Lázaro Baez

Alto vaciamiento: la Justicia intervino Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Baez

Austral Construcciones, principal beneficiaria de la obra pública vial nacional en la provincia de Santa Cruz, ya contaba con veedores informantes dispuestos por el juez federal Sebastián Casanello, pero ahora tendrá un interventor con facultades de decisión sobre la firma

RIO GALLEGOS. SANTA CRUZ.  EL EMPRESARIO LAZARO BAEZ  SE RETIRA DEL HOTEL PATAGONIA DONDE BRINDO UNA CONFERENCIA DE PRENSA.

A pedido de la Inspección General de Justicia, la sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dispuso este martes la intervención de la empresa Austral Construcciones.

La intervención de la firma de Lázaro Báez fue dispuesta en el grado de “coadministración” por los jueces Eduardo Machin, Julia Villanueva y Juan Garibotto, y quedará a cargo de un perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “especializado en casos de corrupción y delitos contra la administración pública”, según lo recomendado al juez de primera instancia, Alberto Aleman.

“La intervención será dispuesta en grado de coadministración, aclarándose que no podrá llevarse a cabo ninguna decisión orgánica sin contar con la conformidad del interventor designado”, sostuvieron los camaristas.

El interventor “deberá proceder en forma urgente a auditar e investigar en profundidad todos los aspectos de la sociedad de marras (Austral Construcciones) realizando las gestiones necesarias aquí o en otras jurisdicciones a efectos de recabar todos los datos que permitan esclarecer los hechos que deben ser investigados”.

Además, tendrá que informar sobre los socios (internos -directos o indirectos- y externos) y obtener información de todas las personas que hayan actuado por ella o para ella.

El interventor que se designe podrá “requerir, en su caso, las medidas judiciales necesarias para investigar las cuentas que esos sujetos tengan en la República o en el extranjero, brindando, asimismo, toda información que estime relevante a estos efectos”.

La IGJ acudió a la Justicia por la falta de presentación de balances de Austral desde 2012 hasta la actualidad, asi como de la nómina de sus autoridades, y ante el temor de un desmembramiento societario como consecuencia de las graves acusaciones de corrupción que rodean a la firma creada y extinguida durante el kirchnerismo.

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