Política

Antonio Caló en Problemas: ¿el próximo gremialista preso?

El ex jefe de sector de legales de la UOM aseguró que Antonio Caló y otros dirigentes participaron en una estafa de más de un millón de dólares con los aportes de los metalúrgicos

anotnio calo

Con Omar “Caballo” Suárez detenido por presunto lavado de dinero y extorsión, la próxima parada de la Justicia será la oficina de Antonio Caló, el histórico secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

El ex integrante de la conducción de la CGT está imputado por lavado de dinero en el marco de una causa en la que se lo investiga por irregularidades en la administración de los fondos recaudados por seguros de vida y sepelios de los afiliados del gremio.

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Según informó Juan Sanz para Infobae, la fiscal en lo penal económico Gabriela Ruiz Morales imputó al gremialista y pidió su inhibición de bienes ante el juez Pablo Yadarola, a quien la representante del Ministerio Público solicitó una investigación sobre u$s 20 mil mensuales (el 20% de la recaudación de aportes de los metalúrgicos) que los sindicalistas cobraron entre 1987 y 2008.

En marzo último, Yadarola, titular del Juzgado Federal en lo Penal Económico Nro. 2, ordenó una pericia contable a los libros del Instituto del Seguro -secuestrados en uno de los tantos allanamientos- para detectar irregularidades. El plazo se cumple este mes y Yadarola espera que en estas semanas llegue el informe.

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El magistrado quiere determinar la variación del patrimonio del Instituto desde 1987 a 2014, ingresos y egresos, disposiciones líquidas en moneda nacional y extranjera y los depósitos que recibió de la UOM por seguro de vida y sepelios. Ese Instituto, dependiente de la conducción del gremio, es quien administraba los fondos investigados. La Justicia quiere saber si, efectivamente, se dispararon partidas a 23 dirigentes del gremio.

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A Caló lo complicó un arrepentido: el ex jefe de sector de legales de la UOM, Segundo Pantaleón Córdoba admitió haber participado de la defraudación en el juicio abreviado por el que fue condenado en 2015 a un año y nueve meses de prisión tras ser detenido en la terminal de Buquebus cuando trataba de llevarse 800.000 dólares al Uruguay.

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