Política

Acusan a “Caballo” Suárez de sobornar a Kunkel y su esposa con autos cero kilómetro

El acusado de ser jefe y organizador de una asociación ilícita, había dispuesto en su paso por el Sindicato de Obrero Marítimos Unidos que dos coches de esa organización se pusieran al servicio del diputado kirchnerista

miércoles 14 de septiembre de 2016 - 4:57 pm

El sindicalista detenido, Omar “Caballo” Suárez, había dispuesto en sus tiempos al mando del Sindicato de Obrero Marítimos Unidos (SOMU) que dos autos de esa organización se pusieran al servicio del diputado kirchnerista Carlos Kunkel y su esposa, la senadora bonaerense (MC) Cristina Fioramonti.

Según consignó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, el Somu “facilitó” a Kunkel el uso de dos vehículos propiedad del sindicato, un Ford Kuga y un Volkswagen Passat.

“Así también el SOMU para enero de 2016 abonó los gastos particulares y seguro del auto particular del dirigente del gremio Antonio Lado Paris y por otro lado pagaba la póliza de seguro del rodado del delegado de Corrientes, Juan Nicolás Fuentes, con un costo mensual de $4.200.

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También Kunkel y su esposa, ex jefa del bloque de senadores bonaerenses hasta diciembre pasado, utilizaban como propios los rodados Ford Kuga (patente LZW-034) y Volkswagen Passat (Dominio LMJ-534)”, dio por probado el magistrado.

El sindicato pagaba los “gastos de seguro, patente y mantenimiento” de esos vehículos “con dinero aportado por los afiliados”.

Al ser indagado en el juzgado, Suárez, quien está procesado como jefe y organizador de una asociación ilícita que extorsionaba empresas, se negó a responder preguntas y entregó un escrito de descargo en el que afirmó que los vehículos usados por Kunkel y su esposa “eran utilizados para fines sociales y por eso el sindicato abonaba el seguro y la patente, sin aportar ningún contrato al respecto”.

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En el caso del Ford Kuga, el vehículo “posee tarjeta azul a favor del diputado Carlos Kunkel”, recordó Canicoba.

A Suárez también se lo procesó por otros hechos de defraudación como adulteración del padrón de afiliados a la obra social en distintas seccionales, como la Ciudad de Buenos Aires, San Fernando, Gran Buenos Aires, Ensenada y Mar del Plata con un perjuicio calculado en 1.800.000 pesos mensuales.

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