Corrupción K

Corrupción en el OCCOVI: Calcaterra en la mira del Juez Casanello

Se debe al avance de la investigación judicial que lleva adelante por el presunto enriquecimiento ilícito del ex titular del ente de control vial, Gustavo Gentili

ÁNGELO-CALCATERRA

Desde la semana pasada, en la plana mayor de la empresa Iecsa, la constructora que maneja Angelo Calcaterra, el primo hermano del presidente Mauricio Macri, se vive un clima de preocupación.

La inquietud que afecta también al gerente general, Javier Sánchez Caballero, se debe al avance de la investigación judicial que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello por el presunto enriquecimiento ilícito del ex titular del ente de control vial, Gustavo Gentili.

Federico Delgado, el fiscal que interviene en la causa contra el ex administrador kirchnerista del Órgano Controlador de las Concesiones Viales (Occovi), podría citar a declarar a los ejecutivos de Iecsa para que expliquen por qué tuvieron contratada como asesora por cinco años a la esposa de Gentili, Laura Andino.

Estando al frente del Occovi, Gentili (que según la investigación de los Panamá Papers sería el titular de la sociedad off shore Rocma Equities Corp., de las Islas Vírgenes Británicas y de una cuenta bancaria en el Royal Trust Bank de Ginebra) nombró a su esposa como “interventora” de Autopistas del Sol (Ausol), la concesionaria privada del acceso Norte.

Además, entre 2010 y 2015, Andino prestó sus servicios de “consultoría y asesoramiento” a la empresa de Calcaterra que estaba bajo el control y la supervisión de Gentili por ser una de las ocho concesionarias de las rutas nacionales con peaje, según detalla el sitio Informador Público.

El fiscal y el juez Casanello quieren conocer los detalles de esa contratación y los montos pagados a la esposa del ex titular del ente regulador vial.

Esta constructora integra la lista de las que más fueron beneficiadas con adjudicaciones de obras públicas durante la administración kirchnerista.

En los pasillos de tribunales consideran que la contratación de Andino se trató de una devolución de favores a Gentili por no haberle aplicado todas las multas y penalidades que correspondían por la falta de inversiones y los atrasos en las obras detectados en los 1.335 kilómetros del corredor vial número 5 a cargo de Iecsa.

Entre otros requerimientos, el magistrado solicitó información a la Afip, la Unidad Antilavado, la Caja de Valores, el Veraz, los registros inmobiliario y automotor, la IGJ y la Superintendencia de Seguros.

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