en casi medio millón de pesos.

Los talleristas que se encontraban procesados desde diciembre de 2015 lograron que en abril de 2016 la Cámara Federal declare la nulidad de todo lo actuado y el apartamiento de Lijo y Delgado de la causa.

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Según el abogado defensor de los talleristas, Alejandro Kim, “la determinación de la Cámara demuestra a todas luces la falta de fundamentos y los groseros errores cometidos por el juez”.

La causa llega por sorteo a manos de Marcelo Martínez de Giorgi en el Juzgado Nº 8 que dispone la falta de mérito de los dos imputados e intima a Piumato y Vera a reintegrar la totalidad de las maquinarias, telas y otros materiales que habían sacado del taller de los Mamani Chinche.

El legislador porteño y el gremialista de judiciales se negaron a devolver los objetos por lo que los damnificados iniciaron la denuncia por Malversación de Caudales contra Vera y Piumato.

Esa causa la recibe el juez Claudio Bonadio, con la intervención del fiscal Carlos Rívolo, quien ordena tasar los bienes sustraídos e ilegalmente retenidos.

A medida que pasa el tiempo y como los materiales no son devueltos, Rívolo llama a declaración indagatoria a los imputados Vera y Piumato para mediados de este mes de septiembre pero piden una prórroga que les es otorgada.

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La totalidad de las máquinas y mercadería sigue sin aparecer y se estima que sólo en prendas y telas la estafa se elevaría a medio millón de pesos y en cuanto a las máquinas a varios millones de dólares.

El abogado Alejandro Kim, a medida que avanzaba esta causa, recibió “a varios empresarios y talleristas de las comunidades boliviana y coreana que confirmaron haber sido víctimas de la misma metodología en las que Gustavo Vera, siempre con la intervención del fiscal Delgado y el juez Lijo, procedía a realizar o impulsar rápidas investigaciones sobre denuncias de oficio con información suministrada por el mismo Vera”.

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Talleristas perjudicados en acciones similares sostienen que esto ocurría con la finalidad de, por un lado “eliminar competencia” y por otra parte “apropiarse de maquinarias y materiales de confección de prendas que luego eran volcadas al mercado formal e informal”.

También pidieron que se investigue cómo se iniciaban las causas ya que los nombres de algunos policías de la Federal se repiten en la denuncia de origen que luego devienen en las causas.

En la última semana y cuando ya no se podía seguir demorando la llamada a indagatoria, Vera y Piumato se allanaron a la devolución de la maquinaria. No incluyeron las prendas, valuadas en más de medio millón de pesos ni las telas en rollos. Ofrecieron bultos de telas sucias, húmedas que no eran las incautadas, según consta en el acta de Gendarmería Nacional.

Aquí también se configuró un nuevo delito que fue denunciado penalmente el lunes pasado ya que no devolvieron las maquinas secuestradas sino material de rezago inservible y la mayoría con los números de serie limados.

Se supo además, sobre la presión que ha sufrido el juez Bonadío por parte de “la gran familia judicial”por frenar la causa, cosa que no ha ocurrido.

Fuente: Hora 22

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