Judiciales

¿Puede ir presa? Las claves que explican la grave acusasión de los fiscales contra CFK

El dictamen habla de un "plan criminal" orquestado desde la cúpula del Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son los puntos más relevantes del requerimiento?

¿Cristina Kirchner puede ir presa? Luego de analizar 49 obras públicas viales, los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que la ex presidenta sea llamada a prestar declaración indagatoria por el supuesto montaje de una estructura para favorecer al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de obra pública durante su gobierno.

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Según detalla el diario Perfil, la acusación se refiere a la construcción de rutas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que estuvo monopolizada por Austral Construcciones y sus empresas satélites.

A continuación, te contamos los puntos más relevantes del requerimiento de la fiscalía:

1) El delito. A los acusados se les imputa el delito de “defraudación contra la administración pública” y “negociaciones incompatibles con la función pública.

2) Una banda. Además de Cristina Kirchner, los fiscales piden la indagatoria de otros 33 acusados por la adjudicación irregular de obra pública durante el gobierno kirchnerista.

3) ¿Asociación ilícita? Los fiscales admiten que el presente dictamen busca sumarse como elemento de la investigación “orientada a determinar la existencia de una asociación ilícita dirigida desde la más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, en primer término por el ex presidente Néstor Kirchner y luego por su esposa, la ex primer mandataria”

4) La cifra. Según los fiscales, en Santa Cruz “se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia, lo que representó contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de 16 mil millones de pesos”.

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5) La palabra resaltada. En el texto se subrayó la palabra “decisión”, cuando se señala que la maniobras de redireccionamiento de fondos públicos fue una “decisión” de Néstor Kirchner “días antes de su asunción”.

6) Metodología: 4 pilares. El dictamen sostiene que “la maniobra de adjudicación irregular de la millonaria obra pública investigada fue edificada sobre cuatro pilares”: a) la inmersión inicial del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial.

b) la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional; c) la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz, y d) el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos en favor de Báez, en detrimento de las arcas del Estado.

7) De monotributista amigo a empresario millonario. “El primer eslabón cronológico de la maniobra investigada fue la colocación del amigo personal de la ex familia presidencial al cual buscaba enriquecerse en la industria de la construcción, lo cual aconteció alrededor de dos semanas antes de la asunción del ex presidente Néstor Carlos Kirchner, con fecha 25 de mayo de 2003”.

“Precisamente, cuando los principales periódicos y medios de comunicación del país presagiaban que su contrincante en la segunda ronda electoral se daría de baja del ballotage para evitar la derrota que todas las encuestas aseguraban que ocurriría, el acusado Lázaro Báez —que por aquel entonces era un monotributista— constituyó el día 8 de mayo de 2003 junto con otros dos socios1 la firma Austral Construcciones S.A. mediante el aporte de $3.000, lo que representaba el 25% del capital social de la empresa que apenas ascendía al mínimo legal de $12.000”.

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8) Traslado del modus operandi provincial a nivel nacional. “La instauración de una estructura institucional nueva que fuera funcional en el propósito criminal buscado y la designación de una serie de funcionarios públicos de confianza del ex matrimonio presidencial que los acompañaban desde la intendencia de la ciudad de Río Gallegos y la gobernación de la provincia de Santa Cruz para cubrir los puestos clave en materia de elaboración de la política nacional en obra vial, y de adjudicación, ejecución y control de las obras públicas. Para ello, un día antes de la asunción del ex presidente, a través de la modificación de la Ley de Ministerios, se procedió a la creación de un nuevo órgano dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Planificación Federal, en donde Néstor C. Kircner nombró al Arq. Julio Miguel De Vido —que hasta allí era su Ministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz— como cabeza de un engranaje estable que, con los mismos nombres y durante los doce años, garantizaría el éxito del fin buscado”.

9) La concentración económica de la obra pública. “Ya montada la estructura de funcionarios nacionales que garantizarían los beneficios derivados de la obra pública, la tercera etapa derivó en la selección del territorio en donde se llevaría a cabo, que como dijimos, consistió en la concentración económica de la mayor cantidad de recursos públicos en materia de obra vial en un solo lugar: Santa Cruz, precisamente, la provincia de la que los ex presidentes son oriundos, la que Néstor Kirchner gobernó durante tres mandatos y la que además administran gente de confianza en los últimos 12 años”.

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Y señalan: “Para tomar real dimensión de lo que ello implica, se le destinó a Santa cruz lo que en conjunto se asignó para ocho provincias: La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, San Luis, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Misiones”.

10) El direccionamiento de la adjudicación y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos en favor de Lázaro Báez. “Así, con el amigo personal inmerso en el negocio de la construcción, con la estructura de gente de confianza designada a nivel nacional y provincial y con los fondos concentrados en Santa Cruz, la cuarta etapa consistió en llevar adelante un plan sistemático y permanente para beneficiar a Báez mediante la asignación direccionada de la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz”.

En una de las conclusiones del dictamen, los fiscales consignaron: “La matrizinstrumentada desde los ex presidentes de La Nación hacia los distintos funcionarios públicos destinada a beneficiar —como así ocurrió— al amigo y socio de los ex presidentes, permite tener acreditado la concurrencia de todos y cada uno de los elementos típicos del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, colocando a los agentes estatales en el papel de coautores del tipo bajo estudio”.

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